edición: 2783 , Viernes, 16 agosto 2019
05/05/2015

Una compensación tardía de sobrecostes eléctricos beneficiará al sector industrial español

La repercusión de los derechos de emisión del sector eléctrico encarece la producción de acero
Carlos Schwartz
A finales de abril el Ministerio de Industria publicó la orden IET/697/2015 estableciendo por primera vez en España la compensación de sobrecostes eléctricos a un grupo de industrias intensivas en el consumo de energía eléctrica entre las cuales se encuentra la siderurgia. El origen de esta compensación se remonta a 2012, cuando la Unión Europea al tomar la decisión de privar a las empresas generadores de electricidad de la asignación gratuita de una cantidad determinada de derechos de emisión de carbono, decidió proteger la competitividad de las industrias denominadas electrointensivas, como es el caso de la siderurgia, la producción de aluminio y otros metales no ferrosos como el cobre, plomo y estaño. Esa protección se basó en subsidios para evitar lo que se denomina la “fuga de carbono”.
El eufemismo se refiere a la posibilidad de que las industrias abandonen los países de Europa en los que están establecidos para dirigirse a otros en los que no se las penalice por la emisión de carbono. O donde la energía eléctrica no este gravada con derechos de emisión o simplemente sea más barata. Desde enero de 2013 las compañías eléctricas deben comprar los derechos de emisión para compensar el carbono que emiten y a su turno repercuten esos derechos en el precio del kilovatio que les compra el consumidor.

Hasta aquí la historia lineal, la pregunta es por qué si la compensación se había decidido en 2012 y las eléctricas comenzaron a repercutir los derechos de emisión en 2013, España recién va a compensar a la industria en 2015. No hay respuesta. Para un analista del sector el retraso se ha debido a “la consabida incapacidad del Ministerio de Industria para poner en práctica disposiciones de la UE que beneficien a la industria española, es así de sencillo”.

De acuerdo con una fuente de una industria dedicada a la producción de un metal no ferroso intensiva en el consumo de energía eléctrica “en realidad en 2013 y 2014 se hizo una partida presupuestaria de un millón de euros en cada uno de esos años para compensar los costes derivados de los derechos repercutidos, pero como no había un instrumento jurídico que permitiera entregar los subsidios a las industrias afectadas el dinero quedó sin gastar en los presupuestos ministeriales”. El real decreto ley que establece los mecanismos de cálculo y procedimientos para las compensaciones de los sobrecostes eléctricos se aprobó el martes 30 de diciembre de 2014, último día de actividad del Gobierno ese año. La cuantía reflejada en la orden ministerial es de cuatro millones de euros.

De acuerdo con fuentes que se dicen conocedoras del proceso por el cual se llegó a esta cantidad, la cifra fue resultado de la decisión de dotar con dos millones de euros a los subsidios de 2015 y repescar los dos millones que yacían en el limbo privativo del Ministerio de Industria Energía y Turismo correspondientes a 2013 y 2014. Total: cuatro millones para repartir entre industrias de 13 sectores y siete subsectores, lo que suma 20 sectores industriales para repartirse el botín...

Para tener algún elemento comparativo, Alemania dota a su fondo de subsidios para compensar los sobrecostes originados por la repercusión de los derechos de emisión 300 millones de euros, afirman fuentes de la Unión Europea. Ésta se ha manifestado recientemente “decidida a incentivar el desarrollo industrial” en la medida que la industria supone 33 millones de empleos, dos millones de empresas, el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, el principal sector exportador de la toda la Unión y la principal fuente de inversión en investigación y desarrollo (I+D). Estos hechos no parecen haber impresionado lo suficiente al ministerio de Industria como para agilizar la materialización de los subsidios pertinentes y dotarlos adecuadamente. El pretexto de la austeridad es ciertamente ridículo puesto que una mayor competitividad de la industria electrointensiva supone más exportaciones, y mayor consumo interior de productos españoles lo que recompensa el gasto holgadamente por la tributación directa e indirecta.

Uno de los problemas que deja planteado lo exiguo del presupuesto aprobado es la evolución del precio de los derechos de emisión de carbono. Desde que estos tocaron mínimos históricos en abril de 2013 con 2,44 euros por tonelada mucha agua ha pasado bajo los puentes. En enero de 2014, el precio de los derechos por tonelada se había duplicado, y los derechos por tonelada de acuerdo con los datos diarios del mercado estaban al cierre en los 7,56 euros el 4 de mayo este año. La fuerte caída del precio de los derechos en 2013 reflejó en parte la debilidad de la demanda de energía a causa de la crisis y provocó más de un dolor de cabeza a la Comisión Europea (CE) que se embarcó en un debate sobre los mecanismos para regular los derechos. Para atajar su caída en picado, la CE decidió limitar la puesta en circulación de los derechos de emisión en diciembre de 2013 para forzar un aumento de su precio al mismo tiempo que quitaba la asignación a las eléctrticas.

Uno de los efectos perniciosos de los precios de los derechos fue la utilización intensiva de carbón para la generación eléctrica. Mientras se cerraban -se siguen cerrando- ciclos combinados accionados a gas y de alta eficiencia energética se quemaba carbón para reducir los costes al mismo tiempo que los precios mayoristas caían por la producción de electricidad renovable fuertemente subsidiada. La CE se ha fijado como objetivo llevar a los derechos de emisión de carbono al nivel de 25 euros por tonelada, cifra que se considera el umbral de eficacia de esta penalización a la generación de emisión de gases de efecto invernadero.

Por debajo de cierto umbral, sea cual sea realmente, hay industrias como la de la electricidad que pueden maximizar sus beneficios quemando combustibles contaminantes y pagando derechos siempre y cuando estos no estén en niveles prohibitivos. La idea del ejecutivo europeo es que a cierto nivel de emisión se encarecerá la energía lo suficiente como para reducir el consumo y obligar a los generadores a reducir las emisiones para abaratar el precio del kilovatio y generar mayor demanda para recuperar su nivel de ingresos.

Esta teoría tiene cierta elegancia en los libros, pero es ineficaz en el mundo real en la medida que el mercado de la electricidad dista mucho de ser un mercado perfecto. Si los precios de los derechos efectivamente alcanzan a los 25 euros por tonelada la producción de acero en la UE se va a ver seriamente afectada por su incapacidad de competir en costes con los productos de importación. No habrá política anti dumping capaz de atenuar este efecto en la medida que los precios interiores serán resultado de una política regulatoria de la UE.

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