edición: 2558 , Jueves, 20 septiembre 2018
22/06/2009
Una docena de bufetes buscan argumentos ‘no políticos’ para cambiar la Ley

Unos por otros, las cajas sin 'barrer'

El ruído en Caja Madrid frena la puesta en marcha de la reforma normativa
Juan José González

Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, se lamentaba la semana pasada en Santander de que se eligiera a las cajas como pretexto para desviar la atención sobre otros problemas de mayor dimensión y trascendencia para la economía, y también para la sociedad. No le faltaba razón, como tampoco terminan de encontrar argumentos los doce despachos jurídicos –dos de ellos en Reino Unido- que en estos momentos trabajan en la búsqueda de considerandos técnicos y jurídicos, que hagan incontestable una reforma de la Ley de Cajas, por parte de las principales fuerzas políticas del Estado y de algún que otro gobierno autonómico, sí bien tras la pérdida del poder en Euskadi del PNV –se oponía a la fusión de las cajas- los gobiernos nacionalistas reticentes a las fusiones, apenas se pueden contar con los dedos de una mano.

Despachos jurídicos que lo tienen difícil, ya que cuando comenzaron a estudiar el cuerpo legal que regula las instituciones del 50% de nuestro sistema financiero, se dieron cuenta de porqué la Unión Europea mantiene en cuarentena a estas instituciones en el único Estado miembro de la Unión que insiste en no mover ni un artículo de la Ley de ajas. Inconsistencias, contradicciones, falsa representación… y un largo etcétera, es lo primero que se encontraron algunos de estos bufetes especializados en asuntos financieros, lo que hizo desistir a uno de ellos a la semana de haber comenzado el trabajo.

Con esta situación de partida, los expertos se siguen quejando sin saber a ciencia cierta cuál va a ser el destino de las cajas de ahorros en los próximos meses, porque no hay que olvidar que en ese futuro se encuentran comprometidos, empresas, partidos políticos, entidades financieras, profesionales y trabajadores del sector y, por último y no por ello menos importante, clientes particulares, impositores, familias… Un futuro que se escribe en clave de incertidumbre política, sobre el que Economía no parece estar muy dispuesto a despejar y que, incluso, en el Banco de España, existe cierto temor a enfrentar. En definitiva, el destino de las cajas de ahorros pasa por ser el mayor peligro para el sector financiero en los próximos meses.

Es por ello, que la reforma de la Ley de Cajas ha pasado a convertirse, junto con la actuación del poder ejecutivo, en piedra angular del asunto. En diversos medios aseguran con firmeza que no cabe duda de que la actual pugna por el dominio en los órganos de gobierno de la caja madrileña, esta actuando como un potente freno en la actuación del Ejecutivo, impulsando la reforma inmediata de la mencionada Ley, que no quiere erigirse en juez del conflicto al entender que sería no juez sino parte interesada. De ahí la afirmación de Blesa la pasada semana, cuando hacía mención a que los problemas del sector se encuentran en otra sede, que no tiene nada que ver con la caja madrileña, aunque de paso sirva como excusa para justificar el enredo de las fuerzas políticas en la reforma de la Ley.

Se desconoce por el momento, si la Abogacía del Estado intervendrá en tan polémico asunto, pues hay varias Administraciones interesadas –y enfrentadas- en ello, y puesto que no está despejada la incógnita acerca de si los bancos pueden o no adquirir una participación mayoritaria, y por tanto, el control, de alguna caja de ahorros, operación que podría producirse si estas entidades de ahorro tuvieran su capital distribuido en cuotas participativas. Otro asunto éste, por el que Blesa, también en el mismo escenario de Santander, reclamaba mayor urgencia. Así que, mientras no se despeja el entuerto sobre si las cajas se pueden fusionar con otras entidades de distinta Comunidad y/o fusionarse con un banco, unos por otros –valga la popular expresión- las cajas sin barrer.

El impasse es de tal calibre que en la actualidad, en más de un caso, el Banco de España podría estar retrasando la intervención en las entidades, y esperaría al momento considerado de no retorno en la situación patrimonial –caso de la caja manchega CCM- para entrar porque no queda otro remedio. Precisamente, en esta última intervención, se escucharon voces críticas –que siempre las hay- acerca de la tardanza en intervenir la caja.

La incógnita principal se encuentra en este momento en saber quién, cómo y cuándo se va a atrever a hacer frente a los presidentes autonómicos para decirles claramente que su poder de veto en las operaciones corporativas, financieras, nombramientos e inversiones, debe concluir en el presente ejercicio. En el sector se afirma que ningún político en su sano juicio va a permitir que se escape de las manos lo que han considerado históricamente su ministerio de economía particular, su caja, la Caja.

Por ahora, el mensaje enviado al sector por las autoridades económicas y supervisor, acerca de las entidades que necesiten fondos para su rescate deberán ser reestructuradas es tan débil como la intención de las autonomías en ceder el poder en las cajas de ahorros.

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