edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
24/04/2010
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

Una propuesta de reforma laboral: flexibilidad, protección y políticas activas de empleo

CÍRCULO DE EMPRESARIOS

La propuesta del Círculo de Empresarios se articula en torno a la idea de la flexiseguridad. Esto es, se propone una reforma del mercado de trabajo que permita a éste combinar un elevado nivel de flexibilidad, una buena protección al trabajador desempleado y unas políticas activas de empleo eficaces, verdaderamente estimuladoras del empleo. Un modelo de mercado laboral que respondiera a esas características permitiría a las empresas adaptar su fuerza de trabajo a las cambiantes circunstancias de su entorno y, simultáneamente, protegería al trabajador al cubrirle adecuadamente mientras buscase trabajo y facilitarle su acceso al mismo, con una reducción en el tiempo de búsqueda. En otras palabras, el modelo habría de incrementar la empleabilidad de todos los trabajadores y crear más empleo, en vez de proteger el puesto de trabajo a costa de nuevas contrataciones.

Para instaurar un modelo de flexiseguridad en España es necesario realizar reformas serias en al menos tres instituciones decisivas del mercado laboral: la tipología de contratos, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo.

• La legislación sobre contratos. El mercado laboral sufre en España de una marcada dualidad o segmentación según tipos de contratos. Para ser más precisos, padecemos tasas de temporalidad extraordinariamente elevadas, muy superiores a las que se dan en otros países, y muy por encima de lo que justificaría la existencia de actividades económicas de carácter estacional o temporal. Las propuestas para reducir ese problema mediante cambios en el marco contractual son:

- Establecimiento de un contrato indefinido único, sin efectos retroactivos, con costes de extinción de la relación laboral mayores que los de los actuales contratos temporales, pero inferiores a los de los indefinidos, y determinados en función de alguna ponderación de la antigüedad. Es decir, un contrato de trabajo que facilite la contratación de los desempleados. Instituciones como la OCDE, FEDEA, BBVA y recientemente el FMI también han abogado por esta solución.

- Desarrollo de un instrumento concebido con un triple objetivo: reducir el impacto y las incertidumbres que para la empresa supone una contingencia como el despido de trabajadores; garantizar que los trabajadores vean cubierta dicha situación con la correspondiente compensación económica y generar mayores incentivos para la movilidad de los trabajadores.

• La negociación colectiva: la manera en que está regulada y opera la negociación colectiva en España produce varios problemas, ya que el mecanismo de determinación salarial resultante de la misma carece de la flexibilidad necesaria para ajustar a los diversos condicionantes de cada sector y empresa, además de introducir desviaciones inflacionistas entre la evolución de los salarios y la productividad. Para mejorar el sistema de negociación colectiva se proponen estas acciones en los siguientes ámbitos:

- Integración y universalidad: mayor representación en las partes negociadoras de los colectivos que se ven desplazados de la negociación en el sistema actual (desempleados, temporales y pymes).

- Fomento de los convenios de empresa: facilitan una mejor adaptación a las condiciones particulares de la empresa en cuestión, permitiendo que las partes negociadoras valoren con mayor precisión los costes y ventajas que suponen los acuerdos salariales, también en términos de empleo.

- Reducción de la ultraactividad: el problema de esta práctica es que dificulta la adaptación a las condiciones presentes y sesga el poder negociador de las partes. Convendría establecer alguna clase de límite temporal en la aplicación de este principio, obligando a las partes a un mayor esfuerzo de entendimiento.

- Supresión de la indiciación automática. Dificulta la adaptación de los salarios reales a la situación económica, desviándolos de la evolución de la productividad, lo que incide negativamente sobre los necesarios estímulos a incrementar la productividad, con el consiguiente aumento del desempleo en fases de ralentización y recesión. Resulta además una práctica negativa para el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica. La alternativa lógica es la inclusión de mecanismos que aseguren una mayor vinculación de los salarios con la productividad de los distintos sectores, empresas y trabajadores. Es decir, los salarios reales deben crecer al ritmo al que lo haga la productividad.

• Las políticas activas de empleo: Las políticas activas de empleo deben perseguir un doble objetivo. Por un lado, deben mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Junto con el sistema educativo, en especial la formación profesional, las políticas activas de empleo deben contribuir a preparar a los trabajadores, dotándoles de conocimientos, habilidades y herramientas que amplíen su rango de posibles colocaciones y faciliten la transición del paro al empleo. Por otro lado, estas políticas deben mejorar el ajuste entre demanda y oferta de trabajo a través de adecuados sistemas de intermediación, que reduzcan los costes de información y búsqueda a que se enfrentan empresas y trabajadores.

En España, estas políticas no terminan de funcionar y son pocos los contratos laborales que se crean como resultado directo de la intermediación de los servicios públicos de empleo, o como resultado indirecto de la formación para el empleo. Las reformas deberían atacar varios frentes:

- Sería necesario redistribuir el gasto de las políticas activas, dirigiendo más recursos a las políticas de intermediación y gestión de colocaciones.

- Convendría también introducir mecanismos de gestión empresarial en el sistema público de empleo. De otra parte, habría que dar mayor unidad, mediante la coordinación, a los distintos componentes del Servicio Público Estatal de Empleo.

- Por último, sería bueno introducir mayores grados de competencia en la provisión de los servicios que tienen que ver con la intermediación entre oferta y demanda de trabajo, sin relegar a los servicios públicos. Se trataría de establecer incentivos que lleven a la mejora de ese servicio, no sólo compitiendo, sino cooperando y complementándose con las agencias privadas de empleo, como sucede en otros países de nuestro entorno.

Una reforma del mercado laboral en la dirección aquí propuesta no solucionará todos los problemas de nuestra economía, ni significará la aparición de un nuevo modelo de crecimiento. Pero si se hace con un enfoque integral como el que propone el Círculo de Empresarios, y se combina con otras reformas de calado –educación, regulación, sistema financiero, energía, fiscalidad, sistema de pensiones…-, las probabilidades de lograr esa transición a una economía más competitiva aumentarán de forma exponencial.

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