edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
21/07/2010
Unicaja aspiraba todavía a que la Iglesia cediera

Una coartada fiscal intenta frenar la operación BBK-Cajasur

Griñán esgrime dudas sobre el régimen fiscal -¿vasco o general?- de la gestora de Cajasur y presentará un informe a fin de mes
Juan José González

Satisfacción en el Banco de España y en el equipo económico del Gobierno por el desenlace final de la operación BBK-Cajasur, por estimar que la gestión de esta crisis sirve para escribir un guión que servirá de referencia para posteriores movimientos en el sector financiero, bancos inclusive. Y satisfacción, igualmente, para contribuyentes y clientes de la entidad cordobesa por la que los primeros verán cómo se utilizan menores recursos públicos de los previstos en el salvamento de una entidad quebrada, y los segundos podrán contar con todos sus ahorros e inversiones intactos tras la adjudicación de la caja andaluza a la vasca BBK. Pero al margen de estas primeras apreciaciones, el punto fuerte de ese guión que se acaba de escribir es el retorno del Banco de España a su papel de supervisor y organizador de la disciplina y orden en el sector financiero, tocado y herido de cierta gravedad por la pasividad en episodios anteriores, como por ejemplo, la crisis de la caja castellano manchega CCM.

Lo cierto es que el papel jugado en este episodio de Cajasur por el Banco de España, labor y gestión personal del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y su consejo de administración (tres altos cargos más) ha debido de ser excelente a tenor de la agria reacción del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien en un episodio de rabieta y posterior pataleo pueril, ha disparado verbalmente contra el Banco de España, acusando “el Banco tiene la culpa de todo”. Por todo se refiere, únicamente, al hecho de que Cajasur sea absorbida, según algunos, y rescatada según otros, por una entidad no andaluza, por la vasca BBK, como si Unicaja, factotum financiero en Andalucía no hubiera dispuesto en esos más de ocho meses de buenas –todas- oportunidades para hacerse con la cordobesa, como por ejemplo, haber realizado al ‘culpable’, al Banco de España, una mejor oferta que hubiera desplazado a la vasca.

El resultado final es tan positivo para el sector, para las dos cajas y para la fijación de un criterio más profesional y menos político en la resolución de la crisis, que no deja lugar para plantear otras alternativas a la operación. Positivo porque el Banco de España acaba por imponerse en la solución de un problema considerado irreversiblemente crónico, como era la gestión política de las entidades financieras locales, en su mayoría cajas de ahorros, a través de un consejo integrado por representantes de los poderes políticos locales.

La satisfacción que se respira en el ambiente del Banco de España, parte de la base, precisamente, de que el sector ya cuenta con una nueva normativa aprobada también con una buena base de consenso político entre los dos partidos mayoritarios, y que ha resultado ser la llave decisiva para poder imponer una solución como la de BBK-Cajasur. La Ley de Cajas es el permiso, la aprobación y el pasaporte para ‘desterrar’ la presencia política de los órganos de gestión de las entidades financieras, sujetos en todo momento al tráfico de intereses políticos locales y muy ajenos a la naturaleza del negocio y de los servicios propios de una caja de ahorros.

Por todo ello, no tiene sentido alguno la reacción de Griñán –salvo la exhibición ante el electorado local y para cortar alguna crítica del PP- que tras más de ocho meses de situación de quiebra técnica de la caja andaluza, disponga ahora a toda su máquina administrativa al servicio de un trabajo de análisis sobre si el Banco de España utilizó o no toda su capacidad para propiciar una fusión con Unicaja y Cajasur, así como el reproche, también al Banco central español, acerca de la aceptación de esa petición de la Iglesia católica para que interviniera el FROB.

Y por si ello no fuera suficiente como rabieta y pataleo, el presidente andaluz, disconforme, pone en marcha un informe que se presentará a finales del presente mes, con el que, ante las dudas del Ejecutivo andaluz, pretende dejar clara la influencia que ha podido jugar el régimen fiscal vasco en la adjudicación de Cajasur a la BBK, lo cual demuestra que no parece que se hayan estudiado mucho la oferta de la vasca. Eso sí, antes de conocer cualquier resultado al respecto, el Gobierno de la quebrada y pequeña caja andaluza ya se ha adelantado a solicitar que la nueva entidad que gestionará la andaluza fije su sede social en la Comunidad andaluza.

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