edición: 2491 , Martes, 19 junio 2018
27/05/2018

Tarifas políticas

Se ha convertido en una costumbre. Forma parte de un grupo de prácticas frecuentes y asentadas en la sociedad, hasta el punto de que ya supera, incluso, a la propia costumbre y se convierte en hábito. Las vicisitudes políticas se diría que están a la orden del día. No son nuevas, siempre han estado ahí. Lo que sucede es que ahora se les dota de dimensión, volumen, talla, peso y además se les asigna una valoración en términos económicos, en cifras, en moneda de curso legal. Tan sólo exhiben un pequeño defecto, una irregularidad: que la factura por los daños que suelen causar no se devenga en términos económicos sino tan sólo de reprobación pública social, lo cual parece poco.

Una suerte de responsabilidad laxa que condena pero que está exenta de devengo o multa. Responsabilidad líquida, que no deja huella en el `Debe´ que ahí está y ahí se queda, sólo para que conste. A la crisis catalana, provocada mucho por unos y menos por otros, pero por todos, se le imputaron costes del orden de los 7.000 millones de euros. A la corrupción de ayer y de hoy se le quieren cargar otros 5.000 millones de euros. Y parece ser que la moción de censura que se mastica en estas horas causará al ya muy exigido PIB un deterioro contable de 4.800 millones de euros. Se miden los impactos de la incertidumbre política en puntos porcentuales -y sus millones correspondientes- en términos de PIB. 

Por si no fuera suficiente, a los motivos políticos de tales pérdidas (más bien perjuicios) los observadores convienen en sumarles también los quebrantos propios de la pérdida bursátil en términos de capitalización, y que, en la sesión del viernes pasado se valoró en unos 10.000 millones de euros. La moción de marras y el ruido e incertidumbre subsiguiente ha provocado una subida de la prima de riesgo de unos 20 puntos que también tiene su traducción en millones, habida cuenta que también acaba impactando en el PIB (0,1%) por valor de 1.165 millones de euros.

A los condenados por corrupción se les aplican penas de cárcel e indemnización correspondiente. Aquí la responsabilidad es pública y nominal y además se materializa en dinero, es tangible y la pagan los condenados, los liantes, es decir, sus responsables. Pero los liantes de los otros líos, políticos en su mayoría, sólo parecen llevar en sus `penas´ sanciones o escarmientos verbales, lo cual parece escaso dado el perjuicio y los efectos negativos en términos económicos. Quedarían de esta forma sin recargo en efectivo, sin moneda, algunas prácticas `alegres´ como una ocasional moción de censura, la subida de los riesgos y los daños y perjuicios que les siguen. Parece como si la práctica política se hubiera convertido en un deporte gratuito para quien la practica y sólo financiado por los espectadores. Y no es justo. Deberían tener su tarifa.

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