edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
08/11/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Un documento caducado para justificar una garantía impide el aplazamiento del pago impositivo

Javier Ardalán
Cuando la Administración requiere un documento no es necesario que advierta al contribuyente que el documento que se aporte en atención a dicho requerimiento deba ser válido y eficaz a la fecha de su aportación, según establece una resolución de reunificación de doctrina, de 27 de diciembre de 2018, del Tribunal Económico Administrativo (TEAC).
Por ello, el TEAC decide que para valorar la suficiencia económica y jurídica de una garantía, resulta a todas luces insuficiente aportar una nota simple y una tasación de un inmueble cuya validez ya ha expirado.

La  normativa que regula y desarrolla la tramitación de los aplazamientos y fraccionamientos, arriba expuesta, indica, por un lado, los datos que necesariamente se deben hacer constar en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, y por otro lado, la documentación que se debe adjuntar a estas solicitudes y que varía en función del tipo de garantía que se ofrece por parte del solicitante al órgano de recaudación.

En el caso que nos ocupa, puesto que la garantía ofrecida no consistía en aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, la documentación que debe adjuntarse es la señalada en el artículo 46 del Reglamento de Gestión Recaudatoria (DGR), si bien, esta documentación también puede complementarse en los términos que señala la Instrucción 6/2006 al objeto de examinar la admisibilidad, suficiencia e idoneidad de la garantía ofrecida.

Esta documentación complementaria que se puede requerir y que puede consistir en valoración de forma desglosada de cada uno de los bienes ofrecidos efectuada por empresas o profesionales especializados y por certificado de propiedad y cargas que pudieran recaer sobre los bienes expedido por el Registro de la Propiedad.

La falta de presentación de esta documentación o su aportación incompleta tendrá como consecuencia que la Administración resuelva con los datos o documentos en su poder, lo que puede dar lugar a la denegación de la solicitud cuando no quede suficientemente acreditada la suficiencia económica y jurídica de las garantías, de lo que se advierte expresamente al interesado en el correspondiente requerimiento.

La normativa aplicable en ningún punto establece que en los requerimientos de documentación, se indique expresamente que la documentación que se aporte deba tener una antigüedad determinada ni que se exprese de manera explícita que la documentación haya de ser válida.

Y ello es así porque resulta obvio que si el obligado tributario debe aportar una garantía suficiente, suficiencia económica y jurídica, los documentos que aporte deben tener validez, vigencia y estar actualizados a la fecha en la cual se tramita la solicitud que ha presentado el propio obligado tributario.

Si un documento se ha expedido con efectos para unas fechas concretas y a la fecha de su aportación ha caducado, es evidente que el obligado tributario no puede pretender que surta efecto. Lógicamente si un documento está caducado, carece de eficacia o virtualidad.

En el supuesto que da lugar al criterio controvertido, la Administración practicó un requerimiento especificando claramente los documentos que se solicitaban, entre los cuales se encontraban el certificado de dominio y cargas expedido por el Registro de la Propiedad, un certificado emitido por la entidad bancaria correspondiente a las cargas que pesan sobre el inmueble ofrecido como garantía y valoración realizada por empresa autorizada.

El TEAC en resolución de recurso de alzada extraordinario en unificación de criterio, la resolución 5208/2014 se pronunció, con cita de diversas sentencias, concluyendo que es exigible que la Administración tributaria formule un solo requerimiento de subsanación de defectos o aportación de datos, de forma tal que si una vez formulado un requerimiento y habiendo sido atendido por el obligado requerido, si todavía se juzga insuficiente la documentación aportada o no subsanados aún los defectos ya advertidos, la Administración dictará resolución desestimatoria del aplazamiento/fraccionamiento solicitado.

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