edición: 2825 , Martes, 15 octubre 2019
10/10/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Un informe financiado por Hacienda concluye que es técnicamente posible sustituir el dinero efectivo por una divisa electrónica

Xavier Gil Pecharromán
De manera recurrente, desde la Administración tributaria se ha venido abogando por el cambio del dinero en efectivo por dinero electrónico para evitar el fraude. En esta línea, el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda ha publicado un análisis en el que se concluye que la sustitución del dinero en efectivo por una divisa electrónica oficial (en el sentido de pública, controlada por los respectivos bancos centrales y como contraposición a otras divisas virtuales privadas como los bitcoins) es técnicamente posible.
Además, señala que con el Derecho de la UE no parece que existan grandes problemas en que se reconozca a los países que tienen al euro como moneda común, a pesar de la falta de regulación al respecto. Así, lo afirma Manuel Lucas Durán, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá, en su informe sobre la ‘Eliminación del dinero en efectivo y su sustitución por divisa electrónica como vía más eficaz para combatir el fraude y la elusión fiscales’.

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad “La residencia como punto de conexión para la aplicación del Derecho. El profesor basa sus argumentos en el ejemplo de que se ha producido la sustitución de valores en papel por anotaciones en cuenta en otros ámbitos de la economía, como fue el caso de las acciones de compañías cotizadas o títulos de deuda pública en España y otros países de nuestro entorno.

Existen, no obstante, problemas jurídicos que podrían considerarse en relación con esta idea, que tienen que ver primeramente con la legitimidad de la UE para acometer tal medida, así como con los aspectos procedimentales que habrían de seguirse para operar tal cambio.

Además, considera que sería preciso indagar en qué manera el derecho a la intimidad y otros derivados del mismo, como por ejemplo el derecho a la protección de datos personales, podrían resultar afectados por la conversión de una moneda en efectivo en divisa electrónica. Además, señala que debería examinarse asimismo el régimen de cesión de los datos sobre pagos y cobros que se generarían en los ordenadores del BCE.

En relación con el Derecho de la UE no parece que existan grandes problemas en reconocer a los países que tienen al euro como moneda común –a pesar de la falta de regulación al respecto– la posibilidad de decidir por unanimidad la adopción de una divisa exclusivamente electrónica, como cualquier otra política que les concierna en relación con la moneda común a todas ellas. Se trata, en suma, de un principio básico de Derecho Internacional en lo que a las instituciones supranacionales respecta.

En relación con la protección del derecho a la intimidad –y de los datos de carácter personal–, al analizar la normativa española, de la Unión Europea y del Consejo de Europa, así como de los convenios internacionales relacionados con el intercambio de información, parece derivarse que la postergación del referido derecho fundamental en pro de combatir adecuadamente determinadas actividades ilícitas y criminales, incluyendo entre ellas la propia defraudación tributaria, no debe reputarse contraria a Derecho siempre y cuando se realice un adecuado juicio de proporcionalidad que pondere ambos intereses jurídicos.

En efecto, la tutela de la intimidad personal y la pulcritud en el tratamiento de los datos personales, con elevados estándares de protección y supuestos tasados de cesión conlleva que la intromisión en la privacidad pueda considerarse mínima y justificada. De hecho, destaca el profesor que así lo han reconocido diversas resoluciones judiciales nacionales y supranacionales emitidas sobre la postergación de la intimidad personal en contraste con –entre otros– los intereses fiscales de un Estado.

Para ello es preciso que la injerencia en tal derecho fundamental sea necesaria y proporcionada con los fines pretendidos. Ahora bien, habida cuenta del deber de secreto que afecta a los titulares de los datos personales transferidos según la normativa aplicable a tales transferencias de datos y de los límites de fines que permitirían su cesión, el referido principio de proporcionalidad que toleraría la injerencia en la privacidad para lograr determinados fines resultaría, en principio, cumplido.

Finalmente, y en lo que concierne a las posibilidades de cesión a los distintos Estados de la UE y la Comunidad Internacional de los datos que se generarían en el BCE, tales supuestos deberían sin duda regularse por las normas adecuadas.

 Así, por un lado, determina que habría de aprobarse un convenio multilateral entre los distintos Estados que comparten la divisa común europea, en la cual se habrían de referir no sólo el régimen de cesión de la información, previsible y deseablemente automático y no espontáneo o mediando previa solicitud, sino también los órganos nacionales a quienes se debería ceder tales datos.

También, deberían regulase, como ejemplo, las condiciones de la cesión de referida información enumeración de los fines legítimos para los que podrían usarse los datos sobre pagos, entre los que lógicamente estaría la recaudación tributaria. Ciertamente, tal normativa seguiría los principios del acervo comunitario ya reflejados en otras normas europeas, como las  Directivas 95/46/CE y 2011/16/UE, relativas a la relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y   a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, respectivamente.

Más allá de la cesión del BCE a otros Estados de la zona euro, apunta que  la Unión Europea podría fijar acuerdos internos, con otros Estados miembros no pertenecientes a la eurozona, o externos, con países terceros, para regular el régimen de cesión de la información. En relación con los acuerdos internos, se podrían adoptar reglamentos europeos para regular tales cesiones o bien convenios bilaterales o multilaterales.

En cuanto a los acuerdos externos con terceros países, habida cuenta de que la UE es un sujeto de Derecho internacional, concluye que podría firmarse la adhesión de la misma a tratados multilaterales o bilaterales de intercambio de información, probablemente en el marco del Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales; o de otras regulaciones auspiciadas determinados países que lideran referida transparencia internacional de las transacciones financieras, como serían los acuerdos referidos al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Finalmente, estima el autor que en lo que respecta a la cesión de datos por los Estados miembros que, a su vez, han sido cesionarios de los datos sobre cobros y pagos facilitados por el BCE, habría de estarse a los regímenes de intercambio de información existentes en el Derecho Internacional (convenios bilaterales o multilaterales de intercambio de información, o que incluyen una cláusula de intercambio de información

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