edición: 2829 , Lunes, 21 octubre 2019
19/09/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Un Estado no puede exigir el pago de su salario mínimo a un licitador de otro Estado

Javier Ardalán

Importante sentencia sobre concursos públicos en la Unión Europea, que establece que exigir el pago del salario mínimo del Estado de origen de un licitador público, sin ninguna relación con el coste de la vida del Estado miembro donde realiza su actividad, es incompatible con la libre prestación de servicios.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 18 de septiembre de 2014, determina que cuando un licitador tiene previsto ejecutar un contrato público exclusivamente con trabajadores empleados por un subcontratista establecido en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora, el artículo el Derecho comunitario se opone a la aplicación de una normativa del Estado miembro de esa entidad adjudicadora que obliga a ese subcontratista a pagar a los citados trabajadores un salario mínimo fijado por dicha normativa.

La ponente, la magistrada Alexandra Prechal, dice también que la imposición de una remuneración mínima a los subcontratistas de un licitador establecidos en otro Estado miembro en el que los salarios mínimos son inferiores constituye una carga económica adicional que puede impedir, obstaculizar o hacer menos interesante la ejecución de prestaciones en ese otro Estado miembro.

Aunque en principio, el Tribunal de Justicia estima que una normativa que pretende garantizar que se pague a los trabajadores un salario adecuado a fin de evitar el ‘dumping social’ y la penalización de las empresas competidoras que conceden un salario adecuado a sus empleados, no es adecuada para alcanzar ese objetivo si no hay indicios que permitan suponer que los trabajadores empleados en el sector privado no necesitan la misma protección salarial que los empleados en el marco de la contratación pública.

En cualquier caso, la normativa nacional controvertida resulta desproporcionada, dado que su ámbito de aplicación se extiende a una situación en la que los trabajadores ejecutan un contrato público en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora y en el que la cuantía del salario mínimo es inferior.

En el caso en litigio, una Ley del Land de Renania del Norte-Westfalia (Alemania) establece que determinados contratos públicos de servicios sólo pueden adjudicarse a empresas que, en el momento de presentar la oferta, se hayan comprometido a pagar a su personal un salario mínimo por hora de 8,62 euros en contrapartida por la ejecución de la prestación.

Al imponer un salario mínimo fijo que, efectivamente, corresponde al necesario para garantizar en Alemania una remuneración adecuada a los trabajadores en relación con el coste de la vida en ese país, pero que no guarda relación con el coste de la vida en el Estado miembro en el que se llevarán a cabo las prestaciones relativas al contrato público de que se trata (en este caso, Polonia) y que privaría, por ello, a los subcontratistas establecidos en ese Estado miembro de obtener una ventaja competitiva de las diferencias existentes entre las cuantías de los salarios respectivos, una normativa de este tipo va más allá de lo necesario para garantizar que se consiga el objetivo de la protección de los trabajadores.

En efecto, esta normativa, al imponer, en tal situación, un salario mínimo fijo correspondiente al necesario para garantizar una remuneración adecuada a los trabajadores del Estado miembro de la entidad adjudicadora a la vista del coste de la vida en ese Estado miembro, pero que no guarda relación con el coste de la vida en el Estado miembro en el que se llevarán a cabo las prestaciones relativas al contrato público de que se trata y que privaría, por ello, a los subcontratistas establecidos en este último Estado miembro de obtener una ventaja competitiva de las diferencias existentes entre las cuantías de los salarios respectivos, va más allá de lo necesario para garantizar que se consiga el objetivo de la protección de los trabajadores.

La medida de protección salarial controvertida en el litigio principal tampoco puede justificarse a la luz del objetivo de estabilidad de los regímenes de la seguridad social. En efecto, no se ha alegado ni resulta tampoco sostenible que la aplicación de esta medida a los trabajadores polacos afectados sea necesaria para evitar un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social alemán.

Si estos trabajadores no percibiesen un salario adecuado y se vieran obligados, en consecuencia, a recurrir a la seguridad social para asegurarse un nivel mínimo de poder adquisitivo, tendrían derecho a las ayudas sociales polacas. Pues bien, es evidente que tal consecuencia no recaería sobre el sistema de seguridad social alemán.

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que un licitador tiene previsto ejecutar un contrato público exclusivamente con trabajadores empleados por un subcontratista establecido en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora, el artículo 56 del Tratado Fundacional de la UE se opone a la aplicación de una normativa del Estado miembro de esa entidad adjudicadora que obliga a ese subcontratista a pagar a los citados trabajadores un salario mínimo fijado por dicha normativa.

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