edición: 2576 , Miércoles, 17 octubre 2018
11/04/2016

Un conjunto significativo de empresas medra a la sombra de la crisis

Una parte considerable de la economía mantiene su actividad sujeta a la decisión de sus acreedores
Carlos Schwartz
El sector de los despachos de abogados especializados en la responsabilidad patrimonial del Estado, en la legislación concursal y los instrumentos de crédito llevan varios años de altos ingresos empujados por el viento de una crisis que no amaina en sectores desvinculados del comercio exterior. Las empresas cuya vida ha quedado sujeta a la voluntad de los acreedores, nacionales y extranjeros, forma un tejido importante de la estructura económica del país. Sería interesante que algún departamento de estudios cuantificara la participación de esas empresas en el producto interior bruto y en el conjunto de la deuda privada con el sistema bancario. Lo que queda claro es que una parte considerable de esa deuda bancaria se ha traspasado a precios de saldo a los fondos de inversión especializados en la denominada “distressed debt”, es decir deuda de mala calidad emitida por empresas ahora insolventes o al borde de la insolvencia.
“La deuda del sector de las autopistas radiales, todas en concurso de acreedores, está en manos de los fondos dedicados a comprar deuda de empresas en crisis. La han comprado a los bancos acreedores a precio vil y esperan recuperar una parte significativo del nominal”, afirma una fuente del sector financiero. Una fuente de un fondo de inversión señala al respecto que:”De momento de lo que se trata es de la cuantía que el Gobierno en funciones ha solicitado a Bruselas para que autorice el pago de la responsabilidad patrimonial del estado... en función de ello veremos”.

El pasado 6 de abril, la multinacional española del sector del juego, Codere, anunció que el plan de reestructuración que venía negociando con sus acreedores desde 2013 se había materializado mediante una ampliación de capital por importe de 494,4 millones de euros capitalizando posiciones de los acreedores en dos emisiones de bonos senior cuyo importe era de 760 millones de euros de un lado y 300 millones de dólares del otro. Con una prima de emisión de 330,67 millones de euros la operación dejó a la empresa en manos de los fondos especialistas en deuda “distressed” y un 2% del capital en manos de los accionistas de referencia, la familia Martínez Sanpedro.

El pacto no obstante establece que los antiguos accionistas aporten nuevo capital para adquirir hasta el 19,6% de las acciones de la sociedad tras la ampliación de capital. Pero este es el caso de una empresa con activos rentables muy significativos en España, América Latina, y Europa. Por lo tanto la reestructuración estaba en el interés de los acreedores como mejor forma de recuperar un alto valor de la deuda adquirida a bajo precio.

El retraso en cerrar esta operación es muy llamativo en la medida que los lineamientos generales del convenio estaban claros desde un principio. Codere ha llevado adelante una política de expansión desenfrenada sobre la base de un endeudamiento mal planificado que ha cargado a la matriz de la multinacional con el desarrollo de las filiales de forma desordenada. La gota que desbordó el vaso fue la renovación anticipada de las licencias de juego en la provincia de Buenos Aires negocio que representa una parte significativa del beneficio de Codere.

El entonces Gobernador de la provincia, Daniel Scioli, en medio de una crisis fiscal y sin dinero para pagar salarios de la administración y pensiones apeló a una renovación anticipada de los concursos para el juego provincial como  forma de hacer una recaudación de emergencia a cambio de licencias de largo plazo. El esfuerzo financiero de la renovación de las licencias, sumado a la incapacidad de repatriar beneficios desde Argentina, detonaron la crisis de la empresa. Los fondos de inversión que se han hecho con el control de la empresa consideran que es posible darle la vuelta a la crisis de Codere y deshacerse oportunamente de su participación “a un precio que puede quedar determinado por una futura salida a bolsa ya que ahora se marchará a una exclusión del mercado”.

Otro ejemplo de esta actividad empresarial de muertos vivientes es el de Abengoa. La empresa de ingeniería, construcción y energía también ha sucumbido a un endeudamiento excesivo y las vicisitudes que han rodeado al sector de las energías renovables. Su capital ha quedado en manos de los acreedores, pero en este caso no todos los fondos que se han atrincherado en la deuda de la empresa, en particular a través de la adquisición de sus bonos, están de acuerdo en darle una segunda oportunidad. Con la vista puesta en la liquidación de activos, aunque los más significativos están en prenda de la financiación provisoria obtenida por la empresa ya en la fase judicial, los fondos y los bancos acreedores han suscrito el convenio con la empresa en un 75,04% lo que ha determinado que el juzgado extienda el plazo del concurso sin apelar a la liquidación de la sociedad hasta el 28 de octubre de este año.

Mientras, las fuentes jurídicas consideran que los acreedores financieros seguirán sumándose al convenio no descartan que en el paquete haya algún 'hold out' que decida pleitear contra todos para lograr que se le pague la deuda por el nominal. Pero lo que es relevante a los efectos del conjunto de la economía es que los ejemplos son solo la punta de iceberg y que la dimensión de la economía productiva del país en manos de sus acreedores y en riesgo de liquidación es sumamente grande.

La financiación de las actividades productivas del país por las entidades bancarias alcanzó su máximo en 2010 con 1,012 billones de euros y cayó en el último trimestre de 2015 hasta los 644,2 millones de euros, una reducción cercana al 40%. Una parte considerable de la disminución de esa financiación está relacionada con la capitalización de la misma, las quiebras de empresas y la amortización de la inversión inmobiliaria que en parte acabó en las manos de la Sareb.

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