edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
21/06/2011

Universidades y escuelas jurídicas pisarán el acelerador para acoger la Ley de Acceso a la Abogacía

Tendrán que presentar cuanto antes planes de estudio para los nuevos cursos, evitando un vacío en la salida de profesionales
Javier Ardalán

El otoño traerá de la mano nuevas exigencias para los estudiantes de Derecho que quieran ejercer como abogados o procuradores. El Reglamento que desarrolla la Ley de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, publicado el pasado jueves 16 de junio en el Boletín Oficial del Estado, introduce a partir del 30 de octubre de este año la necesidad de cursar un máster y realizar una prueba antes de poder acceder a la colegiación y, por lo tanto, al ejercicio de la profesión. La aspiración: una red de profesionales de la justicia mejor formados. La contrapartida: el cambio podría implicar unos años de sequía de nuevos profesionales.

El Reglamento recién aprobado es el complemento que le faltaba a la Ley de Acceso, aprobada hace ya casi cinco años, y cuya entrada en vigor estaba prevista para este otoño. Sus pilares son un curso formativo específico, un periodo de prácticas y una prueba de aptitud. Requisitos todos que distan mucho del actual sistema, con el que basta con la obtención del título de Licenciado en Derecho para poder acceder a la colegiación. Todo ello “con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, según reza la exposición de motivos del texto legal.

Para poder realizar el curso formativo será necesario disponer del título universitario. Y ello porque, según afirma el Real Decreto, es el medio para probar la adquisición de determinadas competencias jurídicas que se determinan expresamente en el texto. Además, éstos podrán impartirse por las propias universidades –combinándolos incluso con créditos de otros planes de estudio, como títulos de posgrado especializados-, pero también por Escuelas de Práctica Jurídica –creadas por los Colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía-. Sesenta créditos de curso y otros treinta de prácticas en empresa serán los requisitos para poder acceder a la prueba que será la llave para convertirse en abogado o procurador.

Sin embargo, y a pesar de que se trata de una norma demandada desde hace décadas y necesaria, según la opinión mayoritaria, para dotar a los estudiantes de una formación sólida –que evite, por ejemplo, las pasantías abusivas-, se plantean muchos interrogantes. ¿Tendrá el estudiante con escasos recursos económicos las ayudas suficientes para costear este nuevo tramo de formación? ¿Se convertirá el coste de estos cursos en una traba para la elección del Derecho como profesión? ¿Es más eficiente la fórmula ‘curso más prácticas’, o resulta más efectivo el viejo sistema, en el que el estudiante no estaba obligado a desembolsar cantidad alguna? En otro sentido, se plantea la posibilidad de que las prisas de última hora, sin planes de estudio a la vista, provoquen un periodo de años en el que no se incorporarán nuevos profesionales al mercado.

SISTEMA DE BECAS

En la cara económica, en principio, el texto garantiza que la oferta formativa será asequible para los estudiantes, ya que “tendrán en todo caso garantizado su derecho de acceso a la formación para el ejercicio profesional mediante el otorgamiento de becas, específicamente dirigidas a realizar los másters universitarios”. Según ha afirmado Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española en declaraciones para El País, hasta ahora la mayoría de los que terminan la carrera no se colegian inmediatamente, sino que se preparan para el ejercicio profesional durante unos años en las escuelas de práctica jurídica de los colegios de abogados o en despachos, con cursos en ocasiones muy casos. Así, con el nuevo reglamento, aunque se haga obligatoria esa fase de formación extra, se crean garantías para el estudiante para que todos accedan a esa formación, a través de un sistema de becas que no existe para las opciones formativas actuales.

En la cara laboral, Carnicer también ha anticipado que el primer examen se producirá en 2012 y que “no vamos a estar dos años sin abogados”. En este sentido, desde el pasado 4 de junio se trabaja en las escuelas de práctica jurídica y facultades de Derecho para diseñar el plan de estudios, con el objetivo de que éste se pueda aplicar a partir del próximo curso.

PRUEBAS PILOTO A LA VISTA

El Consejo General de la Abogacía promete hacer los deberes a tiempo y afirma que, cumpliendo con lo estipulado en el nuevo reglamento, enviará su propuesta de examen antes de finalizar este mes de junio al Ministerio de Justicia para que ésta se publique luego en la web del Ministerio. Una prueba piloto que aspira a perfilar la versión definitiva que se lleve a cabo por primera vez en 2012, si se cumplen los plazos, y que será común para todo el territorio nacional. La propuesta del Consejo constará de una primera parte tipo test y una segunda de tipo práctico, para las que la nota final será, en conjunto, de apto o no apto. Se trata de un sistema similar al de las Escuelas de Práctica Jurídica pero que elimina la oralidad –el caso práctico se desarrollaba hasta ahora verbalmente, en lugar de por escrito- y que elimina el examen deontológico que ahora sí se realiza.

La propuesta responde a las exigencias del reglamento, que hace referencia a la necesidad de un enfoque “eminentemente práctico” de la formación, que responda a las situaciones reales que a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores. Pero poco se sabe sobre cuál será el modelo adoptado finalmente. Con vistas a relajar la incertidumbre, el texto legal prevé expresamente que los Ministerios de Justicia y Educación desarrollen no sólo ésta, sino varias pruebas piloto con anterioridad a la celebración de la primera convocatoria de evaluación, cuyos contenidos se harán públicos. De este modo, podrá adquirirse con carácter previo experiencia suficiente en lo relativo a la gestión de las pruebas y los candidatos dispondrán de una orientación adecuada sobre su estructura y contenidos.

A esta tarea contribuirán, además del Consejo General de la Abogacía, las comunidades autónomas, así como el Consejo de Universidades y el Consejo General de Procuradores de España. El siguiente reto es la elaboración de planes de estudio, que deberán confeccionarse según los dictados del reglamento para poder aplicarse el próximo curso, si se quiere evitar en la medida de lo posible un retraso en la salida de los estudiantes que finalicen el año próximo su carrera universitaria.

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