edición: 2831 , Miércoles, 23 octubre 2019
12/11/2012

Tasaciones, demora, costas y automatismo del sistema de desahucio, cánceres a resolver por Gobierno y PSOE

Xavier Gil Pecharromán
La situación es extrema. No por culpa de las entidades financieras ni de los deudores de hipotecas a quienes se acusa de haberse endeudado alegremente, sino por un sistema de ejecución de hipotecas que se ha mostrado incapaz de dar respuesta al problema social que la crisis económica, que no tiene paragón alguno con quien compararla, ha generado.

Las tasaciones, los intereses de demora, las costas judiciales y la imposibilidad de escuchar al ejecutado son las principales enfermedades del actual procedimiento.
 
Los jueces, por su parte, mantienen que las tasaciones realizadas en la mayoría de los casos por las propias entidades a través de tasadoras controladas por las instituciones financieras, bien por ostentar la titularidad de las mismas, bien por su influencia sobre las mismas por ser clientes privilegiados.
 
Los intereses de demora, criticados también por registradores y notarios, son la auténtica puntilla para quienes dejan de pagar su hipoteca, puesto que las entidades cuando ejecutan la hipoteca pueden percibir el crédito completo con todos los intereses de demora incluidos, lo que supone en la mayoría de los casos el final de las posibilidades del deudor. Estos intereses suelen ser muy elevados y aunque figuran en el contrato del crédito hipotecario, en la mayoría de los casos los clientes no reparan en ellos hasta que llega el momento de la ejecución hipotecaria. Además, las entidades llevan a cabo la comunicación sobre las cuotas impagadas a los Registros de Morosidad.
 
Los portavoces de las asociaciones de jueces y los decanos de los juzgados, han reiterado sus denuncias de que el banco en ocasiones no ejecuta y espera, no quiere quedarse con el piso en pago, se infla la cuenta de intereses moratorios, finalmente va al proceso inútilmente, porque el banco se queda con la finca, se desperdician las subastas, y el deudor es incapaz de pagar el déficit de ejecución. Además, antes de proceder a la ejecución, las entidades suelen tratar de encontrar una solución para encontrar una solución y poder cobrar la hipoteca. En las ocasiones en que éste acuerdo se logra, la entidad cobra las comisiones por adeudo que estén acordadas en el contrato del crédito hipotecario.
 
El problema de las costas judiciales es que en numerosas ocasiones se calculan sobre el total de la hipoteca y no sólo sobre la cantidad adeuda en el momento del proceso. Además, existe una amplia discusión sobre si deben acumularse o no los impagos reiterados
 
Finalmente, el sistema actual es automático, insensible y rígido. Es un procedimiento donde el deudor no tiene posibilidad de defenderse. Así, se han manifestado no sólo los jueces españoles, sino también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que lo ha declarado incompatible con la legislación comunitaria.
 
La solución dada a través del Código de Buenas Prácticas Bancarias, no ha dado muchos resultados, no por falta de voluntad de las entidades financieras, porque el umbral de admisión es muy bajo, ya que se sitúa en el nivel de exclusión definido en el artículo 3 de la norma y no se ha podido aplicar al resto de las hipotecas.
 
Forzados por las circunstancias sociales, la presión mediática y judicial,  el lunes se reunirán Gobierno Y PSOE para decidir cómo solucionar algunos de estos condicionantes que hacen inviable el actual mecanismo de desahucios.
 
En espera de que los políticos den una solución legislativa  urgente, el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha anunciado que ha dado instrucciones para que la entidad financiera suspenda de forma inmediata todos los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre hipotecas sobre primeras viviendas, en tanto en cuanto se conozca la nueva regulación que afectará a los mismos. Una decisión a la que también se ha sumado la cooperativa de crédito Caja Laboral Ipar Kutxa. Es un paso importante en la rebaja de la tensión actual
 
Los bancos alegan la difícil situación que está generando la morosidad, que alcanza niveles de record mes a mes. La tasa de morosidad de las entidades financieras españolas podría seguir creciendo, según ha anunciado el Banco de España como consecuencia de un entorno "macroeconómico como el actual", en el que se espera, según las previsiones de organismos internacionales, que la economía siga en recesión durante 2013. Sin embargo, el Banco de España recuerda que la tasa de morosidad de las personas físicas se situó en junio de este año en el 3,8 %, una tendencia que ha sido creciente a lo largo del último año.
 
Mientras Gobierno y Oposición discuten la solución legislativa, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha unido al movimiento popular y ha asegurado este domingo que respaldará a los agentes que se nieguen a participar en desahucios y que incluso los defenderá jurídicamente en el caso de que sea necesario, sean afiliados o no.

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