edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
11/09/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Torres-Dulce demanda al Gobierno que potencie la actividad investigadora de los fiscales

Javier Ardalán

Los fiscales están desilusionados con los tiempos que marca Justicia para cumplir sus previsiones. La Fiscalía General del Estado considera que es necesario potenciar la actividad investigadora del Fiscal dentro del vigente marco legal.

Así lo hizo saber ayer su titular, Eduardo Torres-Dulce, quien ayer en la celebración de la Apertura del Año Judicial explicó que una de las iniciativas que ha adoptado la Fiscalía plantea la creación de equipos de investigación.

Se trataría de constituir en el seno de las Fiscalías más importantes Unidades de Investigación integradas por Fiscales Especializados y asistidas por unidades adscritas de policías y expertos en materias contables, fiscales y otras ramas de pericia técnica.

Esta demanda la basa la propia Fiscalía en la experiencia lograda por la actividad de las unidades de policía judicial y de peritos actualmente adscritas a las Fiscalías, en el ámbito de las Fiscalías Especiales Antidroga, contra la Corrupción y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Contamos para este desafío con la colaboración y el compromiso de los Ministerios de Justicia, Hacienda y de Interior, así como de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de justicia, para el desarrollo de este proyecto.

Por otra parte, los fiscales tienen una espina clavada con el borrador de Código Procesal Penal de 2013, y que anunciaba un giro histórico que iba a transferir la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal. Desafortunadamente, parece que la iniciativa de una reforma integral ha sido de momento aparcada.

Torres-Dulce lo lamentó profundamente y consideró que no debieran demorarse, pese a ello, determinadas reformas parciales, como la regulación de las medidas de investigación limitativas del derecho al secreto de las comunicaciones, en una reducción razonable del número de aforamientos, o en una configuración más precisa del estatuto jurídico del imputado. También estimo que no debe demorarse más una regulación realista de la segunda instancia en el orden penal.

El Fiscal General del Estado abogó ayer porque los atestados policiales sean remitidos a Juzgados y Fiscalías sólo cuando haya podido determinarse la autoría del delito. Para ello sería preciso reformar puntualmente algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero con ello se reduciría la burocracia judicial y podríamos aplicar nuestros medios personales y materiales, siempre limitados, a los procedimientos verdaderamente viables.

No menos importante resulta la constitución de un grupo de estudio para extender en lo posible el enjuiciamiento rápido de delitos, modelo que en el año 2013 ha gestionado la mitad de las calificaciones del Ministerio Fiscal (47 %) y permitido la conclusión consensuada en fase de instrucción de un 80 % de los asuntos calificados.

La Fiscalía ha comprobado que la eficacia de este procedimiento se ve lastrada por dos graves limitaciones: de una parte, la mayoría de los asuntos calificados se refieren a delitos contra la seguridad vial (53 %) y, muy a la zaga casos de violencia de género y doméstica (14 %) y contra el patrimonio (11 %); de otra parte, los asuntos no conformados en la Guardia se estancan en los Juzgados de lo Penal, en ellos transcurren hasta dos años para dictar sentencia.

Los tiempos de respuesta procesal: entre la incoación del procedimiento y la evacuación del escrito de calificación provisional por el Ministerio Fiscal transcurren de media 393 días en el procedimiento abreviado, 722 días en el sumario y 538 días en el jurado; desde la calificación provisional del Fiscal hasta la fecha del primer señalamiento de juicio oral transcurren de media otros 532 días en el procedimiento abreviado, 250 días en el sumario ordinario y 317 días en el jurado.

Una vez dictada sentencia, el tiempo medio de resolución de los recursos es de 179 días. Son cifras, que aunque no muy alejadas de las de nuestro entorno europeo hablan, desgraciadamente, por si mismas. El impacto de las dilaciones en el rendimiento de las finalidades del proceso penal es bien conocido: la eficacia de la acción penal decae, las pruebas se debilitan o dispersan y las oficinas se congestionan con el aluvión de expedientes inconclusos que acrecen las nuevas incoaciones.

Las conformidades proporcionan un alivio relativo a este panorama, aunque con dispar incidencia según el tipo de procedimiento: 80% de conformidades en el ámbito de las diligencias urgentes, 47% en procedimientos abreviados de conocimiento de los Juzgados de lo  Penal y 34% en los procedimientos competencia de las Audiencias Provinciales.

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