edición: 3010 , Miércoles, 15 julio 2020
06/04/2016
Reforma de la financiación

Una combinación de cotizaciones e impuestos pagará las futuras pensiones

Si el próximo Gobierno condiciona la solución del déficit de la SS a la `contrarreforma´ laboral, el fondo de reserva no llegará a 2018
Juan José González
El nuevo Gobierno, sea el que sea y llegue cuando llegue, va a tener que hacer frente, y con máxima urgencia, al problema de las pensiones públicas, a su financiación y a la forma de realimentar la hucha o fondo de reserva al que, según las previsiones, le quedaría dinero para cubrir los déficit de financiación de los próximos tres años. La advertencia última de los expertos recuerda con fuerza la de aquellos científicos que décadas atrás advirtieron del cambio climático. Referencia al margen, la solución al problema de las pensiones pasa, en principio, por corregir el déficit de ingresos, lo cual obliga a cambiar la estructura de financiación de los gastos de la Seguridad Social. Si las cotizaciones de los trabajadores se han demostrado insuficientes para cubrir los gastos de las pensiones, será preciso considerar otros caminos. Algunos países ya han elegido los impuestos para hacer frente al problema. Y no tienen déficit.
Si los gastos de las pensiones se duplican en 9 años y los ingresos se multiplican por 0,67, el problema adquiere grandes dimensiones que necesitarán también grandes soluciones. En esos 9 años, el déficit de la Seguridad Social, medido en porcentaje sobre el PIB, pasó de un superávit del 1,3% a un déficit del -1,3% al finalizar 2015. En zona deficitaria se entra en 2010, momento en el que se `rompe´ la hucha del ahorro y no hay más remedio que sacar dinero del fondo de reserva para el pago de la extra de verano de las poco más de 9 millones de pensiones existentes.

Desde entonces, con 2,5 millones de empleos destruidos y los 1,2 millones de empleos más, destruídos tras la reforma laboral, no ha habido más remedio que acudir a la `caja de resistencia´ para hacer frente a las extras (incluso a varios meses) pues el fondo de reserva pasó desde los 66.890 millones de euros en 2011 hasta los 32.490 millones de diciembre de 2015. Al deterioro de la posición del fondo de reserva han `colaborado´ la caída de los ingresos (desempleo fuerte y creciente) la entrada de nuevos pensionistas y pensiones más caras de los que entran frente a las más bajas de los que salieron. A estos factores se sumó el 0,25% de incremento garantizado por ley para todas las pensiones.

En la campaña electoral se pudo comprobar que las fuerzas políticas `disparan´ soluciones alternativas que en su mayoría se basan en la mejoría del empleo, tanto en cantidad como en calidad, en bases de cotización más elevadas como consecuencia también de mayores salarios. Esta hipótesis no parece que alcance para cubrir el deterioro de la cuenta principal, tan sólo surtiría un leve alivio puntual pero sin capacidad para detener el crecimiento del déficit de las pensiones.

Otras soluciones apuntan a la posibilidad de excluir las pensiones de viudedad y orfandad de la financiación con cotizaciones y cubrirlas con impuestos. Las soluciones de financiación mixta, cotizaciones públicas complementadas con fondos de pensiones privados, también se han escuchado en campaña pero con escasa o nula concreción. Entretanto, mes a mes, el desequilibrio del sistema de pensiones va tomando el cariz de esos problemas graves, de Estado que, como el del calentamiento global del planeta amenazan a toda la población, sin diferencia de condición, a los pensionistas en tanto perceptores de la nómina de la Seguridad Social, como a los contribuidores en activo con los impuestos o descuentos sociales.

Pero el asunto se puede enredar exponencialmente si sus señorías hacen que la reforma de las pensiones dependa de uno de los temas capitales que han dominado la campaña electoral: la reforma (o contrarreforma) laboral, precisamente, uno de los puntos fuertes en un posible pacto de Gobierno. El asunto por tanto, más que de imaginación dependerá de la decisión y urgencia en abordar el problema de financiar esos 8.500 millones de euros que cada mes debe pagar el Estado a sus pensionistas.

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