Turno de oficio europeo: posible solución a los problemas
edición: 2532 , Miércoles, 15 agosto 2018
06/09/2011
SALA DE TOGAS
Sede del CCBE en Bruselas

Turno de oficio europeo: posible solución a los problemas de financiación de la justicia gratuita

Un documento del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) propone este sistema para unificar criterios
El presupuesto para asistencia legal gratuita podría venir de la Unión Europea, y no sólo de los Estados
Javier Ardalán

La unión hace la fuerza. De ahí que, desde Europa, se venga perfilando desde hace un tiempo la idea de garantizar el acceso a la justicia gratuita para todos los ciudadanos comunitarios a través de la creación de un turno de oficio europeo. Lo propone el Consejo General de la Abogacía Europea (CCBE) en un informe con sus recomendaciones sobre las necesidades de la asistencia jurídica gratuita. Una vía que podría ser, quizás, la más indicada no sólo para 'tapar agujeros' con respecto a la asistencia a personas de otros países y al acceso de los nacionales a la justicia comunitaria, sino también para evitar problemas locales de falta de financiación, como viene ocurriendo en muchas ciudades de España.

La idea es dar solución, en primer lugar, a un problema grave: la falta de homogeneidad en el tratamiento de los ciudadanos de distintas nacionalidades de cara a su acceso a una justicia gratuita de calidad, especialmente cuando se va escalando en la jerarquía judicial y se accede a tribunales supranacionales. No hay un tratamiento común para los extranjeros que se aplique de forma uniforme en toda la Unión Europea, de forma que la asistencia depende de los usos de cada Estado -en España, por ejemplo, los problemas jurídicos sólo pueden solventarse a través del turno de oficio si se resuelven en tribunales nacionales-. El informe recuerda que existen varios convenios y acuerdos que abordan estos problemas, como el Acuerdo europeo sobre la transmisión de solicitudes de asistencia judicial, firmado en Estrasburgo en 1977, o el Convenio de La Haya de 1980, destinado a facilitar el acceso internacional a la justicia. Ambos textos proporcionan un esquema de transmisión de solicitudes de asistencia judicial entre los Estados firmantes, pero no es bastante.

Y es que el derecho a la justicia gratuita es de gran importancia para la Unión Europea. Prueba de ello es la redacción de la Directiva de Asistencia Legal (Directiva 2003/8/CE), aprobada el 27 de enero de 2003, que fija reglas mínimas comunes relativas a la asistencia. La Comisión Europea, en este sentido, tiene claras cuáles son las garantías procesales mínimas: acceso a asesoramiento legal antes y durante el juicio, acceso a la libre interpretación y traducción, asegurar que las personas que no son capaces de comprender o seguir el procedimiento reciba la atención adecuada, derecho a comunicarse con las autoridades consulares en caso de sospechosos extranjeros, y la notificación al acusado de sus derechos (en este caso, por escrito).

Precisamente una de las grandes diferencias entre unos regímenes y otros está en tener un plan estatal, o bien una organización regida por un delegado (por Colegios de Abogados) con cierta supervisión. Sea como fuere, el aumento de la libertad de movimiento ha hecho que la carga de trabajo de las instituciones encargadas de proporcionar asistencia en estos casos se multiplique y diversifique: aumenta el turismo, el comercio, los matrimonios transfronterizos y sus correspondientes divorcios... Además, una crisis como la actual desemboca inevitablemente en “graves impactos sobre los derechos de los ciudadanos”: el informe asegura que se ha incrementado en toda Europa la presión en cuanto al número de casos -las cifras en España lo vienen dejando claro desde hace años- y también en cuanto a las dotaciones presupuestarias asignadas a la asistencia jurídica. Por ello, “la situación actual debe considerarse como una oportunidad para la Unión Europea”.

LAS PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA EUROPEA

El CCBE pide a las instituciones europeas que hagan frente a la asistencia letrada “como un derecho fundamental que debe concederse a todos, independientemente de su residencia o nacionalidad”. Por ello, la idea es establecer una línea específica de presupuesto comunitario para garantizar el desarrollo de un régimen de ayudas europeo de apoyo a los planes nacionales de los Estados miembros.

La propuesta se centra especialmente en garantizar la ayuda a sospechosos y grupos más vulnerables, y quiere generalizar la asistencia de un abogado en todas las fases del procedimiento, la asistencia de expertos, de traducción interpretación y otros gastos de juicio.

Pero, además, se propone crear unas reglas comunes para la concesión de asistencia jurídica en el territorio de la Unión Europea, que sea además difundida y de fácil acceso para los ciudadanos, en lo referente a cómo recibir esta asistencia gratuita. En este sentido, Internet es una herramienta de gran eficacia para ayudar a lograr ese fin. De ahí que se hable de promover la e-administración de la asistencia jurídica de los solicitantes y la interoperatibilidad de los servicios públicos. Sería una buena oportunidad de formación para los abogados, por otro lado, ya que la idea es incentivar la formación específica para quienes presten servicios en el marco de la asistencia jurídica gratuita de la UE.

EUROS SOBRE LA MESA

En cuanto a la dotación presupuestaria, el CCBE considera imprescindible una discusión sobre el aspecto económico, ya que “tal derecho necesita una financiación adecuada, sin la cual los Estados no pueden obtener resultados eficaces para afianzar tal servicio”. Recalcan, además, que “es imposible poner un precio a la injusticia y el sufrimiento humano que de otro modo se produciría”.

No les falta base jurídica: en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, jurídicamente vinculante en el Tratado de Lisboa, se establece un catálogo de derechos de los que todos los ciudadanos de la Unión deben beneficiarse, y que las instituciones de la UE -y los Estados miembros- deben respetar y aplicar. En el Capítulo VI, relativo a la Justicia, se habla expresamente en el artículo 47 del derecho a la asistencia jurídica para garantizar el acceso a la Justicia. “El deber de las instituciones europeas es, por tanto, permitir que los recursos necesarios para garantizar su aplicación y el cumplimiento de la legislación europea por los Estados miembros”. Actualmente, el presupuesto español en materia de justicia depende de las comunidades autónomas, que distribuyen la dotación estatal asignada por este concepto cuando tienen la justicia delegada.

Por todo ello, desde el Consejo de la Abogacía Europea se pide que para el próximo presupuesto anual y las perspectivas financieras para 2013-2020 se incluya esta previsión, sin que ello suponga, aclaran, modificar sustancialmente la organización y el funcionamiento mismo de los regímenes de ayuda de los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. La idea es, al contrario, “centrarse en asuntos transfronterizos, la ayuda en las fronteras y las jurisdicciones europeas o internacionales”. Se considera importante, además, reforzar las áreas más afectadas por la crisis, especialmente en lo relativo a inmigración.

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