edición: 2885 , Viernes, 17 enero 2020
11/05/2009

Tributos y Registros rellenan las grandes lagunas de la Ley Concursal

Xavier Gil Pecharromán.- La normativa concursal tiene grandes lagunas que actualmente están tratando de rellenar diferentes organismos a través de interpretaciones de carácter vinculante, que buscan hacer mucho más sencillos estos procedimientos en los que muchos acreedores se juegan su dinero e, incluso, su continuidad en estos momentos de crisis económica. Así, la Dirección General de Tributos acaba de aclarar cual es el momento en que se da la situación de imposibilidad jurídica de “recuperar” lo invertido para considerar fiscalmente que ha existido una pérdida patrimonial.

En una consulta vinculante, de 23 de marzo de 2009, considera Tributos que las posibles pérdidas, totales o parciales, del importe de las inversiones realizadas en una entidad acreedora de una sociedad inmersa en un procedimiento concursal se ponen de manifiesto cuando se produce se pierde el importe invertido o el importe recuperado sea inferior al invertido, lo que supone una alteración patrimonial que determina la variación negativa en el valor del patrimonio.

Por ello, concluye que esta variación se producirá cuando quede acreditada la imposibilidad jurídica de recuperar todo o parte de lo invertido, circunstancia que se sucederá cuando se produzca la liquidación de la entidad o se acuerde una quita.
Considera también la Dirección General de Tributos, que el plazo para llevar a cabo la modificación de la base imponible en el caso de declaración en situación de concurso es de un mes desde el último de los anuncios que deben publicarse con carácter obligatorio del auto de declaración de concurso.

Fuera de este plazo, no se podrá proceder a dicha modificación y en particular, no procederá el cambio por aplicación de lo establecido en el apartado cuatro del artículo 80 de la Ley Concursal.

En una consulta de 28 de diciembre de 2008, se explica que el modo de efectuar la modificación de la base imponible es expidiendo una factura rectificativa. Después, ya se puede minorar el importe del IVA cuya repercusiones ha rectificado en la declaración-liquidación del periodo de liquidación correspondiente al momento en que hubiera expedido esta factura rectificativa o en los posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la rectificación, según lo dispuesto en la letra b) del artículo 89.cinco de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Finalmente, en los términos previstos en el artículo 24 del Reglamento del IVA, la modificación de la base imponible deberá comunicarse a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo en el plazo de un mes desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, sin que resulte necesaria autorización administrativa, expresa o presunta, para proceder a dicha modificación.

Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber sido facturadas y anotadas en el libro registro de facturas expedidas por el acreedor en tiempo y forma.

La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no afectará a la modificación de la base imponible que se hubiera efectuado previamente.

Por otra parte, la Dirección General de los Registros y del Notariado, con fecha de 6 de marzo de 2009, ha despejado la incógnita sobre si los administradores concursales deben ratificar las cuentas realizadas antes de la declaración de concurso para su presentación al depósito en el Registro Mercantil.

Considera este organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, que la Ley Concursal no se pronuncia sobre este tema, pero que una interpretación literal del artículo 46.2 de la Ley Concursal podría llevar a la conclusión de que la sociedad está eximida de la obligación de supervisión de las cuentas por los administradores concursales, si fueron formuladas antes de que se produjera la tramitación del concurso.

No obstante, el propio precepto se refiere a la supervisión de las administraciones concursales y que dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en estos casos.

Considera, finalmente, que apoya esta interpretación lo dispuesto en el artículo 75 de la propia Ley Concursal para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su formulación y presentación a la propia administración concursal y, también de conformidad con este precepto, por ser función de los administradores concursales el emitir un informe sobre el estado de la contabilidad del deudor y que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer, pendiente el procedimiento concursal, si la contabilidad llevada por los administradores no suspendidos por la sociedad ha sido supervisada por los administradores concursales.

Director
Juan José González ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
c/ Real, 3. 40400 El Espinar (Segovia)
Teléfono: 92 118 33 20
© 2020 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...