edición: 2850 , Miércoles, 20 noviembre 2019
17/05/2011

Una sentencia del Constitucional que reconoce un error judicial no sirve para percibir una compensación del Estado

Xavier Gil Pecharromán
Una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara que ha existido un error judicial no basta para que el afectado pueda adquirir el derecho a una indemnización del Estado, según establece una importante sentencia del TC, de 14 de abril de 2011. La ponente, la magistrada García García-Blanco, considera que el Tribunal Constitucional no es la vía oportuna para reclamar la compensación por el error judicial y el citado Tribunal no tiene competencia para asegurarlo a través del pronunciamiento de amparo.

La exigencia legal de la declaración previa del error judicial no puede ser sustituida por una posible apreciación de lo resultante de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional dado que el mismo no resuelve acerca de posibles errores en los términos exigidos en el artículo 293 de la Ley Orgánica citada, sino que se pronuncia sobre infracción del derecho fundamental.

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 139.5, regula un procedimiento especial para estos casos, que designa que  es el Consejo de Ministros quien debe fijar  el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado que existió un caso de la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se debe tramitar a través del Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado.

La magistrada explica que la decisión de que la normativa adjudique al Consejo de Ministros la competencia para resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de daños producidos por funcionamiento anormal del Tribunal responde a una opción del legislador, ajustada a la Ley, lo mismo que la de encomendar al Ministro de Justicia la instrucción del correspondiente procedimiento.

No obstante, matiza que la decisión del Tribunal Constitucional sobre si un tribunal ha incurrido o no en funcionamiento anormal, acaso sea vinculante para el Consejo de Ministros, pero es una decisión que no tiene carácter jurisdiccional sino naturaleza gubernativa con las consecuencias que de esta naturaleza se derivan en orden a su posible revisión jurisdiccional.

En este caso, la magistrada determina que  la indemnización no puede basarse, sin más, en que la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, posterior a la ejecución del fallo en el que se dio el error judicial que la anula.

También, la sentencia de la Audiencia Nacional rechaza, de la misma manera, que exista n funcionamiento anormal de la Justicia,  por el tiempo que tardó el Tribunal Constitucional en admitir el recurso de amparo y adoptar la suspensión de la sentencia, que supuso el embargo de la vivienda de los afectados. Basa su decisión en que ningún funcionamiento anormal se puede aceptar en el hecho de que el Juzgado de lo Penal procediera a ejecutar esa sentencia condenatoria mientras esperaba su solución el recuso de amparo. La ejecución de la sentencia, dice la magistrada y que no había sido suspendida, según determina el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Este artículo determina que la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados, “habiéndose producido todos los efectos dañosos que se reclaman antes de que el Tribunal Constitucional acordara la suspensión”.

UN PRECEDENTE PARA AFECTADOS DE FÓRUM Y AFINSA

Esta situación supone un aviso para las defensas de los afectados por la presunta estafa de Fórum y Afinsa, puesto que una de las vías que han quedado abiertas es la referida a la reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como la reclamación por error judicial.

La propia Audiencia Nacional, en las cerca de 300 sentencias que ha emitido rechazando la responsabilidad patrimonial del Estado, informa a los afectados de la posibilidad de recurrir al Constitucional, pero también de que es preciso realizar, para exigir una compensación por error judicial, el seguimiento de un procedimiento administrativo singular y una serie de presupuestos y trámites específicos, distintos de los establecidos para la reclamación por responsabilidad patrimonial de los servicios públicos en general

La pretensión de declaración del error se ha de plantear ante la Sala del Tribunal Supremo del mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, y si éste se atribuyese a una sala o sección del propio Supremo la competencia corresponderá a la sala que se establece en el artículo 61 y, además, no procede la declaración de error contra la resolución judicial mientras no se hayan agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento. Y un dato a tener en cuenta, es que si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario.

Si la sentencia reconoce el error, tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado debe dirigir su petición indemnizatoria al Ministerio de Justicia, tramitándose por las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado, que será quien decida la cantidad indemnizatoria. Pero, esa ya sería otra historia.

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