edición: 2593 , Lunes, 12 noviembre 2018
15/05/2015
Impasse por elecciones

Bloqueado un plan de Economía y Hacienda para reducir la deuda a la espera de consenso político

Sólo los tipos de interés bajos pueden evitar una `emergencia nacional´ en la deuda española
Juan José González
Llegan las cifras de la deuda pública casi al mismo tiempo que las advertencias en forma de recomendaciones de `obligado cumplimiento´ que envía Bruselas. Llega la deuda cargada, si cabe, con más deuda. Sube, por tanto, la presión sobre los gastos de las Administraciones públicas, la central, la autonómica y la local. Presión sobre los impuestos que, llegado el caso, es probable que deban ser ajustados al alza, claro. Las ayudas a la banca cuentan también como parte del sumando, pues han añadido varios miles de millones al déficit y de los que, al parecer, ya comienzan a sentirse las prisas por recuperar el dinero inyectado. El Estado, en general, gasta más, invierte menos, se financia mejor, y la prima de riesgo parece estabilizada. Pero reducir la deuda pasa obligatoriamente por ajustar el gasto, lo que obliga al Gobierno a buscar consenso. Eso es lo peor.
Las malas noticias, dicen, nunca vienen solas. El Banco de España aporta una de ellas: la deuda pública sube de nuevo en el primer trimestre del año y fija otro récord -histórico- en 1,047 billones de euros, casi el 99% del PIB. Y es sólo, nada más y nada menos, que la deuda que tiene el Estado y demás entes públicos con los mercados en general. Si a esta deuda se añaden las de las familias y empresas, la factura a pagar se dispara hasta rozar el 170% del PIB. Las buenas noticias para la deuda es que el precio del dinero se mantendrá, aseguran, estable en los próximos dos o tres años, con lo que la financiación y refinanciación de las deudas pueden seguir controlados, incluso, con tipos negativos.

Con la subida de la deuda en el trimestre pasado, se sitúa en una zona, la más alta de los últimos cien años, donde uno de los principales peligros reside en los costes de financiación del déficit, el más voluminoso entre los socios europeos. El Tesoro Público y el Gobierno se muestran orgullosos de la buena marcha de las colocaciones que el instituto público financiero está consiguiendo en los últimos meses. Con el entusiasmo propio que acompaña las actuaciones del Ejecutivo, se pretende anular las voces que vienen reclamando desde hace tiempo la necesidad, urgente, de un plan a medio y largo plazo que sea la base de un ajuste del gasto público.

Es un compromiso que quizás no pueda asumir en estos momentos un Gobierno más preocupado en renovar su presencia en las instituciones autonómicas y locales, que en presentar el plan de futuro de la deuda elaborado por un equipo de los departamentos de Economía y de Hacienda. Los redactores del plan recibieron el encargo de sus responsables ministeriales en diciembre pasado. Al parecer, desde Bruselas insistieron a las autoridades españolas en reconocer la realidad del asunto.

Este pasaba por un cálculo sencillo: si en diciembre se hubieran mantenido los tipos de interés de hace 18 o 20 meses, por encima del 7%, la situación de emergencia de España sería tan clara como que hubiese tenido que hacer frente a un programa urgente de rescate, del tipo de Portugal, por poner un ejemplo de proximidad geográfica. Sin embargo, como apuntan en medios oficiales, la sangre no llegó al río y el precio del dinero, a corto y a largo, se redujo hasta el 0% o negativo a corto y medio y hasta 2% a largo.

El plan para reducir la deuda, que obligará a cumplir con muchos y fuertes compromisos en la elaboración presupuestaria de los tres próximos años, dependerá de que el Ejecutivo cuente con una mayoría suficiente para su aprobación, o si no, logre reunir el consenso suficiente. Por tanto, no parece que a corto plazo el plan para reducir la deuda vaya a ser objeto de negociación política, la cual deberá esperar unos meses más. Lo que no quita para que la parte más técnica del mismo siga avanzando.

En todo caso, no parece fácil la papeleta si se tiene en cuenta que poco más o más bien nada puede aportar una nueva subida de impuestos, como pretende e insiste Bruselas. Más difícil todavía si las Administraciones autonómicas y locales se plantan en mantener posturas de resistencia contra el gasto. Y todo contando con que para alimentar la recuperación económica hay que animar el consumo, tanto privado como también público. De la variable política que salga de las urnas, mejor no tratar ahora.

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