edición: 3028 , Viernes, 14 agosto 2020
20/05/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Una Directiva comunitaria endurecerá las penas mínimas por falsificar y distribuir monedas y billetes de euro

Xavier Gil Pecharromán

La Comisión Europea ha enviado al Europarlamento una propuesta de Directiva para proteger al  euro de las falsificaciones que incluye una nueva norma que fija las sanciones mínimas a imponer, ya que Bruselas considera que mantener sólo un mínimo de pena máxima es un error, ya que raramente se usa en la práctica.

El preámbulo de la futura norma comunitaria explica que el actual nivel de sanciones es una de las razones del insuficiente efecto disuasorio y de la desigualdad de la protección de la moneda en el conjunto de la Unión Europea. Por el contrario, con la nueva directiva, el Ejecutivo comunitario espera que el conocimiento de las posibles penas ejercerá un efecto disuasorio sobre quienes se sientan tentados de falsificar euros; la diferencia entre ser condenado a una pena de prisión de una duración mínima en vez de a pagar una multa, por ejemplo, es obvia. Así, el texto de la noma asegura que “las penas mínimas contribuyen a la institución de un sistema coherente a nivel de la UE para la protección del euro”.

Existen diferencias considerables en cuanto a los niveles de sanción aplicables en los Estados miembros a las principales formas de falsificación, a saber, la fabricación y distribución de moneda falsa. Si bien es cierto que el nivel mínimo de la pena máxima aplicable a la fabricación de moneda falsa se armonizó en el año 2000, fijándose en ocho años de prisión, la situación es distinta por lo que se refiere al nivel mínimo de las penas aplicables a la falsificación de moneda.

En algunos Estados miembros no hay penas mínimas, o las disposiciones legales sólo contemplan multas, mientras que en otros la pena mínima se eleva a nada menos que diez años de prisión. Estas diferencias son perjudiciales para la aplicación transfronteriza de la ley y la cooperación judicial.

Resulta muy grave, que, según los datos recogidos en el marco de un estudio del «Grupo de expertos sobre falsificación del euro» (este estudio se centra en 15 Estados miembros: Alemania, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. indican que en los últimos nueve años se han descubierto numerosas imprentas clandestinas en los Estados miembros que no tienen penas mínimas o solo aplican multas como pena mínima a la falsificación de moneda, lo que hace suponer que los falsificadores buscan un lugar de su máxima conveniencia.

Por último, la ausencia actual de unos niveles mínimo y máximo para las penas aplicables a los delitos de distribución constituye una peligrosa amenaza por lo que respecta a la distribución, en la Unión Europea, de billetes falsos fabricados en terceros países, como lo demuestra el elevado número de imprentas desmanteladas en terceros países (en Colombia y en Perú, por ejemplo) y el correspondiente decomiso de importantes cantidades de euros y otras monedas falsas listas para ser exportadas a la Unión Europea o distribuidas en su territorio. Se puede, pues, concluir que las notables diferencias actuales entre los sistemas punitivos de los Estados miembros tienen un impacto negativo en la protección penal del euro y otras monedas frente a su falsificación.

En el capítulo de sanciones, por tanto, la futura directiva incluye una sanción mínima de seis meses cuando  la operación supere los 10.000 euros nominales mediante cualquier actividad fraudulenta de fabricación o alteración de moneda, independientemente del medio empleado al efecto; la puesta en circulación fraudulenta de moneda falsa; o la importación, exportación, transporte, recepción u obtención de moneda falsa para ponerla en circulación, a sabiendas de que es falsa. En estos casos la pena máxima será de ocho años.

En los casos en que la falsificación descubierta supere los 5.000 euros se castigará con penas de prisión, y  una pena máxima de al menos ocho años. Y, finalmente, cuando el valor nominal no llegue a los 5.000 euros y no concurran circunstancias especialmente graves, los Estados miembros podrán establecer una pena distinta de la pena de prisión.

Los Estados miembros deberán adoptar también las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos antes mencionados cuando los haya cometido en su provecho, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, cualquier persona que ostente en el seno de esa persona jurídica un cargo directivo que lleve aparejado poder para representarla; autoridad para adoptar decisiones en su nombre, o autoridad para ejercer el control en su seno.

También, deberán garantizar que una persona jurídica pueda ser considerada responsable cuando la falta de supervisión o control por parte de los responsables haya hecho posible que otra persona sometida a su autoridad cometa uno de los delitos con respecto a la falsificación sancionados por la Directiva, en provecho de esa persona jurídica.

Esta responsabilidad de la persona jurídica con respecto a sus responsables será compatible con  las acciones penales entabladas contra las personas físicas que sean autoras, instigadoras o cómplices de esos delitos.

Noticias Relacionadas

Director
Juan José González ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
c/ Real, 3. 40400 El Espinar (Segovia)
Teléfono: 92 118 33 20
© 2020 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...