edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
26/10/2015
Ofensiva internacional

Telefónica muestra interés por próximas subastas de espectro en ocho países en Latinoamérica

ICNr
Telefónica ha manifestado su interés en participar en los próximos años en licitaciones de espectro en ocho países de Latinoamérica previstos para los ejercicios 2015 y 2016, según ha indicado la compañía en un folleto registrado a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). La multinacional española ha indicado que estos procesos podrán suponer salidas de caja asociadas tanto a la obtención de espectro adicional como a hacer frente a obligaciones de cobertura.
En concreto, en Brasil, uno de los principales mercados de la compañía, la autoridad reguladora Anatel ha publicado una consulta con la intención de subastar espectro en las bandas de 1.800 Mhz, 1.900 Mhz, 2.500 MHz y 3.500 MHz. La subasta se espera que tenga lugar a finales de 2015.

Además, el regulador de Venezuela ha manifestado la posibilidad de licitar espectro en las bandas de 2.600 MHz para servicios 4G y en la banda de 1.900 MHz para servicios de 3G a finales de 2015 y principios de 2016.

En Colombia, los organismos competentes del país han publicado un documento en relación con las alternativas de análisis y los elementos a tener en cuenta para la estructuración del proceso de asignación del espectro de la banda de 700 Mhz (dividendo digital), de 900 Mhz, 1.900 MHz y 2.500 MHz abierto a observaciones para servicios móviles. La primera subasta tendrá lugar en 2016.

Asimismo, en Perú el gobierno ha publicado las normas para la concesión de licencias en la banda de 700 MHz, con tres bloques de 2x15 MHz, que está previsto que se anuncien a los participantes el próximo 3 de noviembre.

En Costa Rica, el Gobierno ha comunicado su intención de subastar espectro en la banda de 1.800 MHz, que se llevará a cabo probablemente en 2016. Por su parte en El Salvador hay en marcha un proceso de renovación de licencias, que expiran en 2018.

Por último, en Uruguay el gobierno aprobó una resolución que autorizaba una subasta de espectro para servicios móviles en distintas bandas, entre ella la de 700 Mhz y en México se subasta espectro en la banda de AWS probablemente en 2016.

RIESGOS LIGADOS A LA COMPAÑÍA

En el capítulo relacionado con los riesgos ligados a la compañía, el grupo indica que su negocio se ve condicionado tanto por factores exclusivos al grupo como por factores comunes a cualquier empresa.

Entre estos riesgos, Telefónica ha señalado que está llevando a cabo una investigación "interna" sobre posibles infracciones de las "leyes contra la corrupción".

"La compañía ha estado en contacto con autoridades gubernamentales en relación con este tema, y tiene intención de cooperar con ellas en la medida que prosiga la investigación", ha señalado la firma en el documento.

En este sentido, Telefónica, que no determina qué país es el afectado, ni de qué infracción se trataría, se limita a señalar que "no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de este asunto o su resultado probable".

La firma advierte que, aunque cuenta con normativa interna y procedimientos establecidos para asegurar que se cumplan las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones, no puede garantizar que esta normativa y procedimientos sean suficientes o que los empleados, consejeros, directores, socios, agentes y proveedores del servicio del grupo no actúen infringiendo la normativa y procedimiento del grupo.

OPERACIONES EN MARCHA

En lo que respecta a las operaciones en marcha, la firma ha señalado que la venta de O2 en Reino Unido por parte de Hutchison "podría no materializarse".

Telefónica recuerda que alcanzó un acuerdo el pasado mes de marzo con el grupo asiático para la venta de su filial británica por 10.250 millones de libras esterlinas (14.000 millones de euros). "Dado que el cierre de la transacción está condicionado a la satisfacción de ciertas condiciones, la adquisición puede, o no, completarse", recuerda el grupo.

Telefónica ha añadido en este sentido que, en caso de no completarse el proceso de desinversión, esto podría tener un "efecto negativo" sobre el precio de cotización de las acciones.

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