edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
16/01/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Torres-Dulce recuerda que el Gobierno aún no ha desarrollado el Fichero de Titularidades Financieras

Javier Ardalán

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha destacado que el Fichero de Titularidades Financieras, regulado en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que data de 2010, y  que debería ser consultado por los fiscales, aún no se ha desarrollado. El art. 43.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece que con ocasión de la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo el Ministerio Fiscal debería poder obtener los datos declarados en el Fichero de Titularidades Financieras.

En una Circular sobre las diligencias de Investigación, publicada ayer, Torres-Dulce recuerda a los fiscales el papel "promotor" que tienen en la fase de investigación de los delitos y las faltas en virtud de las últimas reformas legislativas y cuya senda proseguirá la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De esta manera, se señala que el Fiscal, en el transcurso de sus diligencias de investigación en los casos de blanqueo de capitales, solicitar directamente datos a entidades bancarias, según se afirma en una circular dictada por la Fiscalía General del Estado sobre el papel encomendado a los fiscales en los últimos cambios legislativos y en la futura reforma procesal penal.

Recuerda, que en la Circular 4/2010, de 30 de diciembre sobre las funciones del Fiscal en la investigación patrimonial en el ámbito del proceso penal respecto de las personas e instituciones de las que el Fiscal puede recabar datos en el seno de unas diligencias de investigación sobre productos bancarios a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la Asociación Española de la Banca (AEB).

En relación con investigaciones sobre sociedades y empresas, puede exigir datos a la Tesorería General de la Seguridad Social o a los Registros Mercantiles. En el caso de  investigación sobre bienes muebles, puede dirigirse al Registro de automóviles de la Dirección General de Tráfico, el Registro de matrículas de embarcaciones de la Dirección General de la Marina Mercante, de matrículas de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, así como el Registro de Bienes Muebles.

También tiene capacidad para al investigar bienes inmuebles,  pedir datos a los Registros de la Propiedad o la Dirección General del Catastro. Además, al Índice Único Informatizado Notarial, que recibe quincenalmente, de forma telemática, la comunicación al Consejo General del Notariado de todos los datos sobre los documentos autorizados en las diversas notarias.

Respecto de las infracciones derivadas de impagos a la Seguridad Social (y por extensión a la Hacienda Pública), la Consulta 2/1996 de 19 de febrero también declaró que las defraudaciones de cuota obrera por importe no superior al penalmente relevante habrán de sobreseerse, remitiéndose testimonio a la Autoridad competente con el fin de que se impongan las correspondientes sanciones de carácter administrativo.

Los fiscales pueden recabar informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, solicitar datos del Registro Civil y de entidades bancarias e intervenir efectos del delito. Además, está capacitado para tomar declaración a personas sospechosas siempre que procure su asistencia letrada y deberá entregar copia de la declaración al investigado si este lo solicita.

Cuando la práctica de la diligencia de toma de declaración del sospechoso pudiera frustrar la investigación, lo procedente será judicializar las actuaciones solicitando del Juzgado la declaración de secreto. No será admisible por tanto en estos casos continuar investigando hechos ya perfilados de espaldas a un sospechoso claramente determinado.

Recuerda Torres-Dulce que Podrá el Fiscal acordar el archivo por falta de tipicidad de los hechos, por falta de prueba suficiente y también en supuestos en los que claramente concurriera una causa de extinción de la responsabilidad penal o una excusa absolutoria.

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