edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
20/09/2011
Profesiones "europeas"

Un paso más hacia la implantación de la tarjeta profesional europea

Concluye el plazo para presentar propuestas a la Directiva que afecta, entre otros, a los abogados
La tarjeta podría ser el único medio necesario para probar que se puede ejercer en otro país
Javier Ardalán

La tarjeta profesional europea, una de las propuestas más innovadoras incluidas en el marco del Libro Verde para Modernizar la Directiva sobre las cualificaciones profesionales, se convertirá en un nuevo medio al servicio de profesiones como los miembros de la abogacía. Gracias a su uso se podrán eliminar trámites de cara al ejercicio de la profesión en otros países de la UE, al menos en lo que a burocracia se refiere, aunque la convalidación de los conocimientos del Derecho del otro país seguirá siendo, en todo caso, un trámite insalvable. La propuesta se oficializó el pasado 22 de junio, a través de la publicación del Libro Verde que modificará la Directiva 2005/36. Con ello, la Comisión Europea abrió un nuevo plazo de consulta pública -ya hubo uno anterior los primeros meses del año-, que finaliza hoy, y que ha permitido a todos los sectores interesados evaluar el texto legislativo europeo.

Entre ellos se encuentra Unión Profesional, asociación que representa las profesiones liberales españolas y que preside Carlos Carnicer, máximo responsable, a su vez, del Consejo General de la Abogacía Española, y vicepresidente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales. Su punto de vista: la tarjeta europea debe constituir un valor añadido tanto para los profesionales como para los ciudadanos, clientes, consumidores y usuarios de servicios. Y es que las nuevas tecnologías pueden servir para incrementar la confianza en los sistemas, de forma que, aplicando el Sistema General de Reconocimiento que prevé el Libro Verde, la tarjeta aportaría “un beneficio fundamental a la hora de conseguir una más estrecha cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros”.
 
LO QUE APORTA LA TARJETA
 
Mediante el uso de la tarjeta profesional europea, una de las propuestas planteadas para modernizar el reconocimiento automático de profesionales, se pretende precisamente eliminar trámites innecesarios en el reconocimiento del cumplimiento de todos los requisitos necesarios para ejercer determinadas profesiones en otros países de la Unión Europea. Su gran apoyo es la tecnología, ya que gracias a ella se pueden eliminar barreras como el idioma -actualmente la verificación de cualificaciones requiere traducciones de diferentes documentos y puede ocasionar dificultades al profesional- y se pueden reducir los plazos, al simplificarse el proceso. Bastará comprobar la validez de la tarjeta para reconocer al profesional su derecho a trabajar en el país en que lo solicite, “sin tener que dedicar recursos a verificar toda la información ya examinada por el Estado miembro de origen”, tal y como recoge el propio Libro Verde.
 
En este sentido, el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) podría funcionar como canal administrativo para la cooperación entre autoridades competentes, por lo que todas las instituciones que puedan expedir y verificar tarjetas deberán estar registradas en el Sistema. Así, en caso de movilidad temporal, un simple mensaje electrónico para comunicar el número de tarjeta profesional podría ser suficiente, y se podría lograr que sea innecesario incluso el régimen de declaración previa, ya que la tarjeta, con toda la información necesaria, podría ser suficiente.
 
En cuanto a los profesionales que deseasen el reconocimiento automático de sus cualificaciones basándose en requisitos mínimos de formación armonizados -como es el caso de los abogados, pero también de otros como arquitectos, ingenieros, médicos, etc.-, se podrán obtener beneficios similares. Así, la tarjeta podría certificar que las cualificaciones del profesional cumplen los requisitos mínimos de formación armonizados con arreglo a la Directiva modernizada. La autoridad competente para la expedición lo podría comprobar cuando se solicitase la tarjeta en el Estado miembro donde se hayan concedido los justificantes de las cualificaciones exigibles, y la autoridad del Estado receptor no tendría que verificar nada, emitiendo una decisión de reconocimiento en un plazo considerablemente más breves (por ejemplo, dos semanas, en lugar de los tres meses que prevé actualmente la directiva). Para aquellas profesiones no regladas, se podrá designar una “autoridad pública competente” que promueva los mecanismos para su emisión.

OOGANIZACIONES CON CAPACIDAD PARA CUALIFICAR
 
Acotada así la cuestión, y desde el punto de vista de las profesiones españolas, la agilización y simplificación de los trámites y requisitos que pretende la nueva versión de la Directiva “debe compatibilizarse con el más alto nivel de la formación y cualificaciones profesionales objeto de reconocimiento, empleando todas las posibilidades tecnológicas y de conocimiento disponibles”, según Unión Profesional. De ahí que desde esta institución se apueste por ciertos pilares, como el desarrollo profesional continuo, la ética y deontología profesional y los sistemas de información y comunicación, como elementos de especial relevancia en lo que al reconocimiento de cualificaciones profesionales se refiere. Eso sí, se apunta también que sería necesario que la Directiva “prevea adecuadamente la consideración de las organizaciones profesionales como autoridades competentes en materia de cualificaciones”. En este sentido, las tarjetas profesionales europeas serían una herramienta de gran valor para lograrlo, ya que “aportan un beneficio fundamental a la hora de conseguir una más estrecha cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros”.
 
Otra propuesta española se centra en lo referente al acceso a la información: la  nueva versión de la directiva debe hacer frente, afirman, a esta barrera de movilidad, haciendo uso de las facilidades que ofrece la tecnología. Por ello se propone crear puntos de acceso centrales en línea en todos los Estados miembros, con una estructura de funcionamiento igual que el de la ventanilla única que ya prevé la Directiva. Además, se considera conveniente incentivar el uso de las plataformas comunes (como sistemas de criterios para considerar que se cumplen o no los requisitos de formación en los distintos Estados), de forma que se aproxime el sistema al de reconocimiento automático que se prevé actualmente para algunas profesiones, dejando atrás el sistema general. Así, desde España, la idea es avanzar hacia el concepto de “profesiones europeas”.

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