edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
18/11/2009

Tener los recibos domiciliados o recibir transferencias pagará comisiones en 2010

Javier Ardalán
Las críticas de las asociaciones de consumidores a la nueva Ley de Servicios de Pago se han centrado en la posibilidad de que los comerciantes puedan traspasar las comisiones por el uso de las tarjetas de crédito a los usuarios, sin embargo, esta no será ni la única ni la más importantes de las contraindicaciones que van a tener que afrontar quienes compren en los comercios. Así, a partir de la entrada en vigor en 2010, las entidades financieras podrán cobrar comisiones  a quienes tengan los recibos domiciliados o a quienes reciban transferencias. En la actualidad es el librador de los recibos o quien realiza las transferencias quien debe asumir todos los gastos derivados de cada operación.

También será necesario tener en cuenta que es posible, a partir de la entrada en vigor de la ley, que el plazo para solicitar la devolución de los recibos será de ocho semanas, contadas a partir  del día del adeudo de los fondos, en lugar de los 30 días naturales que rigen en la actualidad.

El texto actual no prohíbe los recargos y remite a un reglamento posterior, aún por desarrollar, la posibilidad de establecer límites, lo que es considerado insuficiente por las asociaciones de consumidores. Si nos atenemos a lo sucedido en los demás países miembros, en el caso de Dinamarca la falta de prohibición inicial de los recargos hubo de ser corregida ante el descenso en el uso de la tarjeta. En Francia y Alemania están prohibidos, y en Italia y Austria el estado actual de tramitación contempla también la prohibición.

Además, La Ley aclara que las cuotas adicionales que podrían cobrar los comercios por un instrumento de pago específico, no superarán nunca los cargos en que incurra el beneficiario, por lo que un establecimiento no podrá cobrar más a un cliente de lo que ellos deben pagarles a sus proveedores.

No obstante, la nueva normativa tiene también importantes ventajas para los consumidores, fundamentalmente en lo que ha plazos se refiere. Así, por ejemplo, se acortan los plazos de ejecución de las transferencias hasta llegar a un solo día hábil a partir de 2012.

También, se limitará a los datos de identificación de la cuenta para agilizar la gestión de transferencias; el proveedor de servicios de pago deberá reembolsar el importe de operaciones no autorizadas y la fecha  de disponibilidad de los fondos deberá coincidir con la de abono o adeudo.

Por otra parte, los comercios tendrán que aceptar los medios de pago electrónicos aunque los pagos respondan a cantidades ínfimas, aunque los gastos que haya que pagar superen a las comisiones a abonar y se lleven el beneficio de la transacción.

Finalmente, aunque sea desde un punto de vista más teórico, la nueva ley facilita la aplicación operativa de los instrumentos de la zona única de pagos en euros, lo que se ha denominado la SEPA, que probablemente estará finalizada en 2010 y que va a suponer que los servicios de pago que se presten en el ámbito de la Unión Europea se realicen como en un territorio sin fronteras.

La normativa se refiere con mucha asiduidad a la vigilancia que debe mantener el Banco de España sobre las entidades de pago. Sin embargo, los consumidores se oponen a que la normativa no haga claras alusiones a las actuales normas y organismos de consumo.

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