edición: 2789 , Lunes, 26 agosto 2019
06/03/2017

Un grupo de empresas vinculadas al sector portuario rechazan el decreto de reforma de Fomento

Los empresarios consideran la imposición de los cambios como un foco de conflictividad innecesario
Carlos Schwartz
El portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo afirmó en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que: “En este marco de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, creemos que hay margen para un acuerdo y si necesitamos más tiempo, estamos dispuestos a dar más tiempo para ese acuerdo”. El retroceso del Gobierno es resultado de la falta de apoyo para la convalidación parlamentaria del decreto de un lado y de las presiones de un sector empresarial que acusa directamente al Director General de Puertos del Estado, José Llorca Ortega de las tensiones acumuladas en el sector. La semana pasada el presidente del Grupo Boluda, Vicente Boluda, a las puertas de una reunión del Propeller Club de Valencia en el que se agrupan los empresarios del sector portuario y marítimo señaló que: “Hay un responsable de todo esto. Está claramente definido, y ha estado dentro del Gobierno tapando este asunto durante los últimos años”, denunció. Se está jugando con el futuro de las personas, se está jugando con el futuro de muchas familias y de la supervivencia de muchas empresas”, y aseveró: “no hay más que tirar de hemeroteca para saber quién es”. Una fuente de un despacho especializado en derecho marítimo señaló a ICNreport que: “José Llorca Ortega fue director general de Puertos del Estado entre 2000 y 2004, y ha sido designado nuevamente en 2012 y es el redactor del texto del decreto.
Hay evidencia documental de que el Real Decreto Ley 4/2017 es virtualmente un calco de informes elaborados por el funcionario y de un proyecto destinado a la negociación con Bruselas que la ex ministra Ana Pastor decidió dejar en un cajón en el 2015 en vísperas de las elecciones generales. Ha sido precisamente Llorca quien ha negociado con la UE las reformas en España. Hay varias empresas en el sector portuario que consideran que la intención de imponer la adecuación de la legislación portuaria española a las exigencias de la UE en los términos que ha sido presentada por Fomento beneficia de forma específica un pequeño sector del conjunto de la actividad en los puertos que aspiran a una reducción salarial brutal. “Esa solución va a ocasionar severas pérdidas a otras empresas y además supone que la carga de las indemnizaciones para la extinción de las plantillas de las sociedades anónimas de gestión de los trabajadores portuarios (SAGEP) recaiga sobre los puertos, es decir sobre el presupuesto de las Autoridades Portuarias”, señala un empresario del sector marítimo.

“Los hechos son que la barbaridad de Llorca ha tomado cuerpo en las manos del ministro de Fomento, Iñigo de La Serna, y el consejo de ministros lo ha dado por bueno. Con lo cual el problema ahora es cómo salen al paso de las presiones a las que están sometidos. Hay otro personaje en este entramado que es un factor relevante: José Luis Almazán que es el vicepresidente de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE). Almazán es un hombre del Partido Popular que fue director de la Autoridad Portuaria de Melilla y miembro de la ejecutiva del Partido Popular en la ciudad. Es ahora el hombre del lobby de la PIPE cuyos intereses están bajo la tutela de los fondos de inversión que operan en el sector portuario en lo que se puede denominar inversiones oportunistas que están a la espera de hacer una plusvalía significativa sobre sus inversiones. Estos intereses chocan con los que tienen las empresas que mantienen una actividad regular en el sector y que están desde siempre y aspiran a estar para siempre allí”, señaló la fuente del despacho de abogados marítimos consultada.

De acuerdo con la hemeroteca, Almazán llegó en 2004 como segundo del presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Arturo Esteban Albert, quien era además presidente del PP en Melilla y fue delegado del Gobierno en la ciudad autónoma bajo los gobiernos de José María Aznar. De acuerdo con las informaciones periodísticas de ese momento, Almazán favoreció empresas vinculadas a funcionarios del puerto contratados por él. De acuerdo con algunos empresarios vinculados a la actividad portuaria “algunos dirigentes del PP en diversas regiones han manifestado al Gobierno que Llorca es un factor de irritación en el proceso de negociación y debería ser relevado”. Respecto de Almazán menudean las descalificaciones por parte de esos mismos sectores empresariales.

Una fuente en una relevante empresa operadora de terminales portuarias señaló a ICNreport que: “Uno de lo problemas es la elasticidad en la interpretación de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo y en general de las directivas de Bruselas". Existe un margen de interpretación significativo en la medida que la libertad de establecimiento no quiere decir que se extingan de forma obligada las presentes relaciones laborales, sino que se pueden subrogar. Por otra parte, las autoridades de la UE son muy permeables a la actividad de lobby de las diversas partes en temas como la liberalización de la actividad en los puertos.

Si se tiene en cuenta que el negociador español fue Llorca es lógico pensar, como lo hacen muchas de las partes interesadas, que ha impulsado un proyecto basado en sus propios intereses y objetivos”. Bruselas ha tenido una política errática frente al tema de la liberalización del sector portuario entre otras cosas porque es un asunto de una gran conflictividad y en este delicado momento de la vida de la Unión nadie está interesado en cargarse con más problemas.

Esta semana visita Madrid la funcionaria que ha encabezado las negociaciones por parte de la UE. Gobierno y sindicatos tienen puestas expectativas antagónicas en esa visita. Según el gobierno porque hará público el apoyo al controvertido decreto que pretende modificar la ordenación existente. Los sindicatos porque consideran que se abstendrá de señalar que es necesaria la extinción de las presentes relaciones laborales. “La cuestión es que mientras no se avance con una negociación las espadas siguen en alto y los que pierden son los operadores de las infraestructuras portuarias y muchos de entre ellos se han hartado de la improvisación del Gobierno”, señala una fuente del sector.

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