edición: 2803 , Viernes, 13 septiembre 2019
20/03/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Tributación en IRPF de los tiques o vales guardería

DATADIAR
El art. 17.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas califica de rendimientos del trabajo, las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.

Asimismo, el art. 42.1 de la misma Ley establece que constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.

Finalmente el apartado dos letra d) de este mismo art. 42 de la Ley del IRPF señala que no tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie, entre otras, la utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado. Tendrán esta consideración, entre otros, los espacios y locales, debidamente homologados por la Administración pública competente, destinados por las empresas o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de sus trabajadores, así como la contratación, directa o indirectamente, de este servicio con terceros debidamente autorizados, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Como se deduce de lo expuesto, si el pagador (empresa) entrega al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta se califica de dineraria. Si asume directamente el pago del bien, derecho o servicio en nombre del contribuyente, la renta se calificará como retribución en especie.

Teniendo en cuenta lo anterior y a efectos del IRPF pueden darse dos situaciones:
1.- Que la empresa entregue el importe correspondiente al pago de la guardería al trabajador: en este caso estamos ante una retribución dineraria más y por lo tanto sujeta al sistema de retenciones.
2.- Que la empresa asuma directamente el pago de la guardería a través de la fórmula "vales guardería" (situación más común). En este caso, al no tener la consideración de retribución en especie (art. 42.2 letra d) de la Ley), no estará sujeto al IRPF ni a su sistema de retenciones.

A mero título informativo comunicamos que este tipo de "vales guardería" deben cumplir unos requisitos mínimos:
- Han de ser numerados, expedidos de forma nominativa (nombre del padre/madre y del hijo) y en ellos figuraría su importe nominal y la empresa emisora.
- Intransmisibles.
- En ningún caso podría obtenerse el reembolso de su importe.
- Solamente podría utilizarse para el pago de servicios prestados por centros de educación infantil.
- Por parte de la entidad se llevaría y conservaría la relación de los vales entregados a cada trabajador, con expresión del número de documento, día de su entrega y nombre del hijo al que corresponden.

En esta línea argumentativa encontramos la consulta vinculante de la DGT de fecha de 16 de septiembre de 2008 y la consulta de la DGT de fecha de 24 de marzo de 2004.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Al calificarse las prestaciones como rendimientos del trabajo, las cantidades a percibir están sometidas a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. D.G.T. C, (13/10/2011).
El consultante extinguió su relación laboral con la empresa el 31 de diciembre de 2006 mediante expediente de regulación de empleo. Es beneficiario de un seguro colectivo contratado por la empresa, que instrumenta los compromisos asumidos en virtud del expediente de regulación de empleo, y del que hasta su jubilación a los 65 años de edad percibe un determinado importe en forma de renta. Procedencia de aplicar la reducción del 40 por ciento a las rentas recibidas. Cálculo del porcentaje de retención aplicable por la entidad aseguradora. La disposición transitoria undécima de la Ley 35/2006 regula un régimen transitorio por el cual podría resultar aplicable la reducción del 40 por ciento a prestaciones en forma de capital (percepción en pago único) y derivadas de seguros contratados con anterioridad a 20 de enero de 2006, lo que no ocurre en el caso planteado. En consecuencia, no es aplicable ningún porcentaje de reducción a las prestaciones pagadas en forma de renta en este contrato de seguro. Por último, al calificarse las prestaciones como rendimientos del trabajo, las cantidades a percibir están sometidas a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicha retención se practicará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 101.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, y en los artículos 80 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo).

La realización de la actividad de fontanería fuera del territorio español determina la exclusión del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por tanto, del régimen simplificado del IVA. D.G.T. C, (14/10/2011).
El consultante, persona física que presta servicios de fontanería y tributa en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se plantea prestar tales servicios en Portugal tanto a clientes finales como a empresas portuguesas o empresas españolas que los subcontraten. 1º Repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 2º Aplicación del régimen simplificado del Impuesto. No se localizarán en el territorio de aplicación del Impuesto aquellos servicios de fontanería que sean prestados a empresarios o profesionales que tengan la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual fuera del referido territorio en la medida en que tales servicios vayan destinados a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual. En conclusión, los servicios de fontanería prestados por el consultante se encontrarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido en la medida en que tengan por destinatario a un empresario o profesional establecido en el territorio de aplicación del citado Impuesto o cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal. En tales supuestos, el consultante vendrá obligado a repercutir la cuota correspondiente sobre el destinatario de la prestación de servicios.


Tribunales

Valor de transmisión de los títulos cotizados en Bolsa para determinar los incrementos y disminuciones de patrimonio. No es deducible la comisión satisfecha por la intermediación en la transmisión de títulos valores. Tribunal Supremo. Sentencia de 11 de octubre de 2011.
Según Sentencias anteriores del Tribunal Supremo, el valor de transmisión de los títulos cotizados en Bolsa a efectos de determinación de los correspondientes incrementos y disminuciones de patrimonio se fijaría por las cotizaciones oficiales del día en que la concreta operación se hubiere realizado. No es procedente la valoración administrativa de la transmisión de los títulos a un precio distinto del resultante de la cotización oficial por el que se había hecho la enajenación dentro del sistema de corro a viva voz. Por otro lado hemos de decir que en el supuesto de valores que cotizan en Bolsa, la depreciación que ha de tenerse en cuenta, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, es la que resulte de la comparación entre el precio oficial de adquisición y el precio oficial de venta, no los precios convenidos entre el vendedor y comprador. No es procedente la deducibilidad del gasto incurrido por la comisión satisfecha por la intermediación en la transmisión de los títulos por no considerarse necesarios para la obtención de ingresos.

Los vehículos automóviles que el concesionario dedica a demostración, prueba o cortesía, matriculados para que los clientes comprueben las características de los mismos contablemente son existencias. Tribunal Supremo. Sentencia de 14 de octubre de 2011.
En el supuesto de vehículos automóviles que el concesionario dedica a demostración, prueba o cortesía, y que son matriculados con el fin de que puedan circular y los clientes comprueben las características de los mismos, una vez cumplida esta finalidad inicial, son vendidos después de un período muy corto de tiempo. Pues bien, este escaso período de tiempo de estancia en la empresa no concuerda con la naturaleza del inmovilizado material al que se refiere el art. 52 RIS que requiere una estabilidad en la «incorporación», con idea de cierta permanencia, que es lo que refleja el PGC de 1990 al referirse a los bienes del inmovilizado material. Se trataría por tanto de existencias que aunque inicialmente se dediquen a demostración o prueba, su destino final es la venta, aunque sea a un precio inferior. Este carácter de permanencia en la empresa se recoge en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, añadiendo un elemento más a la hora de calificar el activo como inmovilizado o no, y no es otro que el objeto social de la empresa, que en el caso presente, es la venta de vehículos automóviles, objeto omnicompresivo tanto de los nuevos como de los usados, sin que un destino accesorio o temporal del vehículo le haga perder este primitivo destino, si se tiene en cuenta el escaso período de tiempo que transcurre entre la adquisición del fabricante y su venta a tercero, nunca superior a un año. En el presente caso, se aprecia que el carácter de permanencia en la empresa de este tipología de vehículos destinados a la demostración y promoción de las ventas es el que va permitir determinar si nos encontramos bien, como sostiene la entidad recurrente, ante elementos integrantes del inmovilizado material o, como afirma la Sala de instancia ante existencias. Pues bien, en la sentencia recurrida se declara que «......los vehículos que nos ocupan son adquiridos, desde su inicio, con la finalidad de ser vendidos a terceros en el desarrollo de aquella actividad típica, con la salvedad de que, durante un corto periodo de tiempo - más del 50% de estos vehículos permanecen menos de un año en el patrimonio de la empresa y no llega al 7% los que están más de dos años- se adscriban o utilicen para funciones de promoción, que es una actividad indudablemente indisociable de la de venta.», aspectos temporales que no son puestos en entredicho por la entidad recurrente y del que se deduce que el criterio de permanencia no ampara a los vehículos de demostración objeto del presente motivo casacional, razón por la que debemos compartir la posición expresada por la Sala de instancia de considerar a dichos vehículos desde el punto de vista contable como existencias y no como inmovilizado material como erróneamente sostiene la entidad recurrente.


Tribunales Económico-Administrativos

Suspensión por el Tribunal económico-administrativo. Suspensiones solicitadas por Corporaciones locales. Acreditación de los perjuicios de difícil o imposible reparación o el error aritmético, material o de hecho. TEAC R, (22-12-2011).
En el caso que nos ocupa, la Corporación Local reclamante se limita a solicitar la suspensión del acto impugnado invocando lo dispuesto en el artículo 173.2 del Texto articulado de la Ley de Haciendas Locales, ya que conforme al mismo no se le pueden exigir ni fianzas, ni la prestación de depósitos ni garantías. Pero de acuerdo con el artículo 233.4 de la LGT y 46 del RGRVA, para obtener la suspensión de la ejecución de un acto impugnado en vía económico-administrativa es necesario acreditar que dicha ejecución pueda causar perjuicios de difícil o imposible reparación, o que el mismo incurre en error material, de hecho o aritmético, todo ello sin perjuicio de que a la Entidad Local, no se le pueda exigir fianza o garantía alguna.

Para obtener la suspensión de la ejecución de un acto impugnado en vía económico-administrativa es necesario acreditar que dicha ejecución pueda causar perjuicios de difícil o imposible reparación. TEAC R, (22-12-2011).
En el caso que nos ocupa, la Corporación Local reclamante se limita a solicitar la suspensión del acto impugnado invocando lo dispuesto en el artículo 173.2 del Texto articulado de la Ley de Haciendas Locales, ya que conforme al mismo no se le pueden exigir ni fianzas, ni la prestación de depósitos ni garantías. Pero de acuerdo con el artículo 233.4 de la LGT y 46 del RGRVA, para obtener la suspensión de la ejecución de un acto impugnado en vía económico-administrativa es necesario acreditar que dicha ejecución pueda causar perjuicios de difícil o imposible reparación, o que el mismo incurre en error material, de hecho o aritmético, todo ello sin perjuicio de que a la Entidad Local, no se le pueda exigir fianza o garantía alguna.

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