edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
27/05/2011

Un despido disciplinario que no se comunica a los representantes de los trabajadores es improcedente

Javier Ardalán
Es improcedente el despido disciplinario de un trabajador por defectos formales si no  se ha comunicado a los delegados sindicales ni al comité de empresa la incoación del expediente sancionador ni la sanción, aunque no esté afiliado a ninguno de ellos, según determina una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, de 15 de febrero de 2011. En estos casos, la magistrada Díaz Alonso dictamina que la empresa podría haber optado por la notificación del expediente disciplinario y de la propuesta de sanción a todos los representantes de los trabajadores, para facilitar su intervención, o bien, pudo sustituir la audiencia al comité de empresa por la intervención de todos los delegados sindicales de la empresa, en defecto de la existencia de una representación unitaria organizada.

La magistrada entiende que lo que no puede la empresa es ignorar el trámite de dar una mínima audiencia a la representación de los trabajadores de la empresa en los casos de despido disciplinario.

La Sala debe apreciar las infracciones normativas denunciadas, al disponer el artículo 76 del convenio que "las sanciones serán acordadas por la dirección. En todo caso serán informados el comité de empresa y delegado sindical, en su caso", y el artículo 78 que establece que "para todas las faltas, ya sean leves, graves o muy graves y para todos los trabajadores, tengan o no garantías sindicales, la tramitación será la misma: instrucción de expediente contradictorio, en el que será oído, aparte del interesado, el comité de empresa y delegado Sindical, en su caso", normas que imponen la intervención necesaria de los representantes de los trabajadores en los despidos disciplinarios acordados por la empresa".

El artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores establece la posibilidad de que el convenio colectivo imponga otros requisitos formales accesorios a la comunicación del despido para la validez del mismo, como el informe y la audiencia a los delegados sindicales y al comité de empresa, trámites que no se han cumplido en el expediente disciplinario incoado al recurrente.

En su descargo, la empresa alegaba en su descargo que el trabajador no está afiliado a ningún Sindicato, causa que justificaría la omisión de la audiencia a los delegados sindicales, pues tanto el artículo 55.1 párrafo 4º del Estatuto de los Trabajadores como el artículo 10.3.3º de la Ley Orgánica de Libertad Sindical prevén este trámite para los trabajadores afiliados al sindicato, así el precepto estatutario dispone que "Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho Sindicato" , en igual sentido el artículo 10.3.3º de la Ley Orgánica de Libertad Sindical establece que los delegados sindicales tienen derecho a "ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos" .

Considera la magistrada que este trámite ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre otras la dictada el 31 de enero de 2.001, aunque referida a la prescripción de las faltas, en las que declara que "Del tenor literal de estos preceptos se desprende con claridad que la función institucional del trámite preceptivo de audiencia a los delegados sindicales del despido o sanción de un trabajador sindicado no es la notificación de un acuerdo empresarial meramente pendiente de ejecución, sino la comunicación de un proyecto de sanción o despido en cuya decisión en firme puede influir la información proporcionada por el delegado sindical al empresario sobre determinados aspectos o particularidades de la conducta y de la situación del trabajador afectado.

Y también destaca, que la propia Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia de 23 de mayo de 1995, mantiene que la razón de ser de este trámite de audiencia previa es “la conveniencia apreciada por el legislador de que los trabajadores sindicados tengan una protección reforzada frente al poder disciplinario del empresario, a cuyo riesgo de abuso pueden ser más vulnerables», por medio de una defensa sindical preventiva del trabajador afiliado.

En este caso el Convenio colectivo, pretende conceder esa protección reforzada, la audiencia a los representantes de los trabajadores, no sólo en aquellos casos en los que sea preceptiva como los trabajadores afiliados a sindicatos, sino en cualquier caso, por ello en los artículos 76 y 78 establece la audiencia al delegado sindical "en su caso" y al comité de empresa "en todo caso" es decir para los trabajadores afiliados y no afiliados a sindicatos.

Alega la empresa como justificativa de su conducta de omitir la notificación al comité de empresa, que no tiene designado presidente o Secretario para recibir notificaciones, pero aparte del hecho de que no está probado que no exista Comité de Empresa que funcione normalmente en la empresa, cuestión al menos dudosa en una empresa de la envergadura de la que fue despedido el trabajador.

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