edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
09/10/2018
banca 

Una filial de BBVA en México se suma a la demanda contra España por Popular

ICNR
Más de 40 inversores mexicanos registran una demanda ante el Ciadi, entre ellos el presidente de Grupo México y la socimi española Quonia.
Más de 40 grandes fortunas, bancos y sociedades de inversión mexicanas, según recoge el diario Cinco Días, registraron finalmente la semana pasada ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial, una demanda contra el Estado español por la resolución del Banco Popular, tras haber iniciado el proceso en enero. Comandados por una legión de miembros de la familia Del Valle, entre la cohorte de inversores figura una filial de BBVA en México, BBVA Bancomer Servicios.

Esta demanda se suma a la presentada el mes pasado por el propio Antonio Del Valle y otros inversores ante el Uncitral, el organismo dependiente de Naciones Unidas para dirimir este tipo de procesos. Representa a los inversores con doble nacionalidad española y mexicana que no pueden acudir al Ciadi y que han propuesto al Gobierno aunar ambas demandas en un solo proceso en el Ciadi, si bien requiere de la aceptación del Ejecutivo. Entre ambas demandas calculan que han perdido una inversión en el banco español de 470 millones.

No obstante, y según reza el texto de la demanda a la que ha tenido acceso CincoDías, la filial de BBVA en México no está afectada directamente ni es parte directamente implicada, sino que actúa en representación de un trust o fideicomiso. Esto es, una figura jurídica a la que una persona o una empresa cede unos bienes determinados para su administración por un gestor.

En la lista de demandantes figura tanto el trust como su beneficiario, pero no se revela su identidad. Están dispuestos en un futuro a eliminar de la lista uno de los dos en caso de que se establezca quién está legitimado para litigar, sea por decisión del Tribunal o por un acuerdo entre las partes.

En opinión de los demandantes, el Estado español contribuyó de manera notable a la fuga de depósitos y la crisis de liquidez que terminó por hundir al Popular. Según sus cálculos, el propio Estado retiró el 30% de los 17.000 millones en depósitos que el banco perdió desde diciembre de 2016. Y que, en los momentos más críticos del banco, llegaron a alcanzar los 1.000 millones de euros diarios.

También achaca al Banco de España su grado de responsabilidad al negar al Popular toda la cuantía que solicitó horas antes de que Emilio Saracho, presidente entonces del banco, certificase ante el BCE sus problemas para continuar operando. Requirió a la entidad 9.500 millones, de los que Linde consideró que solo había aportado garantías para aportar 1.500 millones.

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