edición: 2324 , Martes, 17 octubre 2017
19/10/2010
OBSERVATORIO FISCAL

Tratamiento en el IRPF del socio en una reducción de capital con devolución de aportaciones

DATADIAR
El artículo 33.3. letra a) de la Ley del IRPF establece que no existe ganancia o pérdida patrimonial en las reducciones del capital. Cuando la reducción de capital, cualquiera que sea su finalidad, dé lugar a la amortización de valores o participaciones, se considerarán amortizadas las adquiridas en primer lugar, y su valor de adquisición se distribuirá proporcionalmente entre los restantes valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio del contribuyente. Cuando la reducción de capital no afecte por igual a todos los valores o participaciones propiedad del contribuyente, se entenderá referida a las adquiridas en primer lugar.

Cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o el valor normal de mercado de los bienes o derechos percibidos minorará el valor de adquisición de los valores o participaciones afectadas, de acuerdo con las reglas del párrafo anterior, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar se integrará como rendimiento del capital mobiliario procedente de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad, en la forma prevista para la distribución de la prima de emisión, salvo que dicha reducción de capital proceda de beneficios no distribuidos, en cuyo caso la totalidad de las cantidades percibidas por este concepto tributará de acuerdo con lo previsto en el apartado a) del artículo 25.1 de esta Ley.

A estos efectos, se considerará que las reducciones de capital, cualquiera que sea su finalidad, afectan en primer lugar a la parte del capital social que no provenga de beneficios no distribuidos, hasta su anulación.

La Ley del Impuesto establece una serie de reglas para identificar, a efectos fiscales, cuáles son las acciones o participaciones afectadas en una reducción de capital. Estas reglas varían en función del medio utilizado para llevar a cabo la reducción. Así, si la reducción de capital se ha realizado mediante amortización de acciones o participaciones, se consideran amortizadas las adquiridas en primer lugar, y su valor de adquisición se reparte proporcionalmente entre el resto de valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio del contribuyente.

En conclusión, si la reducción opera sobre benéficos no distribuidos resultará aplicable, a efectos fiscales, la tributación propia de la distribución de dividendos (rendimientos de capital mobiliario con aplicación, cuando proceda, de la exención para los primeros 1.500 euros percibidos por este concepto –art. 7 letra y) de la  Ley del IRPF-).

De no ser así, resultará aplicable el régimen general previsto para la devolución de aportaciones contenido en la Ley, es decir, minoración del coste fiscal de los valores afectados hasta su anulación, lo cual significa reducir su valor de adquisición, tributando la renta percibida a partir de dicho límite como rendimiento del capital mobiliario sin derecho a la exención anteriormente referida.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Imputación temporal de una subvención de la Comunidad de Madrid para la renovación de la instalación de calefacción de un inmueble del que es arrendatario. D.G.T. C, (20/05/2010).
La Comunidad de Madrid ha concedido al consultante una subvención para la renovación de la instalación de calefacción de un inmueble del que es arrendatario, en el cual tiene su residencia habitual, comunicándole su concesión en el año 2009. Calificación e imputación temporal de la subvención recibida por el consultante en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. el consultante deberá imputar la ganancia patrimonial correspondiente a la subvención que le ha sido concedida al período impositivo en el que se le haya comunicado su concesión. Esta última circunstancia se produce en el año 2009 respecto del 50 por ciento del importe total de la ayuda. El 50 por ciento restante, se abonará a la finalización de la obra subvencionada siempre que previamente se haya presentado y aprobado la oportuna justificación, de manera que el 50 por ciento restante del importe total de la subvención se imputará al período impositivo en el que se cumplan dichos requisitos en la medida en que el pago y por ello la exigibilidad del 50 por ciento de la ayuda o subvención objeto de consulta se encuentra condicionado al cumplimientos de los mismos.

Los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la cesión de la explotación o utilización de la propiedad industrial forman parte de la base imponible general. D.G.T. C, (20/05/2010).
La consultante es administradora de una sociedad mercantil, habiendo percibido retribuciones por las funciones desempeñadas hasta el momento de su jubilación y no percibiendo en la actualidad retribuciones por dicho cargo. A su vez es titular de tres marcas inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuya explotación y utilización desea ceder a la sociedad mercantil a cambio de una retribución. Si los rendimientos percibidos por dicha cesión tienen la naturaleza de rendimientos del capital mobiliario y están sujetos a retención. La ley establece que son rendimientos del capital mobiliario los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a actividades económicas realizadas por el contribuyente, manifestando la consultante que dichas marcas no estarían afectas a una actividad económica realizada por ella. Para dichos rendimientos, el artículo 90 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), establece un tipo de retención a aplicar a partir de 1 de enero de 2010 del 19 por ciento. A su vez, los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la cesión de la explotación o utilización de la propiedad industrial forman parte de la base imponible general, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y 48 de la LIRPF.

Tribunales

Valoración de operaciones vinculadas en el Impuesto sobre Sociedades y en IVA. Tribunal Supremo. Sentencia 3 de junio de 2010.
Las normas del Impuesto sobre Sociedades que disponen la valoración de los negocios entre entidades vinculadas establecen criterios distintos de los previstos en la normativa del IVA para apreciar esas mismas operaciones. En el Impuesto sobre Sociedades la operación entre entidades vinculadas se valora conforme a los precios que hubieran sido pactados en condiciones normales de mercado entre personas independientes. Mientras que en IVA la base imponible está constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al tributo. Es decir, en el Impuesto sobre Sociedades cada negocio entre entidades vinculadas debe valorarse conforme a las reglas del mercado entre personas independientes, mientras que en IVA se atiende al precio fijado en la operación para adquirir el bien cedido o, en su caso, al coste incurrido para la obtención de dichos bienes. Esta diferencia está motivada porque en el Impuesto sobre Sociedades, se grava la renta de las personas jurídicas, tasando las operaciones vinculadas conforme al mercado, para evitar que, a través de precios de conveniencia, el sujeto pasivo incremente pérdidas o disminuya ingresos. Si bien, el IVA recae sobre el consumo, y somete a tributación las entregas de bienes y las prestaciones de servicios por el importe total de la contraprestación, cualquiera que, en el supuesto de realizarse entre personas vinculadas, fuera el que les hubiera correspondido si se hubiesen acordado entre sujetos independientes.

Amortización de bienes utilizados en más de un turno normal de trabajo. Tribunal Supremo. Sentencia 9 de junio de 2010.
Cuando un elemento sea utilizado diariamente en más de un turno normal de trabajo, los coeficientes mínimos de amortización se podrán incrementar en el resultado de multiplicar la diferencia entre los coeficientes máximo y mínimo obtenidos de las tablas por el cociente entre las horas diarias habitualmente trabajadas y ocho horas. El resultado así obtenido será el coeficiente máximo de amortización admisible en este caso.  Si bien, esto no es aplicable a aquellos elementos que tengan asignado en tablas coeficientes elaborados tomando en consideración la utilización superior a un turno normal de trabajo. La aplicabilidad de lo anterior, requería una prueba sobre la naturaleza de los bienes controvertidos, que en el presente caso no se ha practicado, ya que resulta patente que el hecho de que los bienes controvertidos están permanentemente a disposición del público, no permite, sin más, asimilarlos a bienes que son permanentemente utilizados.

Tribunales Económico-Administrativos

No son gastos deducibles las asignaciones vitalicias a antiguos miembros del Consejo de Administración a satisfacer en el momento de su cese por edad, acordadas por Acuerdo de dicho consejo, no previstas expresamente en los Estatuto. TEAC R, (05-05-2010).
Las asignaciones vitalicias a antiguos miembros del Consejo de Administración a satisfacer en el momento de su cese por edad, acordadas por Acuerdo de dicho consejo, no previstas expresamente en los Estatutos, no son gasto deducible, al no existir correlación con los ingresos por pagarse a personas que no prestan servicios a la entidad (incluso al cónyuge sobreviviente) ni ser obligatorias por los Estatutos en los que se recogen expresamente los componentes de la remuneración de los administradores no figurando tales asignaciones. Por ello, deben calificarse de liberalidades. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, de 6 de febrero de 2008 recaída en recurso de casación nº 7125/2002, que se remite en su Fundamento de Derecho Tercero a la Sentencia de esa Sala de 17 de octubre de 2006, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina: Los estatutos han de precisar el concreto sistema retributivo, no siendo suficiente que la norma social prevea varios sistemas retributivos para los administradores, dejando a la junta de accionistas la determinación de cual de ellos ha de aplicarse en cada momento.

En un procedimiento Inspector, la principal consecuencia de la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal es la suspensión de las mismas en el orden administrativo. TEAC R, (11-05-2010).
La principal consecuencia de la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal es la suspensión de las mismas en el orden administrativo. Mientras esté suspendido las garantías de defensa que puedan asistir al afectado frente a los hechos que sean objeto de persecución penal debe hacerlas valer en el correspondiente proceso penal. Como señala el TS en sentencia de 2 de marzo de 2007, los efectos de esa falta de audiencia sólo producirán indefensión en el caso de que los órganos jurisdiccionales del orden penal decidan su absolución, en cuyo caso se reanudaría el procedimiento administrativo, lo que no implica que al final se dictara una resolución que pudiera afectar negativamente al interesado. Sólo en este caso, el acto sería recurrible, pudiendo alegar el interesado las irregularidades que se denuncian. El acuerdo por el que se remiten las actuaciones inspectoras al Ministerio Fiscal es un acto de trámite que no decide cuestión alguna sobre el fondo del asunto ni impide la continuación del procedimiento. Tiene por objeto evitar la concurrencia de dos procedimientos (administrativo y penal) y confirma la preeminencia de la jurisdicción penal. Como señala el TS en sentencia de 22 de abril de 2000, es un simple acto de trámite que ni resuelve definitivamente una pretensión, ni imposibilita la continuación del procedimiento, ni causa indefensión.

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