edición: 2349 , Miércoles, 22 noviembre 2017
05/04/2016
Evitar el temido `ERE público´

Unanimidad política: la Administración Pública seguirá creciendo

Los cuatro partidos mayoritarios mantendrán `la doctrina´ de anteriores Gobiernos: la reforma de la plantilla del Estado no es prioritaria
Juan José González
España, aseguran en Bruselas, no cumple sus compromisos, no hace los deberes. Una prueba reciente, el incumplimiento del déficit, parece ser la más llamativa, la que cuenta con mayor efecto e impacto público. Y sin embargo, su corrección no es, a juicio de las autoridades europeas, la que mayor dificultad entraña. Incluso se podría afirmar que la corrección del déficit pasaría a un segundo lugar si el Ejecutivo español se vuelca en la tarea de otra de sus promesas -otro incumplimiento- como es la reforma de la Administración del Estado, asunto que, en contra de lo pactado con la Unión Europea -reducción progresiva del tamaño- ha seguido creciendo, y sin parar, desde el inicio de la crisis. Ninguno de los partidos aspirantes a formar Gobierno contempla su cumplimiento: la Administración, con menos funcionarios y más contratados laborales, seguirá creciendo a gusto del consumidor.
No entra en los planes de las fuerzas políticas un recorte de empleo en la Administración Central del Estado. Y difícilmente las terapias para reducir los gastos en las Comunidades y Ayuntamientos vayan a considerar recortes de sus plantillas. Otro asunto, en marcha desde hace diez años, es el proceso de sustitución de personal o trabajadores funcionarios por personal laboral contratado. Proceso que avanza lentamente y que sirve para que las Administraciones autonómica y local aseguren que se mantienen en la tendencia de reducción de la plantilla de funcionarios públicos.

Los datos e informaciones sobre el volumen `cierto´ o real de la plantilla del sector público se sabe que se caracteriza por su falta de transparencia así como por su complejidad, de ahí que Bruselas haya tropezado siempre con la duplicidad de cifras -Administración central y local- y con la farragosa estructura de las plantillas públicas. Porque sobre el papel y con las cifras del mes de febrero, el número de empleados públicos, según el Registro Central de Personal, ascendía a 2.542.787 personas censadas, cifra que sirve para demostrar que desde el comienzo de la crisis a finales de 2007, el número de empleados públicos registrados en las nóminas de la Administración, creció en cerca de 31.000 personas (nuevas censadas).

A la falta de transparencia practicada por algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos hay que añadir el tratamiento o consideración sindical del sector público, que no suele tener en cuenta en sus cifras globales las bajas voluntarias y las jubilaciones. En cualquier caso, en los últimos años no se ha destruido empleo neto en conjunto; los descensos de puestos públicos de trabajo se habrían producido por amortizaciones de bajas de jubilación, una práctica que se ha suprimido en el último ejercicio. La disparidad de las cifras y, en algunos casos y la contradicción en otros, es uno de los asuntos de preocupación de las autoridades de Bruselas, que no se explican la falta de homogeneidad en la información que proporciona la Administración española.

Como asunto de mayor preocupación es la pasividad en la reforma de la Administración Pública, uno de los cinco compromisos (de un total de 20) que firmó el Gobierno español en 2012 y cuyo incumplimiento continúa siendo una de las asignaturas pendientes sobre la que hace hincapié la UE. Una reforma que, obviamente, estaría dominada por un plan de ajuste en el capítulo 1 de los presupuestos, como corresponde al pago de nóminas del personal. La UE ha sugerido en varias ocasiones que el mejor camino para reducir el déficit se encuentra en la reducción de partidas tan voluminosas como las nóminas de personal, sugerencias que siempre se han encontrado con los planes del Gobierno para ajustar el tamaño de la Administración a las necesidades de servicios de las Administraciones públicas, una labor que no parece registrar avances.

En este sentido, llama la atención que las agencias de calificación de riesgo, críticas con el tamaño de la Administración pública, se haya olvidado de valorar la reforma en cuestión, dada la importancia del peso que tendría la reducción de costes sobre el déficit público. Como también llama la atención que la plantilla pública se haya mantenido en el mismo nivel de ocupación (salvo el pico de los 3,3 millones de empleados en el tercer trimestre de 2011, según la EPA , más de 300.000 empleados que en el inicio de la crisis). 

Así las cosas, es poco probable que un nuevo Gobierno que pueda salir de un pacto en los próximos veinte días, se muestre dispuesto a cumplir con Bruselas. Será, si se hace caso a la literalidad de los distintos programas de los partidos políticos, lo contrario. Por tanto, el clientelismo (y los tijeretazos prometidos en ocasiones aisladas que luego se quedan en nada) cuenta de nuevo con la coyuntura a favor para perpetuarse. La idea de un posible `ERE´ en la Administración pública, parece condenado al destierro definitivo.

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