edición: 3027 , Miércoles, 12 agosto 2020
25/05/2011
OBSERVATORIO GLOBAL

Vaivenes peligrosos: las tormentosas relaciones en el sector de automoción

Raúl López Petisco (KPMG Abogados)

En los últimos tres meses hemos sido testigos de una serie de despropósitos legislativos que han causado un gran impacto en uno de los sectores más importantes para la economía española, el de la automoción. Para que el lector pueda hacerse una idea de que no es un tema menor, España ocupa en segundo lugar del ranking de productores europeos, el séptimo mundial y el cuarto por volumen de exportación.

Este proceso comenzó con el anuncio de que en la fase de tramitación en el Senado de la Ley de Economía Sostenible, se incluía una enmienda que pretendía reforzar la posición considerada tradicionalmente débil en las relaciones entre fabricantes y distribuidores de vehículos: los concesionarios. La introducción de la enmienda con “nocturnidad” se justificó por sus promotores porque había en ese momento numerosos procesos en marcha de reorganización de las redes, que hubieran provocado el endurecimiento de las condiciones y el cierre de muchos concesionarios. Finalmente la Disposición Adicional decimosexta de la Ley de Economía Sostenible introdujo una serie de modificaciones en la Ley de Contrato de Agencia que pusieron en pie de guerra al sector. 

Entre otras modificaciones, y a modo de resumen, los fabricantes estarían obligados a recomprar los coches no vendidos por los concesionarios en el plazo de dos meses desde su adquisición en las mismas condiciones en que se vendieron en primer lugar. En caso de extinción del contrato, el fabricante también debería recomprar el stock no vendido, así como compensar al distribuidor por clientela y por las inversiones específicas no amortizadas.

Inmediatamente, los fabricantes alzaron la voz y acusaron de “engaño y traición” a los grupos parlamentarios que habían apoyado la enmienda y advirtieron que la modificación ponía en peligro las inversiones previstas en España de los fabricantes y muchos puestos de trabajo. Además, contaban con el apoyo del Ministerio de Industria, que declaró, apenas unos días después de su votación en el Congreso y antes de su entrada en vigor, que la norma aprobada era mala y que era necesario modificarla. Por su parte, los concesionarios celebraron la introducción de la modificación y argumentaron que la enmienda solucionaría los desequilibrios existentes en las relaciones entre fabricantes y concesionarios y que, al reducir los costes financieros de estos últimos, ayudarían a reducir los precios finales de los vehículos.

Por si esto no fuera poco, la Comisión Nacional de la Competencia también dio su opinión sobre las modificaciones introducidas por la enmienda. Según el informe de la autoridad nacional de competencia, la modificación era restrictiva de la libertad de empresa y limitaba la competencia entre fabricantes y entre distribuidores de la misma o de distinta red, además de no garantizar mejores precios para el consumidor. Por otro lado, recordó a los agentes del sector que la nueva regulación no les eximía del cumplimiento de las normas de competencia.

Con todos estos antecedentes en liza, el Ministerio de Industria reunió a los responsables de las Comunidades Autónomas en las que hay plantas de fabricación, que expresaron su preocupación por los efectos que la controvertida enmienda pudiera tener. En concreto, reconocieron la necesidad de mantener la confianza de los inversores, al mismo tiempo que se tenían en cuenta las demandas del sector de la distribución de vehículos. El Ministerio solicitó buscar soluciones lo antes posible para equilibrar los intereses de los agentes y se comprometió a presentar al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de contratos de distribución comercial en el plazo de tres meses y a promover su aprobación con la mayor urgencia.

Así las cosas, fabricantes y distribuidores acordaron una tregua escasos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible y acordaron dirigir una petición para que se tramite con la mayor urgencia una enmienda que permitiese anular la controvertida Disposición Adicional Decimosexta de la Ley de Economía Sostenible. No obstante, la norma finalmente se publicó en el BOE, si bien es cierto que de forma paralela se introdujo una enmienda en la tramitación de la Ley de modificación de la Ley sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores para desactivar la nueva regulación. En concreto, la Disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 11 de abril, dice que hasta la entrada en vigor de la ley de contratos de distribución comercial la enmienda “no será aplicable y no producirá efectos jurídicos”.

Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido a remitir a las Cortes Generales ese proyecto de ley de contratos de distribución comercial en un plazo de seis meses y, mientras tanto, a presentar a las principales asociaciones del sector un código de buenas prácticas. En este sentido se abren varios interrogantes. ¿Será posible que esta ley vea la luz en la presente legislatura? ¿Contentará a unos y a otros? Parece que la intención del Ministerio de Industria es presentar el anteproyecto antes de que expire ese plazo de seis meses. Lo único que sí está claro es que la nueva regulación de la Ley de Economía Sostenible ha sido derogada y todavía no hay ni borrador de la ley ni código de buenas prácticas. Mientras tanto, la distribución de vehículos se regirá como hasta ahora, es decir, sin una normativa propia que la regule, prevaleciendo por tanto lo pactado por las partes y las reglas contractuales generales. En este sentido, es importante hacer referencia a que las disposiciones de la Ley de Contrato de Agencia no se aplicarán de manera automática a los contratos de distribución y que es posible, al contrario que en el Contrato de Agencia, cuyas disposiciones son imperativas, la exclusión en el contrato de determinadas indemnizaciones, en particular la de clientela.

En cualquier caso, deberemos esperar hasta que se apruebe la ley de contratos de distribución comercial para ver como queda configurado un sector que genera entre el 5 y el 6 por ciento del PIB español y que emplea a, aproximadamente, un 9 por ciento de la población activa española.

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