edición: 2306 , Martes, 19 septiembre 2017
23/11/2012
El Gobierno fue seriamente tocado por una huelga general que paralizó totalmente al país

Un fallo obligando a Argentina a pagar a los fondos rebeldes puede poner en jaque las reestructuraciones

Carlos Schwartz

La Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos recibió las precisiones solicitadas al juez que falló en primera instancia contra Argentina en el caso de los fondos de inversión que no acudieron al canje de la deuda cuyo pago se suspendió en 2001 y fue posteriormente reestructurada. Las precisiones establecen que cada vez que Argentina haga un pago a los acreedores que si acudieron al canje de la deuda, deberá pagar también a los acreedores que no aceptaron la sustitución de activos . El juez afirma además que el país deberá pagar con plazo el 15 de diciembre próximo las cantidades adeudadas a los fondos rebeldes que asciende a 1.300 millones de dólares. El próximo dos de diciembre hay un vencimiento que el país si podrá atender por ser anterior al plazo establecido en la orden judicial. Pero el juez además ha hecho responsables subsidiarios de los pagos a todas las instituciones que son canales necesarios para el pago de la deuda reestructurada que “conciertan de forma activa (con el Gobierno) o participan o son sus agentes”.

Esto incluye a los bancos y agentes financieros intermediarios, como Bank of New York Mellon que es fiduciario de los bonos reestructurados. La extensión de las obligaciones de pago al sistema financiero estadounidense no tiene precedentes y pone en jaque de forma global a los procesos de reestructuración de deuda como el de Grecia, por dar un ejemplo más próximo. Si se pone en pie de igualdad a los denominados hold outs, es decir la minoría que normalmente no acepta acudir a un canje de deuda, con los que aceptan mayoritariamente el plan de pagos nuevo de un lado se evapora la seguridad jurídica de quienes aceptan los términos más duros y del otro se da argumentos al conjunto de los acreedores para no aceptar la refinanciación de las deudas. Pero, por encima de todo, se cuestiona la posibilidad de que los organismos multilaterales que intervienen muchas veces en estos procesos se vean involucrados como responsables subsidiarios de los procesos y que se vean afectado en su capacidad de cobrar el dinero prestado por la alteración de la prelación de pagos que supone admitir de formas directa a los rebeldes.

El juez de la corte de distrito de Estados Unidos, Thomas Griesa, ha reaccionado de forma dura ante las advertencias de Argentina de que no pagará. La lectura de los expertos es que precisamente por ello ha hecho responsables subsidiarios a las entidades colaboradoras que actúan como canales de pago de la deuda para los nuevos bonistas. Pero lo que es más claro aun es que ha fijado como condición para que Argentina pueda recurrir ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense que el dinero adeudado a los hold outs, y que el juez ha cuantificado en 1.300 millones de dólares, deberá depositarse en una cuenta de consignaciones antes del 15 de diciembre, plazo en el que decae el derecho a recurrir. Es decir que el recursos tiene un precio alto. Mientras, el principal actor del litigio, el fondo de inversión Elliot Fund, que ha logrado el embargo de un buque escuela y una corbeta de la marina, es decir bienes del Estado y material militar sobre los que no pesa otro tipo de embargo, comienza a ver el resultado de años de tenaz campaña. Ni el juez, ni la corte de apelaciones, han tenido en cuenta la nota favorable a Argentina de la Reserva Federa consultada por los organismos judiciales.

Mientras, Argentina, que navega al borde de una crisis fiscal a cuenta de la política del Gobierno de Cristina Fernández hace frente a una rebelión generalizada. Una huelga general convocada por dos centrales de trabajadores, una de ellas -la CTA- en el pasado más próxima al equipo presidencial que la CGT, ha paralizado al país esta semana sin fisuras. Es decir las huelga ha tenido unas dimensiones colosales y ha ido mucho más allá de lo que el propio Ejecutivo esperaba puesto que las asambleas de trabajadores han incluso detenido el trabajo en sectores, gremios y empresas en las que se daba por descontada la afinidad con el equipo de gobierno. El cambio no es una banalidad y pone de relieve que los intentos por financiar su crisis fiscal mediante la apelación al Banco Central, a los recursos de la seguridad social (ANSES), y mediante el incremento de la presión fiscal sobre el salario de los trabajadores está tocando fondo.

La masa de dinero que el Tesoro recibe de la emisión monetaria para pagar sus deudas y de la ANSES, está en el origen de la fuerte presión inflacionista que padece el país. El banco Central drena esta liquidez de los bancos del sistema con una deuda específica, cuyo tipos de interés rondan el 15,5% anual. A causa de este proceso la deuda del BCRA con la banca es del orden de los 150.000 millones de pesos, es decir unos 30.000 millones de dólares. Las reservas de divisas del país están hipotecadas si se mide el proceso de endeudamiento interior del Gobierno, que por otra parte debe hacer frente ahora a la crisis que se le presenta a nivel internacional con el fallo judicial estadounidense.

Queda por ver ahora si la corte de apelaciones estadounidense mantiene las precisiones del juez Griesa. Es decir la extensión de la responsabilidad y la valoración de la deuda de Argentina con los hold outs. Si lo hace la única salida que le queda a Argentina es pagar para apelar, o recurrir nuevamente a la suspensión de pagos sobre el conjunto de la deuda. Este último es el escenario más probable ya que el Gobierno no se avendrá a las condiciones de la justicia estadounidense. Un nuevo default argentino va a agudizar la crisis interna del país.

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