edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
05/12/2008
Basilea II

Tirón de orejas a España por no hacer sus deberes en prevención de riesgos

Xavier Gil Pecharromán

España sigue sin hacer sus deberes de transposición europea a pesar del empeño del presidente Zapatero por mostrar a España como ejemplo regulador del sistema financiero ante el resto del mundo. Por ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba ayer que España ha incumplido la Directiva sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito al no haber adoptado, en el plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a dicha norma.

El plazo para transponer esta directiva concluía el 31 de diciembre de 2006, ni más ni menos. España planteó su defensa, que de poco le ha servido, en que la ley 47/2007 reguladora del mercado de valores y el real decreto 216/2008 de recursos propios de las entidades financieras llevan a cabo una adaptación parcial del derecho español a la directiva comunitaria.

¿Pero qué se está perdiendo el sector financiero español con la falta de la entrada en vigor de la transposición de esta directiva? Fundamentalmente la adecuación del capital y el reforzamiento de la previsión de riesgos.

La directiva está destinada a asegurar una aplicación coherente de las pautas internacionales en materia de requisitos de capital adoptadas por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria en junio de 2004 (Basilea II).

Introduce tres enfoques diferentes de la adecuación del capital: un enfoque estándar, otro intermedio y otro avanzado. Las entidades financieras pueden elegir el que mejor les convenga. Después, las autoridades de supervisión evalúan el importe de capital del que deben disponer las empresas de inversión para cubrir sus riesgos.

Dado que las empresas de inversión en su cartera de negociación asumen los mismos riesgos que las entidades de crédito, los artículos de la directiva son igualmente aplicables a este tipo de empresas.

Los fondos propios de las empresas de inversión o entidades de crédito, pueden servir para absorber las pérdidas no cubiertas por un volumen suficiente de beneficios garantizando la continuidad de las entidades y protegiendo a los inversores.

Los fondos propios también constituyen, para las autoridades competentes, un criterio importante para evaluar, en particular, la solvencia de las entidades y para otros fines prudenciales. Además, las entidades entran en competencia directa entre sí en el mercado interior. Así pues, con el fin de fortalecer el sistema financiero comunitario y evitar distorsiones de la competencia, resulta oportuno establecer unas normas básicas comunes para los fondos propios.

La Directiva establece un requisito básico en virtud del cual cada empresa de inversión estará obligada a mantener un volumen de capital equivalente a la cuarta parte de sus gastos generales del año anterior.

Este requisito tiene por objeto asegurar la cobertura de todos los demás riesgos a los que está expuesta una empresa de inversión, como pueden ser el riesgo de que se derrumben los mercados y de que sus ingresos en concepto de corretaje desciendan hasta un nivel insuficiente para cubrir sus gastos.

Se obliga a las entidades a salvaguardar, de forma permanente, la solidez financiera de dichas empresas. Además, se establecen requisitos de capital para cubrir los riesgos de mercado a los que están expuestas.

Las empresas de inversión y las entidades de crédito estarán obligadas a evaluar diariamente sus posiciones a precios de mercado. Asimismo, proporcionarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen toda la información necesaria para que éstas puedan comprobar que se respetan las normas contenidas en la Directiva.

También se regula el concepto de ‘cartera de negociación’ abarca las posiciones en valores y otros instrumentos financieros mantenidos con fines de negociación y sujetos principalmente a los riesgos de mercado y a otros riesgos relacionados con determinados servicios financieros prestados a los clientes.

Cada empresa deberá disponer de un porcentaje determinado de sus posiciones largas y cortas, en forma de capital y calculado en función de sus operaciones de cobertura. Finalmente, hay un requisito frente al riesgo de cambio, esto es, a las pérdidas que la empresa puede registrar a causa de una evolución desfavorable de los tipos de cambio.

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