edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
12/09/2013

Tras el fracaso olímpico, la Comunidad de Madrid centra sus expectativas de negocio en el dudoso proyecto de Las Vegas Sands

Un auto del TSJ que admite que no puede juzgar el fondo de la cuestión estima que los cambios en el sistema sanitario serían irreversibles
Carlos Schwartz

La usina de proyectos que cogeneran ideas entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para generar negocio a sus sectores empresariales más próximos ha comenzado a expresar nerviosismo tras el fracaso olímpico que ha derribado las expectativas de un grupo de promotores inmobiliarios y empresas constructoras. El revés ha dado paso a una concentración de voluntades en torno al desarrollo de Eurovegas, es decir ese trasnochado centro de juegos de azar que está previsto que se desarrolle en Alcorcón. Precisamente la villa del área metropolitana de Madrid en la cual se gestó el encumbramiento de la ex presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, sobre la base del voto de los tránsfugas de las filas del Partido Socialista Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

El golpe de mano estuvo directamente vinculado entonces a los propietarios de suelo de Alcorcón que aspiraban a la recalificación de una vasta zona y esperaban enriquecerse con el desarrollo urbanístico de ese suelo . La recalificación llegó tarde, en 2008, cuando ya no había negocio especulativo. La salida, por la que bregaron esos grupos de interés, fue el imperio de Sheldon Adelson, el máximo accionista de Las Vegas Sands, a quien lograron atraer, al menos formalmente, para que desarrolle en Alcorcón el centro de juegos de azar conocido como Eurovegas.

El problema es que el proyecto requiere una financiación ajena descomunal y que el grupo de Adelson no está dispuesto a poner más que una cifra simbólica por relación a la cuantía total de la inversión. La banca ya sugirió que tal empeño requeriría del aval del estado. La observación desde luego no es banal porque el imperio Las Vegas Sands (LVS) tiene suficientes altibajos como para ocasionar desconfianza, sin contar con que lleva una temporada presentando ante la Securities and Exchange Commission (SEC) cuentas sin auditar. Por añadidura el activo del balance del grupo se sostiene sobre el valor adjudicado a los inmuebles que sólo pueden tener precio en función de su dedicación al juego de azar. En abril de este año PriceWaterhouseCoopers (PWC) renunció como auditor del grupo. No cabe la menor duda que LVS es un cliente incómodo. Está pasando por un periodo de acoso por parte de la SEC y el Departamento de Justicia por violación de las normas de blanqueo de capitales y sobornos en sus operaciones en el exterior.

También hace frente a diversos pleitos, uno de ellos por demás curioso. Un empresario chino de Hong Kong, Richard Suen Chi-tat, demandó al grupo hace ya casi una década por incumplimiento de contrato. Suen afirma que intermedió entre el Gobierno de China y LVS para que esta última obtuviera su licencia para operar en Macao. Que su intermediación en caso de éxito debía ser retribuida con una participación del 2% del negocio. Suen ha ganado su batalla legal en dos oportunidades ya. La primera fue recurrida y resuelta en su contra. La más reciente la ganó y el juez le adjudicó 70 millones de principal y 34 de intereses, con lo cual se ha hecho acreedor a 104 millones de dólares. Es interesante observar que LVS sigue como política el desarrollo de lobbies allí donde va para allanar los obstáculos políticos a sus intereses.

A la vista del cúmulo de circunstancias que rodean las finanzas del Partido Popular, al menos en la versión de su ex tesorero Luis Bárcenas, habrá que estar ojo avisor a como se desarrolla el proyecto de LVS. Muchos rumores han corrido en torno a esta cuestión tras el sonado encuentro entre el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Reunión que se zanjó con la dimisión de la ex presidenta de la Comunidad. Con independencia de este asunto, los analistas financieros consideran que la estrategia de LVS es escapar de la red de los reguladores estadounidenses y aprovechar que el 59% de sus ingresos provienen de Macao y que allí se encuentran el 48% de sus activos para designar, ahora que PWC le abandonó, a un auditor chino que quedaría fuera de toda capacidad de inspección de los reguladores de origen en el reducto de Macao.

De momento LVS está teniendo un buen año, a diferencia de 2012, con un fuerte incremento de sus ingresos en los casinos. Pero los analistas del sector recuerdan que hace menos de una década PWC emitió una advertencia acerca de LVS en tanto “going concern”. Lo cual equivale a decir que podría suspender su actividad por dificultades económicas. De acuerdo con fuentes del sector la crisis se superó con una inyección de 1.000 millones de dólares hecha por Sheldon Adelson con recursos propios. El ex presidente de LVS, Wiliam Weidner, declaró en el juicio de Suen contra Adelson en 2008 que por entonces había perdido la confianza en Adelson y solicitó al consejo de la empresa autorización para llevar adelante el rescate de LVS sin interferencias del mayor accionista. De acuerdo con ese testimonio Adelson era el responsable de la mala gestión de la sociedad que la colocó en riesgo. Estos detalles retratan de cuerpo entero a la naturaleza del negocio de Adelson, sin contar con los casos de lavado de dinero en los que el grupo se ha visto involucrado.

Como es fácil de comprender detrás de Eurovegas hay un cúmulo de intereses especulativos que a lo que aspiran es a desengancharse de una inversión en suelo que no ha resultado rentable y hacer caja. Algo muy alejado de la estrategia de crear empleo duradero y de calidad sobre la base del desarrollo de actividades industriales y de servicios sólidas.

En cierta medida, Eurovegas va en la línea de la privatización de la sanidad. En un caso se trata de una licencia de juego y la legislación de medio ambiente y sanidad, así como las exenciones fiscales que hagan viable el proyecto. El conjunto del paquete va en contra del interés público pero a favor de muy concretos intereses privados. En el caso de la sanidad se va en contra del interés público en favor de los intereses comerciales de un grupo de empresas afines al Gobierno de la Comunidad de Madrid, como ha dejado al desnudo el auto del tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El auto es una pieza importante. Mientras que admite que no puede juzgar acerca de la explotación por parte del estado o de los intereses privados de la sanidad pública, es decir la cuestión de fondo, si llama la atención sobre la gravedad de la situación al tomar en cuenta y aceptar el criterio de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) según la cual son necesarias las medidas cautelares de suspensión de la adjudicación porque esta última entrañaría modificaciones irreversibles al sistema de salud. De paso sugiere que algo huele a podrido en Dinamarca al tomar en cuenta la denuncia de AFEM sobre la modificación cuatro días antes de la adjudicación de los concursos de la cuantía de la fianza del 5% del montante de los contratos, que fue reducida al 5% del montante de los contratos para el primer año. Algo que contraviene las normas administrativas usuales. Es lo que tienen los cadáveres insepultos, tarde o temprano su hedor hiere el olfato.

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