edición: 2580 , Martes, 23 octubre 2018
10/04/2018
LA OREJA DE LARRAZ

Una nueva plataforma demandará por prevaricación a las Administraciones por el Impuesto de Sucesiones

Xavier Gil Pecharromán
Se acaba de constituir la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (FENCIS), que reúne a las plataformas ya existentes en Andalucía, Asturias y Aragón para aunar esfuerzos ante las Administraciones Públicas. Pretende reforzar la capacidad de lucha contra este impuesto, que consideran cruel, injusto y contrario a la Constitución, incrementando la capacidad de prestar ayudas y apoyo a los afectados.
Un problema destacable es el relativamente pequeño peso que la recaudación por impuestos tiene en el total de recursos de las comunidades, particularmente si restringimos estos impuestos a aquellos sobre los que las comunidades tienen competencias normativas. Además, no está claro que el actual ámbito de definición de la recaudación normativa sea el adecuado, en tanto que incluye impuestos, como son el IVA y los Impuestos Especiales, sobre los que las comunidades no pueden intervenir en absoluto.

Los representantes de FENSIS han anunciado la presentación de una demanda contra las Administraciones españolas, nacional y autonómicas, por prevaricación, anticonstitucionalidad y violación de los derechos humanos básicos por mantener el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y aplicarlo de manera injusta y arbitraria.

Además, han anunciado la necesidad de elevar el problema hasta el Parlamento Europeo, Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, ante lo que consideran desinterés e indiferencia de los políticos españoles ante la injusticia de ese impuesto y el inmenso dolor que causa a las víctimas.

La plataforma dice no entender por qué hay tanta resistencia ante un tributo que no recauda más allá del 1% de la recaudación fiscal en España. La plataforma ha logrado que miles de familias renuncien a su legítima herencia porque no pueden pagar lo que la Administración les exige. Así, por ejemplo, el Gobierno de Aragón tiene presupuestados en 2018 alrededor de 149 millones de euros en concepto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El Gobierno de Aragón prevé que esta cifra sea inferior en 2019 como consecuencia de la posible modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la comunidad aragonesa, cuyo debate está abierto ante la presión social y política de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón. El debate fuerte que está produciendo en España sobre este impuesto y el sistema de financiación autonómica.

Las rebajas y reducciones en España son parciales y diseñadas para tener más efecto mediático que eficacia real. En Andalucía se ha liberado de pago el primer millón heredado, pero esa medida sólo tiene vigencia por un año y no afecta a las donaciones, ni a los herederos que no sean hijos y nietos.

En Aragón o Asturias las deducciones son meramente testimoniales, aplicándose igual y únicamente a los herederos de primera línea dejando desamparados a sobrinos y hermanos que cuidan de ancianos y a los que los moribundos quieren compensar su generosidad legándoles sus bienes.

Se plantea la posibilidad de renunciar a la herencia con todo lo que ello implica. La falta de liquidez y la dificultad de acceso al crédito ha provocado desde el comienzo de la crisis que las renuncias se incrementaran más de un 400% en algunas regiones.
 
Si la herencia fue aceptada no hay marcha atrás, no se puede vender parte de la herencia para liquidar ese impuesto, no se admite la dación en pago y si aplaza se aplicaran intereses de demora. Si al final no se puede pagar, vendrán las multas y los recargos que engrosaran aún más la deuda y finalmente embargaran los bienes subastándolos por una ínfima parte de su valor, si con la subasta no se cubre, la cantidad demandada por la Administración, seguirá endeudado y se embargan los bienes restantes de su propiedad y aun así caso de no cubrirse la deuda  se seguirá debiendo lo restante más sus intereses generados mes a mes.

Para el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, resulta muy difícil de explicar por qué la donación de la misma suma de dinero por un padre –resida donde resida– a dos hijos, uno vecino de Murcia y el otro de Asturias, por ejemplo, de 800.000 euros, al primero le supondrá pagar 2.081 euros, mientras que al segundo le ocasionará desprenderse de la friolera de 176.700 euros.

Heredar en Madrid, Extremadura, Murcia, Canarias… y otras regiones cuesta cien veces menos que heredar en otras comunidades. Morir en las islas Canarias puede significar pagar mil veces menos por la herencia que si se muere en Gijón o Zaragoza. Para FENCIS es una diferencia que dinamita el concepto de igualdad entre los españoles garantizado por la Constitución

En la tributación por descendientes y adoptados menores de 21 años, hay comunidades donde solo se pagan importes simbólicos: Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja, así como los territorios forales. 

Hay un segundo grupo de territorios donde no pagan si no superan determinados límites, es el caso de Andalucía (límite de un millón de euros de la base imponible), Castilla y León (400.000 euros) o Aragón, donde los menores de edad tienen una reducción del 100%, aunque con un máximo de tres millones de euros. 

Cantabria regula una bonificación del 100%, si las bases imponibles son inferiores a 100.000 euros, Cataluña regula una bonificación del 99% al 20% e inversamente proporcional a la base imponible. Finalmente, en la Comunidad Valenciana la bonificación es del 75%.

Con respecto a la tributación del cónyuge, descendientes, ascendientes y adoptados de 21 o más años: las comunidades que, prácticamente, liberan de tributación en 2018 son, además de los territorios forales del País Vasco (tributan al 1,5%), Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. 

Comunidades como Andalucía o Castilla y León dejan casi sin tributación a los contribuyentes con bases menores de un millón y 400.000 euros, respectivamente. Aragón establece una bonificación del 65% sólo para bases que no superen 100.000 euros. En Asturias no se gravan estas herencias cuando la base imponible no supera 300.000 euros y se aplica una tarifa del 21,25% al 36,50%. En Cantabria se aplica una bonificación en general del 90%.

 En Galicia la tarifa para estos familiares, además de una reducción de 400.000 euros, tiene tipos del 5% al 18%, muy por debajo de la estatal que llega hasta el 34%. Cataluña aplica bonificaciones decrecientes del 99 al 20% e inversamente proporcionales a la base imponible. En la Comunidad Valenciana la bonificación es del 50%. En Baleares la tarifa es del 1 al 20%, aplicándose el primer tipo hasta bases de 700.000 euros. En Castilla-La Mancha bonificaciones del 100 al 80% (esta última para la base liquidable que exceda de 300.000 euros).

Y finalmente, en Donaciones se establece una bonificación del 99% en Madrid y Murcia y del 99,9% en Canarias. En Castilla-La Mancha se aplica una bonificación desde el 95 al 85% (a partir esta última de 240.000 euros). En La Rioja la deducción es del 99% en general, o del 98 si la base liquidable supera los 500.000 euros.

En Baleares solo se paga el 7% de la base liquidable. En Aragón existe una reducción del 65%, pero solo para bases menores de 75.000 euros. Cataluña y Galicia han establecido una tarifa para estas donaciones entre parientes cercanos con tipos del 5% al 9%.

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