edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
24/01/2011
El mercado de capitales español no podrá aportar la financiación a los bancos ex novo

Tras el fracaso del FROB con las cajas, el Gobierno huye hacia adelante

Lo que hay detrás de esta batalla es el fracaso de la idea e instrumentación del Fondo
El efecto de la operación que se ha diseñado será el de dar entrada masivamente a capital extranjero en el sistema financiero español
Carlos Schwartz

La ofensiva del Gobierno y el Banco de España contra el ordenamiento jurídico de las cajas de ahorros alcanzó un punto álgido. El conflicto larvado que ha trascendido día si día no, ha seguido escalando su intensidad y el pasado viernes en la rueda de prensa del consejo de ministros el vicepresidente primero se ha apuntado a las matizaciones sobre el particular al afirmar que, si es necesario, se apelará a un reordenamiento jurídico. Es decir a una reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) de reciente aprobación. Que el pulso no ha terminado, queda sugerido por la nota de color de “si es necesario”. Del otro lado, las filtraciones informativas muestran a una Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) frontalmente opuesta a los lineamientos generales de la estrategia que han acordado el Banco de España y la presidencia del Gobierno.

Como se ve no se escatiman presiones de uno y otro lado ni mensajes cruzados a través de los medios de prensa. Para las cajas de ahorros el tema toca a la supervivencia de una estructura histórica y una tradición bastante anterior al estado de las autonomías. Esta última ha dado cabida a la subordinación política de estas entidades de crédito en el pasado reciente. Sin embargo, el modelo de las cajas de ahorros, por cierto, existe en todo el mundo. Las entidades financieras que no reparten dividendo porque se supone que cumplen un fin social, no son un invento de España. Son parte de formas de financiación creadas en los siglos XVIII y XIX junto con la banca comercial. Al igual que los bancos cooperativos y las cooperativas de crédito, que también existen en todo el mundo y muy específicamente en Europa. Lo sorprendente por tanto es que, al socaire de algunas entidades que pueden tener problemas patrimoniales -y esto nadie lo duda- se aspire a barrer de un plumazo a las cajas de ahorros en su conjunto.
 
De forma resumida, la idea central del Gobierno es eliminar a las cajas de ahorros bajo su estructura tradicional forzándolas a adoptar el régimen jurídico de los bancos. La estrategia se basa en abrir una vía para que la nueva capitalización de esta porción del sistema financiero español se haga a través de mecanismos de mercado. Es decir, mediante la emisión de acciones y la entrada de socios. Sin embargo, la reforma de la ley eliminaría el modelo mixto, impuesto recientemente, por el cual las cajas de ahorros que tengan en sus Sistemas Institucionales de Protección menos del 50% del capital, se extinguirían como entidades de crédito y pasarían a ser fundaciones gestoras de obras sociales. El modelo pasaría a ser universal. Todas las cajas de ahorros o bien serían fundaciones socias de bancos, y gestoras de obras sociales aunque tengan el 50% o más de los SIP. O venderían sus activos y serían lisa y llanamente gestoras de obras sociales sin banco. Y, finalmente, alguna SIP de gran tamaño podría adquirir un banco, si hay visto bueno del Banco de España, para fusionarse con él y abriendo su capital. Es decir una bancarización total de las cajas de ahorros. Claro que, habida cuenta de la proximidad de los partidos nacionalistas en las dos autonomías históricas con las grandes cajas de ahorros regionales, habría que ver de dónde salen los votos si se quiere actuar por real decreto ley. La vía del simple decreto parece un obstáculo demasiado grande para sortear.

Un dato relevante a tener en cuenta en esta operación es que las todavía cajas de ahorro suponen no menos del 43% del sistema financiero español. Si su número se simplifica -se reduce el número de SIP- y las entidades resultantes pasan a ser bancos, se crea al menos una docena de fichas bancarias ex novo en las que los inversores podrán entrar. La idea desde luego no es acudir a los mercados de capitales para emitir acciones para que las suscriban los inversores de a pie. El mercado de capitales español no está para esos trotes en estos momentos.

Esa sería en todo caso una fase posterior, cuando los inversores institucionales hagan ampliaciones de capital. De lo que se trata es de abrir las puertas a la entrada de capital financiero extranjero sobre cuya base se capitalicen las cajas de ahorros transformadas en bancos. No en vano el presidente del Gobierno lanzó su grito de guerra en este frente a través del Walll Street Journal y el Financial Times. El mensaje a “los mercados” fue: habrá una segunda vuelta de capitalización de las cajas de ahorros pero el dinero no lo pondrá el Gobierno. Es posible que una de las intenciones del ejecutivo sea alejar los rumores sobre la salud de las entidades financieras españolas y ayudar a disipar la presión sobre el riesgo país. Pero el efecto de la operación que se ha diseñado será el de dar entrada masivamente a capital extranjero en el sistema financiero español. El precio a pagar para la recapitalización de las cajas a la luz de estos hechos parece excesivo.

Lo que hay detrás de esta batalla es el fracaso de la idea e instrumentación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El fondo negociado con la Unión Europea no fue instituido como un mecanismo de saneamiento de los bancos y cajas de ahorros españoles en crisis. Por el contrario, se negoció con el concepto de una reestructuración del sector financiero español del que por entonces el Gobierno presumía que era uno de los más fuertes de Europa. Como se diseñó con el criterio de una ayuda al sector y no de un rescate patrimonial, Bruselas impuso unos tipos de interés que han hecho gravosos a los saneamientos efectuados con cargo a estos recursos. En un escenario de tipos de interés al alza, en el cual la captación de depósitos de los clientes es cada vez más onerosa y en medio de una retracción en términos reales del crédito, los ingresos del sector se adelgazan. Por añadidura, las SIP que han recibido recursos del FROB tienen que pagar por ese dinero más que por los depósitos de clientes. Por esta vía no hay saneamiento patrimonial posible.

Es el propio Gobierno el que se ha metido en este callejón sin salida. De lo que se trata es de adoptar el modelo clásico del saneamiento bancario para entidades que no son sistémicas. Lo viene haciendo desde 2008 la Reserva Federal en Estados Unidos donde desde entonces más de 250 bancos han pasado por el sistema de seguros de depósitos, el FDIC, con el sencillo procedimiento de intervenirlos, extirparles los activos incobrables, inyectarles capital, depurar la gestión y venderlos. Es probable que haya cuatro o cinco entidades entre las cajas de ahorros cuyo sufrimiento patrimonial sea excesivo. Pero la lógica es aplicarles ese mecanismo. Eso desde luego requiere negociar con Bruselas el procedimiento y modificar la legislación actual para restablecer la capacidad del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) para ejecutar los saneamientos de las entidades que el Banco de España decida intervenir.

Está claro que el Gobierno huye de un modelo como el de Irlanda, en el cual el déficit del presupuesto se ha disparado por el intento frustrado de sanear a la banca desatando la especulación contra la deuda pública irlandesa. Pero es precisamente el modelo que se quiere evitar el que se pone en práctica. No se trata de un problema de liquidez. Se trata de un problema patrimonial. No es cuestión de inyectar dinero a “la irlandesa”. Es cuestión de eliminar activos incobrables, y después recapitalizar, dejando en el camino el lastre de los gestores incapaces. Luego se venderán las entidades intervenidas y se recuperará parte de la inversión. La ofensiva contra las cajas pretende ocultar el fracaso del FROB, facilitar la vida a los bancos eliminando la competencia de las cajas, y dar satisfacción a las apetencias de los grupos de inversión extranjeros que quieren entrar al sector financiero en España y cuyos lobbies habrán actuado oportunamente sobre el Gobierno a través de sus canales de la UE.

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