edición: 2803 , Viernes, 13 septiembre 2019
28/06/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Tras las reformas llegan menos asuntos a los juzgados de todas las jurisdicciones

Javier Ardalán
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entró en vigor el pasado 6 de diciembre, ha provocado un descenso del casi la mitad (42,7%) en el ingreso de asuntos en la jurisdicción penal en el primer trimestre del año, al haber desaparecido los atestados policiales de delitos sin autor conocido.
También ha contribuido a este descenso la despenalización de las faltas menos graves que han pasado a ser competencia administrativa, según la última reforma del Código Penal.

Los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción, pues automáticamente eran archivados por los jueces hasta que se tuviera conocimiento o alguna pista sobre su autoría, ha tenido como consecuencia que, frente a los 1.517.487 asuntos ingresados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015, se haya pasado a 869.603 asuntos en los tres primeros meses de este año.

Evitar el uso irracional de los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia para gestionar los atestados policiales sin autor conocido, pues daban lugar en los juzgados a innecesarias aperturas de diligencias que han sido de inmediato archivadas previo "visto" del Ministerio Fiscal.

También se expone que se trata de un trabajo superfluo y perturbador y que, para garantizar un adecuado control judicial basta con que dichos atestados sean conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces o fiscales.

Se prevé no obstante la remisión a la autoridad judicial, con carácter preceptivo en todo caso, respecto a materias especialmente sensibles, como son los delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o los delitos relacionados con la corrupción.

También deberán remitirse todos los atestados en los que, pasadas las primeras 72 horas, la Policía Judicial practique cualquier diligencia tendente a la identificación del autor, siempre que arroje algún resultado.
La Exposición de Motivos establece que deberá garantizar que no habrá investigaciones autónomas de la policía, pero evitar también que todas las causas terminen recalando en los juzgados cuando no exista avance respecto de la situación inicial.

Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de asuntos penales en trámite al final del periodo era de 762.567, un 18,4% menos que hace un año.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2016 ha sido de 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46,6 asuntos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta bajada también obedece en parte a la reforma de la LECrim.

A reducir la duración de las causas contribuirán los nuevos límites en la instrucción judicial: 6 meses para las causas sencillas y 18 meses para las complejas, prorrogables por igual periodo. La ampliación podrá ser solicitada por el fiscal, la acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado, pero no por el juez de instrucción.

La limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, pero para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción, es decir, el contador empieza de cero para el casos como el  Púnica, Eres de Andalucía, Bankia, etc.

Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (40,7), Andalucía (37,0), Murcia (34,2), la Comunidad Valenciana (33,4), Cantabria (33,2) y Madrid (32,4). Mientras, en el otro extremo se sitúan las Comunidades Autónomas de La Rioja (22), el País Vasco (22,5) y Navarra (24,3).

El informe “Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2015” publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que la entrada de asuntos disminuyó en el primer trimestre del año también en el resto de las jurisdicciones, resultando una bajada global del 32,4 % respecto del mismo periodo de 2015.

El número de asuntos ingresados en la jurisdicción Civil en el primer trimestre de 2016 fue de 474.629, lo que representa un descenso interanual del 8,4 %. En esta jurisdicción se resolvieron 530.420 asuntos y al final del trimestre quedaron en trámite 1.032.957 asuntos.

No menos importancia tuvo la jurisdicción social en la que los juzgados recibieron 93.931 nuevos asuntos en los tres primeros meses del año, lo que representa una disminución interanual del 15,6%. El número de asuntos resueltos fue de 109.010 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 294.083.

Finalmente, en la contencioso-administrativa se registraron 49.001 nuevos asuntos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, un 5,8 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La cifra de asuntos resueltos fue de 57.637 y la de asuntos en trámite al final del trimestre de 199.174.

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