edición: 2762 , Miércoles, 17 julio 2019
09/02/2011

Un nuevo auto de la Audiencia de Navarra anula la posibilidad de cancelar la hipoteca con la entrega de la vivienda

Javier Ardalán
Se acabó la discusión sobre si prosperará la línea jurisprudencial que cancela las deudas hipotecarias con la entrega de la casa, aunque en la subasta no se obtenga el dinero para saldarla. Se trataba de un auténtico reto al sistema hipotecario español. La misma Audiencia Provincial de Navarra que emitió el auto del magistrado Goyena Salgado que la reconocía, el pasado 17 de diciembre de 2010, emitía otro absolutamente  antagónico, con fecha 4 de febrero de 2011. Poco les ha durado la fiesta a las asociaciones de consumidores y a los diputados que se lanzaron a abanderar esta iniciativa judicial. No ha hecho falta que se pronunciara ni el Tribunal Supremo, al que había recurrido el BBVA a través de un incidente de nulidad.

La resolución de la Sala Tercera falla un caso similar que el anterior. Resuelve un procedimiento por impago de la hipoteca enviado por el Juzgado nº 2 de Tafalla, el mismo que motivó el precedente. Y le recuerda a esta juez que los jueces tienen que cumplir la normativa y no sustituir al legislador en sus actuaciones.

El ponente, el magistrado Delgado Cruces, le dice a la juez, y de rebote al magistrado Goyena, que el artículo 117.1 de la Constitución regula los requisitos básicos atribuibles a quienes ejercen funciones jurisdiccionales como la independencia y sumisión a la ley. Y recuerda que el juez ha de estar sometido a las leyes aprobadas por los órganos legislativos, al conjunto de ordenamiento jurídico, como expresión de la soberanía popular.

Le dice a la juez que la independencia y la inamovilidad de que goza el juez no se le otorga al juez en sí, sino que atienden a la función que desempeña  al servicio de la sociedad, lo que se plasma en la libertad de enjuiciamiento propia de la independencia, pero con el consiguiente contrapeso del sometimiento a la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Por si fuera poco, el auto recuerda también que el artículo 1191 del Código Civil que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros, lo que supone el principio de responsabilidad universal. También indica que el artículo 579  de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso de los bienes hipotecados, regula que una vez celebrada la subasta, si el resultado fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falta y la ejecución proseguirá.

Asegura que esta la magnitud de la evidencia sobre la normativa respecto al cumplimiento en estos casos de las obligaciones por parte del deudor con todos sus bienes presentes y futuros así como en los supuestos de ejecución dineraria en caso de bienes hipotecados o pignorados, que no alcanzan a comprenderse las razones por las cuales la juez eludió la aplicación al caso de la preceptiva mencionada, pues con independencia de las opiniones personales que los preceptos mencionados puedan merecer, cuestión ajena al contenido de esta resolución, lo cierto es que el supuesto planteado en este caso tenía perfecto encaje según lo recogido en el Código Civil. Y remata señalando que no le corresponde al juez asumir funciones reservadas al legislador, sino aplicar la ley al caso concreto. Se puede decir más alto, pero no más claro.

Las críticas se centran en el nuevo auto sobre la degradación de la seguridad jurídica que cuanto alteran el sistema hipotecario, con importantes repercusiones prácticas ajenas a las previsiones legales. Este tipo de decisiones pueden afectar a los mercados de titulización hipotecaria, por poner un ejemplo.

El primer auto, por el contrario, se apoyaba en el artículo 3.1 del Código Civil que dispone que las normas se interpretarán según la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas. Por ello, consideraba que la pretensión de la entidad de proseguir con la ejecución "no constituirá un abuso de derecho, aunque es moralmente rechazable" ya que resulta "especialmente doloroso que la alegación que justifica su pretensión esté basada en unas circunstancias que esencialmente y como vulgarmente se dice han suscitado una gran sensibilidad y han levantado ampollas". Y ello, a pesar de reconocer que, si bien formalmente, "cabría entender que la actuación del banco se ajusta a la literalidad de la ley y que efectivamente tiene derecho a solicitar lo que ha solicitado".

El auto ahora rebatido, defendía razones morales y de culpabilidad de los bancos en la crisis para justificar la negativa a que pudiesen seguir las entidades embargando tras la subasta.

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