edición: 2326 , Jueves, 19 octubre 2017
17/10/2008

Un mal día para que Zapatero saque pecho en Bruselas

Xavier Gil Pecharromán

Los países comunitarios, en las últimas horas, han logrado un acuerdo para capear la crisis económica, han solicitado reformas en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y han alcanzado el esperado acuerdo sobre la armonización de las políticas inmigratorias. Una jornada épica en la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha convertido en uno de los más activos agitadores de medidas anticrisis. La pena es que la jornada comunitaria haya coincidido con una batería de denuncias y advertencias de la Comisión Europea y del Tribunal Comunitario (TUE), que han dejado las vergüenzas legislativas españolas a la vista de propios y extraños.

Si no hace 24 horas que Zapatero aparecía como el máximo adalid de las fusiones financieras para coger músculo y superar las penurias bancarias de la actualidad, ahora llega la denuncia de la Comisión Europea por no aplicar la directiva comunitaria sobre fusiones transfronterizas, pese a que el plazo para hacerlo vencía a finales del año 2007. Poco importa que también se haya denunciado a  Bélgica, Grecia, Francia, Portugal y Suecia. Mal de muchos…

Esta norma, adoptada en 2005, tiene como objetivo facilitar las fusiones transfronterizas de sociedades de capital. Establece un marco simple que se inspira en las reglas nacionales que rigen las fusiones dentro de un mismo país y evita la liquidación de la empresa adquirida.

Por si esto fuera poco, el Ejecutivo comunitario enviaba un dictamen motivado, que supone la segunda fase del procedimiento de infracción, por no aplicar la norma que simplifica las reglas de constitución, mantenimiento y modificación del capital de las sociedades anónimas pese a que el plazo para hacerlo vencía en abril de 2008.

UN PILAR BÁSICO DEL GOBIERNO

Las denuncias comunitarias por falta de cumplimiento en la transposición han incidido también en uno de los pilares sociales del Gobierno de Zapatero: en la lucha contra el blanqueo de capitales. Se trata de uno de los objetivos fundamentales del Gobierno, de Hacienda y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sin embargo, Bruselas ha denunciado a España (y a Bélgica, Irlanda y Suecia) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por no aplicar la nueva normativa comunitaria contra el blanqueo de capitales. Se trata de una fase más en el procedimiento del expediente sancionador. El plazo para incorporar esta regla al ordenamiento jurídico español venció el 15 de diciembre de 2007.

Esta Directiva, adoptada en 2005, endurece el régimen comunitario de lucha contra el blanqueo de capitales, que en la actualidad se aplica ya al sector financiero, abogados, notarios, contables, corredores de la propiedad inmobiliaria, empresas de cambio de divisas y casinos.

Esta nueva vuelta de tuerca, recomendada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),  contra las tramas de blanqueo y de financiación del terrorismo afecta a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, a todos los proveedores de bienes cuando los pagos efectuados en metálico superen los 15.000 euros y a las transacciones con bancos corresponsales situados fuera de la Unión Europea.

Y hablando de Hacienda, también las denuncias han llegado a la fiscalidad española, en esta ocasión en fase de dictamen motivado, pues la normativa española grava la renta bruta a los no residentes que operan en España sin un establecimiento permanente, mientras que a los residentes se les grava únicamente su renta neta, y en general, el régimen aplicable a las plusvalías de los residentes también se aplica a los no residentes, aunque en algunos casos se gravan las de los no residentes que operan en España sin un establecimiento permanente, mientras que no se gravan las de los residentes.

La Comisión Europea ha exigido también a las autoridades españolas que supriman lo que consideran un ‘impuesto de salida’ para las personas físicas que dejan de ser residentes fiscales en España, puesto que constituye una restricción injustificada de la libre circulación de personas, pues cuando se transfiere la residencia al extranjero se debe hacer constar los "ingresos no imputados" en la declaración relativa al último ejercicio tributario en el que aún era considerado contribuyente residente, y dichos ingresos son gravados  de forma inmediata.

Este gravamen inmediato, según la jurisprudencia comunitaria, penaliza a quienes dejan España, al dispensarles un trato menos favorable que a las personas que permanecen en el país, a las que se permite gravar los ingresos a lo largo de una serie de ejercicios tributarios.

LISTA INTERMINABLE DE INCUMPLIMIENTOS

La lista de denuncias es casi interminable e incluye asuntos como la aplicación de derechos portuarios discriminatorios en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, donde son inferiores a los recaudados por el tráfico entre los puertos españoles continentales y en los comunitarios.

La legislación española prevé asimismo que los derechos recaudados por el tráfico entre un puerto español y un puerto de un tercer Estado no pueden ser objeto de bonificación alguna, por lo que son superiores a los recaudados por el tráfico entre los puertos españoles y los comunitarios.

En otros aspectos, tampoco se ha transpuesto la normativa correspondiente a la importación de medicinas de herbolario o las condiciones para el transporte de ganado.

Finalmente, el Tribunal de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España por no haber introducido en su legislación las disposiciones necesarias para facilitar el reconocimiento del título de controlador de tráfico aéreo y seguir manteniendo  un real decreto de 1998 que no prevé las homologaciones.

Y a esta fase están a punto de llegar otras denuncias anteriores, como por ejemplo la del conocido como ‘céntimo sanitario’, que en algunas comunidades autónomas españolas cobra con el importe de la gasolina y el gasóleo y que va contra el espíritu tributario acordado por los países comunitarios.

Con este bagaje escondido en el armario, es complicado querer liderar a los demás en la consolidación de la Unión Europea.

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