edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
17/06/2009

Un millón de profesionales regulados por la Ley Ómnibus desconocen como les afectará

Xavier Gil Pecharromán

Xavier Gil Pecharromán
La famosa Ley Ómnibus, aprobada la pasada semana por el Consejo de Ministros y que revoluciona la vida de las profesiones colegiadas, afecta a un millón de profesionales, que suponen un 6,1% del empleo total, el 30% del empleo universitario y un 8,8% del PIB, ha pasado sin pena ni gloria por los medios de comunicación. El último retoque al anteproyecto de Ley ha modificado a última hora algunos aspectos fundamentales y ha dejado otros fuera del texto general para incluirlos posteriormente en el trámite parlamentario en otras normativas.

Así, se ha incluido en el articulado, que en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. Hasta la entrada en vigor de la mencionada ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes.

Esta es una concesión a las autonomías, ya que en un principio se pensaba que estas decisiones iban a quedar en este ámbito de decisiones administrativas, pero los demoledores informes del Consejo de Estado, Consejo Económico y Social y Comisión Nacional de la Competencia dejaron claro que se trata de un aspecto legal regulado por normativas de ámbito estatal.

El tema de los visados, que tiene a mal traer a los arquitectos y a los ingenieros, principalmente, es un tema que afecta muy directamente a los consumidores, puesto que los Colegios de profesiones técnicas sólo visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes o así lo establezca el Gobierno mediante un real decreto. En ningún caso los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales, tal y como ocurre ahora.

La desaparición del visado supondrá, según el Gobierno, un ahorro para profesionales y consumidores. La falta de obligatoriedad del mismo, supondrá una merma en los ingresos de los colegios técnicos.  Por ello, el Gobierno ha decidido tomarse su tiempo antes de tomar una decisión definitiva al respecto. Una disposición de la futura Ley establece que "en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará un Real Decreto que establezca los visados que serán exigibles".

Los efectos de esta normativa sobre los precios van a ser claros. La propuesta tendrá un efecto positivo sobre los precios en la medida en la que elimina trámites que actualmente repercuten de forma directa sobre el coste de la prestación del servicio. Asimismo, la mejora de las condiciones de competencia debe tener una repercusión positiva en la capacidad de los profesionales de ofrecer servicios de calidad a mejor precio. El sector de los servicios profesionales tiene una alta presencia de pequeñas y medianas empresas y autónomos, que serán los más beneficiados.

También tiene importantes efectos sobre el empleo, al menos en previsiones, dado que se eliminan costes para el acceso y ejercicio de la actividad profesional. Merece destacarse la obligación de ajustar las cuotas de incorporación a los Colegios a su coste efectivo, que tiene especial incidencia positiva en el inicio de la actividad.

Otro aspecto que se desvela, aunque todavía hay muchas incógnitas sobre la materia es el de la Ley de Sociedades Profesionales y la opción de evitarla, a través de sociedades multidisciplinares. , que suponen una alternativa a las sociedades profesionales y que no tienen desarrollo normativo alguno, es que podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal.

Se rebajan las condiciones de capital de los socios profesionales, que antes eran de las tres cuartas partes y que ahora pasan a ser sólo de, como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales. La misma reducción se ha incluido para el número de socios.

Otras novedades importantes incluidas en la última revisión son: que si el órgano de administración es unipersonal, o si existen consejeros delegados, dichas funciones habrán de ser desempeñadas necesariamente por un socio profesional. En todo caso, las decisiones de los órganos de administración colegiados requerirán el voto favorable de la mayoría de socios profesionales, con independencia del número de miembros concurrentes.

En ningún caso, los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales o través de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, podrán establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria.

Finalmente, un avance fundamental es que cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio nacional.

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