edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
07/03/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Una Comisión Especial tratará de detectar posibles irregularidades en los acuerdos entre Estados y empresas

Xavier Gil Pecharromán
El Parlamento Europeo ha creado una Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares, con un mandato de seis meses a partir de la fecha de aprobación de esta Decisión, el pasado día tres de marzo.
La nueva Comisión Especial deberá examinar las prácticas en la aplicación del Derecho de la Unión en materia de ayudas estatales y fiscalidad en relación con las resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares adoptadas por los Estados miembros, en caso de que dichas prácticas resulten ser obra de un Estado miembro o de la Comisión.

El coste de la evasión fiscal se eleva en la Unión Europea (UE) a billón de euros que escapan al año a la recaudación fiscal, según la Comisión Europea. El escándalo ‘LuxLeaks’ mostró que, a veces, los Estados de la UE cortejan a las multinacionales con tratos fiscales ventajosos. El 15 de diciembre, los eurodiputados debaten un informe que reclama que la Comisión Europea ponga en pie normas para restringir la competencia fiscal entre los países de la UE.

La Comisión Especial tendrá diversas competencias, como analizar y examinar la práctica en la aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en lo referente a las resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares adoptadas por los Estados miembros desde el 1 de enero de 1991.

Sus 45 integrantes deberán analizar y evaluar la práctica de la Comisión de someter a examen permanente, conforme al artículo 108 del Tratado Fundacional de la Unión Europeo (TFUE), todos los regímenes de ayuda existentes en los Estados miembros.

Tras estos exámenes propondrán a los Estados miembros las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado interior, comprobarán si la ayuda concedida por un Estado miembro o mediante fondos estatales es compatible con el mercado interior y que no se aplica de manera abusiva.

También, decidirán que el Estado interesado suprima o modifique dicha ayuda en un determinado plazo de tiempo y presentar el asunto ante el Tribunal de Justicia en caso de incumplimiento del Estado de que se trate, lo que supuestamente ha tenido como consecuencia un elevado número de resoluciones fiscales incompatibles con las normas sobre ayudas estatales de la Unión.

La Comisión, por otra parte, analizará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros, y la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE , en materia de comunicación por parte de los Estados miembros, desde el 1 de enero de 1991, de información sobre las resoluciones fiscales a otros Estados miembros mediante intercambio espontáneo.

Otro de sus cometidos será la evaluación de la práctica de la Comisión por lo que se refiere a la correcta aplicación de las Directivas 77/799/CEE y 2011/16/UE del Consejo, relativas a la comunicación de información sobre las resoluciones fiscales a otros Estados miembros mediante intercambio espontáneo.

Por otra parte, seguirán y valorarán evaluar el cumplimiento por los Estados miembros del principio de cooperación leal establecido en el Tratado de la Unión Europea, como el cumplimiento de las obligaciones de ayudar a la Unión en el cumplimiento de su misión y de abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión, teniendo en cuenta la supuesta gran magnitud de la planificación fiscal agresiva facilitada por los Estados miembros y las probables importantes consecuencias que ello ha tenido en las finanzas públicas y en la Unión

Analizarán y evaluarán la dimensión de los terceros países en la planificación fiscal agresiva aplicada por las empresas establecidas o constituidas en los Estados miembros, así como el intercambio de información con terceros países al respecto, al tiempo que formular las recomendaciones que considere necesarias al respecto.

La Comisión deberá presentar antes de concluir su mandato in informe con sus conclusiones y las soluciones planteadas por sus miembros. En noviembre ya se publicó otro informe en el que se concluía que las multinacionales deben facilitar información desglosada país por país sobre sus beneficios e impuestos.

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