edición: 2495 , Lunes, 25 junio 2018
08/02/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Tributación en el Impuesto de TPO y AJD del préstamo con garantía hipotecaria otorgado en escritura pública entre particulares

DATADIAR
El art. 25.1 del Reglamento que regula el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), establece: "La constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo, cuando la constitución de la garantía sea simultánea con la concesión del préstamo o en el otorgamiento de este estuviese prevista la posterior constitución de la garantía".

Por otro lado, de acuerdo con el art. 7 Uno B) del Texto Refundido del ITP (TRITP), nos indica que son transmisiones patrimoniales sujetas, entre otras, la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y aeropuertos.

No obstante lo dispuesto, hay que tener en cuenta lo contenido en el primer párrafo del art. 7 Cinco (TRITP), que señala que no estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales onerosas", regulado en el presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por lo tanto, la constitución de un préstamo no devenga la tributación en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, (en adelante TPO), siempre que la persona que "entrega el dinero" se dedique habitualmente a este tipo de operaciones.

Cuestión distinta es que el préstamo se conceda, como en el caso que analizamos, entre particulares que no realizan este tipo de operaciones habitualmente (es importante indicar que partimos siempre que en los términos contenidos en el art. 25.1 RITP, la garantía es simultánea a la concesión del préstamo). Por lo que en principio, la concesión del préstamo en este caso concreto (particulares no empresarios), será una operación sujeta a TPO.

Ahora bien, de acuerdo con el art. 45 Uno letra B) número 15 TRITP, estarán exentos, los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. La exención se extenderá a la transmisión posterior de los títulos que documenten el depósito o el préstamo, así como al gravamen sobre actos jurídicos documentados que recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que se satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento.

En consecuencia, en principio, la concesión del préstamo por la sociedad B no tributará en TPO.

Sin embargo, sí existirá tributación en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del ITP. Así, se devengará la cuota fija de esta modalidad según el art. 31.1 TRITP, ya que el préstamo va a ser otorgado en escritura pública.
En cuanto a la sujeción a la cuota variable del Documento Notarial de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, el artículo 31.2 del Texto Refundido exige la concurrencia de los siguientes requisitos:
• Tratarse de una primera copia de una escritura o acta notarial
• Tener por objeto cantidad o cosa valuable
• Contener un acto o contrato inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles
• No estar sujetos los referidos actos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias.

En la escritura de constitución de un préstamo con garantía hipotecaria entendemos que no se cumplen todos los requisitos anteriores (el préstamo se encuentra sujeto aunque exento de TPO), por lo que no se devengará la cuota gradual del AJD.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Posibilidad de incluir en la base de la deducción por inversión en vivienda habitual de la prima abonada en concepto de seguro multirriesgo del hogar. D.G.T. C, (16/09/2011).
El consultante adquiere su vivienda habitual utilizando financiación ajena, para cuyo otorgamiento entre las condiciones del prestamista está la de tener un seguro. Siendo así, contrató un seguro multirriesgo del hogar que cubre además del riesgo de incendio otros riesgos como robo, rotura de cañerías, etc. Posibilidad de considerar la totalidad de la prima a satisfacer por dicho seguro como gasto a efectos de incluirla en la base de deducción por inversión en vivienda habitual, dado que no tiene posibilidad de determinar la parte de la prima destinada a cubrir únicamente el riesgo de incendio u otros requeridos. En los supuestos de financiación ajena, se ha admitido su inclusión entre los gastos de financiación cuando la contratación del seguro figura entre las condiciones del prestamista (Consulta de la DGT 0546-04), y, por tanto, siempre que se cumplan todos los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, las cantidades entregadas para satisfacer las citadas primas del seguro formarán parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual. Lo dispuesto en el párrafo anterior resultaría igualmente aplicable en el presente caso, en el que se contrata un seguro que cubre riesgos adicionales (robo, rotura de cañerías, daños en el contenido…), por lo que la totalidad de la prima sólo podrá formar parte de la base de la deducción por inversión en vivienda si entre las condiciones establecidas por el prestamista para la concesión de la financiación figura la contratación de un seguro de tales características. En caso contrario, únicamente tendrá la consideración de deducible aquella parte de la prima que se corresponda con la cobertura de aquéllos riesgos obligatorios con arreglo a la normativa anteriormente indicada, lo que inevitablemente exige disponer de un certificado por parte de la aseguradora en el que se desglose de forma suficiente qué parte de la misma se corresponde con aquellos riesgos cuyo seguro son exigidos por el prestamista. En caso de no poder aportar el desglose requerido, la prima en su totalidad no tendrá la consideración de gasto susceptible de integrar la base de deducción por inversión en vivienda habitual.

Tratándose de un seguro colectivo de vida que no instrumenta compromisos por pensiones en el que no se han imputado las primas, no tendría un período de generación superior a dos años y por tanto no sería de aplicación la reducción del 40%. D.G.T. C, (16/09/2011).
El consultante es una entidad de seguros que suscribió con una empresa un seguro de grupo por el que garantizaba a los asegurados trabajadores una cantidad determinada al cumplir una edad determinada. No se han realizado imputaciones fiscales de las primas. Tributación de la prestación que va a satisfacer a los asegurados. En concreto, posibilidad de aplicar algún tipo de reducción. En el caso concreto planteado de un seguro colectivo de vida que no instrumenta compromisos por pensiones en el que no se han imputado las primas, habría que entender que la cantidad que se perciba por el asegurado, aún cuando fuera cobrada en forma de capital, no tendría un período de generación superior a dos años y por tanto no sería de aplicación la reducción del 40% prevista en el artículo 18.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.


Tribunales

La sociedad recurrente no puede aplicar el beneficio de la RIC porque solamente llevaba a cabo un solo arrendamiento sin que contara con la infraestructura necesaria para su calificación como actividad empresarial. Tribunal Supremo. Sentencia de 27 de septiembre de 2011.
La entidad recurrente afirmaba que la sociedad contaba con un local y un contratado laboral para gestionar su actividad de arrendamiento de inmuebles, si bien, las afirmaciones contenidas en el Acta señalaban que no había local ni persona contratada con la función de realizar tal gestión, según resulta de que ni en su propiedad ni por título arrendaticio disponía de local alguno con aquella finalidad, como tampoco resulta aceptable que el arrendamiento de un único inmueble pudiese necesitar de una persona contratada laboralmente en función de esta exclusiva actividad. Es por eso que, aceptando estas afirmaciones y a falta de prueba alguna en contra en el proceso, el Tribunal Supremo considera que la sociedad actora, conforme al criterio de la Administración, no tenía derecho a disfrutar del beneficio de la RIC, sin que las referencias a eventuales apreciaciones del Acta sobre la cita de un texto legal posterior a la liquidación practicada sobre la intensidad de la dedicación del contratado laboral a la gestión arrendaticia sirvan para enervar el hecho que no ha sido desmentido por prueba alguna de que la actividad arrendaticia tenía por contenido un solo arrendamiento y que por eso no requería de la infraestructura que imponía para su calificación como actividad empresarial el artículo 40 de la Ley 18/1991 ni, por otra parte, esta razonable argumentación se ha visto desmentida por una prueba eficaz que hubiere acreditado el hecho de la existencia del local y el contratado laboral dedicado a aquel menester.

Bases imponibles negativas pendientes de compensación de sociedad absorbida. Tribunal Supremo. Sentencia de 28 de septiembre de 2011.
La Ley 29/1991, en desarrollo de la Directiva 90/434, en este punto, excluía la posibilidad de asunción de las citadas pérdidas sin excepción alguna. De este modo, la exclusión de la asunción de pérdidas que nuestro derecho rechaza sólo en los supuestos en que se producen las circunstancias fácticas que el precepto del artículo 104.3 de la Ley 43/1995 recoge, mejora la situación anterior pues sólo deniega la asunción de pérdidas cuando concurra la hipótesis que la ley regula. Por tanto, si la Ley 21/1991 no fue contraria a la citada Directiva y la Ley 43/1995, aquí aplicada, mejora dicho régimen es evidente que no se da la contradicción entre los textos legales que se confrontan, conclusión que excluye plantear la «cuestión prejudicial» interesada y que comporta la desestimación del motivo alegado. Ello con independencia de que la dicción literal de la Directiva invocada, como se ha razonado, da cobertura al texto del artículo 104.3 de la Ley 43/95.


Tribunales Económico-Administrativos

IVA asimilado a la importación de Hidrocarburos.- Se devenga el Impuesto de los productos, aunque estén en régimen suspensivo, cuando se produce el autoconsumo, por su utilización como materia prima con finalidad distinta a la de carburante y combustible. TEAC R, (25-11-2011).
El devengo del IVA asimilado a la Importación de los hidrocarburos que están en régimen suspensivo que se utilicen como materias primas en usos distintos de carburante y combustible, se produce en el momento del autoconsumo, independientemente de que dicha operación esté o no sujeta al Impuesto Especial. IVA asimilado a la importación.- Exención.- Están exentas las prestaciones de servicios relacionados con entregas vinculadas al régimen de depósito. Están exentas de IVA las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las entregas de bienes destinados a ser vinculados al régimen de depósito distinto del aduanero y de los que estén vinculados a dicho régimen, como los servicios de carga y descarga de buques y camiones, de dichos productos. IVA asimilado a la importación.- No procede liquidar intereses de demora a partir de 1-1-1995. Resulta improcedente liquidar intereses de demora sobre las cuotas del IVA asimilado a la importación, a partir de la nueva redacción dada al precepto aplicable (98.2 LIVA), que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

El país de origen de las mercancías vendrá determinado por el de procedencia de, al menos, el 35% de los materiales utilizados en la fabricación del producto importado. TEAC R, (25-11-2011).
A efectos de la aplicación del sistema arancelario previsto en el Acuerdo Unión Europea-Turquía, el origen de dichos aparatos resultará ser el del país de origen de los tubos de rayos catódicos utilizados, ya que éstos suponen al menos el 35% de los materiales no originarios y que en este caso proceden de China. Tráfico exterior.- Importaciones.- Procede la liquidación «a posteriori» por derechos antidumping, así como de intereses de demora, si se comprueba por la OLAF que el país de origen de los productos importados no coincide con el inicialmente declarado, que permitía acogerse al Acuerdo Unión Europea-Turquía. Procede la liquidación «a posteriori» de Derechos Antidumping, así como la aplicación de intereses de demora, cuando a través de las actuaciones de la OLAF queda acreditado que el país de origen de las mercancías importadas no es el que se hizo figurar inicialmente, y que permitió acoger la operación a los beneficios previstos en el Acuerdo Unión Europea-Turquía. Tráfico Exterior.- IVA a la importación.- Procede liquidación por IVA, al liquidar «a posteriori» derechos arancelarios al haberse acreditado un origen de las mercancías distinto al declarado. Procede efectuar liquidación por el concepto de IVA a la importación, cuando se produce la aplicación «a posteriori» de derechos arancelarios, que forman parte de la base imponible del Impuesto, en este supuesto aplicando derechos antidumping, al acreditarse que el país de origen de las mercancías no es el declarado en la importación. Tráfico Exterior.- IVA a la importación.- No procede girar intereses de demora respecto a la nueva liquidación por IVA a la importación, derivada de la liquidación «a posteriori» de derechos arancelarios. No procede aplicar intereses de demora cuando se produce liquidación «a posteriori» de derechos arancelarios, quedando modificada la base imponible de IVA y generándose nueva liquidación por este concepto, dado que al coincidir el pago de las cuotas deducibles con el derecho a la deducción, no se produce perjuicio para la Hacienda Pública. Procedimiento de Inspección.- Tráfico Exterior.- Plazo de prescripción para las actuaciones de control. Queda establecido en cuatro años a partir de la realización de la irregularidad detectada. A las actuaciones inspectoras, de control, en materia de tráfico exterior, les es de aplicación el plazo de prescripción de cuatro años desde que se realiza la irregularidad detectada, por lo que cabe en ese plazo corregir dicha irregularidad a través de una liquidación «a posteriori».

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