edición: 3052 , Miércoles, 23 septiembre 2020
02/05/2011
La CE revisará el Código de Conducta para los comisarios

Transparencia, también para el sector público

Beatriz Lorenzo

En la actualidad, con el escenario económico todavía convaleciente tras las consecuencias de la crisis económica, y con la opinión social mirando con recelo hacia unas empresas que no han sabido cumplir con sus expectativas, surge más que nunca el debate acerca de si la RSC debe regularse y someterse a unas directrices o continuar manteniendo su carácter voluntario. Sin embargo, a la hora de buscar un marco coherente y comparable que encuadre las prácticas de Responsabilidad Social aplicables por las compañías, la obligatoriedad no es la única solución. Los códigos de conducta voluntarios conforman una alternativa igualmente válida y, para muchos, más vinculada al propio significado de la RSE.

Los códigos de conducta voluntarios son plenamente válidos también para las instituciones y organismos públicos, más allá de la relevancia que están adquiriendo en el sector privado. En este sentido, esta misma semana la Comisión Europea ha anunciado su decisión de revisar el Código de Conducta de los Comisarios. Los cambios realizados refuerzan el marco ético consolidando y aclarando varias de las disposiciones anteriores.En sus Orientaciones políticas para la próxima Comisión, publicadas en septiembre de 2009, el Presidente Barroso anunció su intención de revisar el Código de Conducta de los Comisarios, que espera se convierta en un «documento de referencia que inspire a otras instituciones de la UE».

El actual Código de Conducta ya es uno de los más rigurosos aplicados a los titulares de cargos públicos. La nueva revisión del Código de Conducta tiene en cuenta varios estudios llevados a cabo recientemente por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y por la OCDE («Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010»). Estos estudios proporcionaron nuevas recomendaciones útiles para completar y hacer más eficaz el Código de Conducta de la Comisión y se han plasmado en cambios tales como normas más claras sobre las actividades políticas, incluida la participación de los Comisarios en las campañas electorales, revisión anual de las declaraciones de intereses, introducción de un procedimiento claro para hacer frente a cualquier riesgo potencial de conflicto de intereses durante el mandato o reglas más claras sobre regalos y agasajos.

CONTRA LAS CORRUPTELAS

La puesta en relevancia del controvertido tema de los “regalos y favores” por parte de la Comisión Europea pone de manifiesto la creciente importancia que tiene este problema, tanto en el sector público como en el privado. Ciertamente los regalos como moneda de cambio son muy frecuentes, tal como demuestra la reciente modificación del Código Penal español que endurece los castigos a estas corruptelas cuando se dan en transacciones internacionales. Pero también hace pocos meses veía la luz la segunda edición del Observatorio de Ética y Responsabilidad Social de la Empresa, presentado por la Fundación Etnor para la Ética en los Negocios. El documento revelaba que el 41% de los empresarios entrevistados-en el ámbito valenciano- considera que es una práctica "habitual y extendida" hacer regalos a cambio de recibir favores. Paradójicamente, un 77,5% declara que es "claramente inmoral aceptar favores y regalos a cambio de impulsar decisiones que comportan beneficios para quienes los dan". Estamos, por lo tanto, ante el caldo de cultivo ideal para el florecimiento de las consideraciones éticas, que se han convertido en el ingrediente esencial para la receta del liderazgo y la buena gestión. En materia de corrupción, las labores de control y observancia de las malas prácticas han de gestionarse a través del compromiso voluntario y el fortalecimiento de las legislaciones. En este sentido, Bernardo Klinsberg, autor junto con el nobel Amartya Sen del libro “Primero la gente”, asegura que son también necesarias “vigorosas políticas de reforma y fortalecimiento del poder judicial, apoyo a la profesionalización de las instituciones policiales vinculadas con la investigación de estos delitos, establecimiento de instituciones reguladoras sólidas y dotadas de capacidad técnica efectiva, gestión activa para la recuperación de activos en el exterior.”

La Comisión Europea ha aprovechado el endurecimiento de su Código de Conducta para recomendar a los gobiernos de los Estados miembros y las instituciones de la UE que actúen con transparencia.  Y es que anto en el sector público como en el privado- y por consiguiente en las relaciones entre ambos- la transparencia se convierte en uno de los escudos más potentes contra la corrupción y en uno de los ingredientes fundamentales de la buena gobernanza. Para el filósofo Max Weber, los distintos tipos de poder social se distinguen por el medio que se utiliza para condicionar el comportamiento de los demás: recursos económicos, fuerza, ideas o simples palabras. En la actualidad, los intrincados y quebradizos nexos de unión entre el poder político, el económico e incluso el ideológico merecen revestirse de una pátina de transparencia y fluidez informativa capaz de prevenir las corruptelas y las malas prácticas.

Así, mientras la empresa privada acude a las cada vez más exhaustivas directrices de los organismos internacionales- Global Compact, Global Reporting Initiative- en materia de sostenibilidad, el sector público busca también nuevos itinerarios por los que encaminar los pasos de la gestión responsable.  En el caso de España afloran herramientas como el modelo de evaluación UNE 66182 impulsada por AENOR y la FEMP ( Federación Española de Municipios y Provincias) que busca llevar a cabo una evaluación integral en las administraciones locales a partir de la detección de indicadores que permiten estudiar las prácticas a nivel local en todas las áreas de gestión municipal. La norma UNE 66182 consiste en una guía metodológica que se centra en cuatro grandes áreas de desarrollo: institucional (que supone el 35% de la evaluación), económico sostenible (16%), social incluyente (30%) y ambiental sostenible (19%).

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