edición: 2762 , Miércoles, 17 julio 2019
07/06/2011
El Supremo corrige a los registradores

Un Ayuntamiento sí puede dictar la ejecución preventiva de una finca de otro municipio

La sentencia refuerza el derecho de las Administraciones locales a cobrar sus deudas
Javier Ardalán

En un momento en el que la ejecución hipotecaria se ha convertido en un delicado tema social, el Tribunal Supremo ha añadido más leña al fuego a través de un fallo en el que se pronuncia sobre una cuestión de gran relevancia de cara a las deudas contraídas con la Administración: ¿es posible que un Ayuntamiento dicte el embargo preventivo de un inmueble con el fin de saldar su deuda, en caso de que la finca se encuentre en otro municipio?

Se trata de un tema controvertido porque hasta ahora los Registradores se han mostrado contrarios a esta posibilidad, siendo doctrina constante de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) negar la inscripción preventiva de este tipo de embargos en base a la falta de jurisdicción territorial. Un criterio que tendrá que cambiar a raíz de esta sentencia que refuerza el derecho de cobro de los entes públicos agilizando el proceso en estos casos.

El Alto Tribunal resuelve, textualmente, que "el titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal”. Es decir, según este fallo –publicado ayer en el BOE, con fecha de 16 de marzo de 2011- en aquellos procesos en los que la Administración quiera ejecutar una deuda, podrá impedir mediante esta anotación preventiva que el deudor, propietario de una vivienda fuera del territorio de jurisdicción del Ayuntamiento, burle el pago a través de una práctica tan simple como la venta a un tercero -que lo adquiriría libre de esa carga, al no constar ésta inscrita en el Registro de la Propiedad-.
 
Se trata de un criterio que rompe radicalmente con el mantenido hasta ahora por los registradores, que han denegado de forma constante la anotación preventiva de este tipo de embargos precisamente por entender que los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de un determinado municipio no tenían jurisdicción para trabar un bien que pertenece a uno distinto. A esta línea doctrinal responden tres resoluciones publicadas en el BOE de 1 de mayo de 2009, en las que la DGRN desestima varios recursos de recaudadores municipales contra la negativa de los registradores de la propiedad a practicar una anotación preventiva de embargo “por falta de competencia del Ayuntamiento”. La misma idea se repite en otros fallos similares, dictados en 2006, 2007 y 2008.
 
En síntesis, la DGRN deja claro en sus resoluciones que, tal y como recoge el artículo 8.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación con los ingresos de derecho público propios de ésta “deberán ser practicados por los órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma”, cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta. Y ello aunque las Administraciones tributarias del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales tengan el deber de colaboración entre sí en los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.
 
PROTEGER AL AYUNTAMIENTO FRENTE AL DEUDOR
 
La inscripción preventiva de un embargo funciona como medio de garantía para el acreedor, permitiendo afectar bienes concretos del patrimonio de un deudor a una ejecución procesal dirigida contra él, de forma que el acreedor -en este caso, la Administración- pueda perseguir esos bienes aunque el embargado siga conservando todas sus facultades sobre el inmueble, y aunque éste pueda cambiar de titular. En este sentido, el fallo explica que esta medida está justificada para asegurar el cobro de una resolución administrativa futura como es la deuda tributaria u otro ingreso de derecho público. De lo contrario, “el riesgo de pérdida de la garantía resultaría elevado y objetivo”.
 
Pues bien, según el Supremo, una cosa es inscribir un embargo preventivo –lo que no tiene efectos más allá de permitir que los terceros conozcan la situación jurídica del inmueble, por lo que lo inscrito tendrá efecto frente a ellos-, y otra bien distinta es materializar el cumplimiento por vía coactiva: en el primer caso, que es el que aquí interesa, se trata simplemente de una vía para asegurar una posible ejecución del inmueble, y en este caso el límite territorial del término municipal –entendiendo éste como el espacio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias- no comporta que la organización municipal tenga prohibido adoptar decisiones cautelares en el seno de un procedimiento sobre el que tiene competencia, aunque se proyecten en otro término municipal.
 
Sería distinto, por el contrario, permitir el procedimiento de ejecución forzosa propiamente dicho de un bien inmueble radicado fuera del municipio. Pero, dejando este extremo fuera del debate, el Supremo afirma que la norma no exige que el embargo de un bien inmueble se realice en el lugar donde éste se ubica físicamente, por lo que hay que reconocer la legitimidad del recaudador municipal para despachar el mandamiento de anotación preventiva del embargo también en estos casos.
 
La consecuencia: se refuerza el derecho de cobro a favor del Estado, protegiéndolo frente al deudor, y se evita una burocratización innecesaria de la fase cautelar que iría en contra del principio de eficacia y economía procedimental.
 
NOTAS PARA EL REGISTRADOR
 
Aunque la nueva doctrina es clara en sus argumentos, no se pronuncia expresamente sobre si el registrador debe o no proceder a la inscripción del embargo. Y es que no le corresponde al orden contencioso-administrativo pronunciarse sobre este extremo, declara el fallo, sino solo sobre la capacidad del titular del órgano recaudatorio para dictar un pronunciamiento en estos términos.
 
Sin embargo, sí que aclara que existe un pronunciamiento firme de la Audiencia Provincial de alicante, de 28 de diciembre de 2009 –sentencia 421/2009 de la Sección 6ª- que revoca una resolución de la DGRN confirmatoria de una calificación negativa de un registrador, en la que denegaba la anotación preventiva del embargo de un Ayuntamiento de bienes situados fuera de su ámbito territorial, por lo que parece que esta es la línea que, según el Supremo, debería seguir la Dirección.

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