edición: 2845 , Miércoles, 13 noviembre 2019
03/09/2019
Cada vez más interventor

Vaivenes en vivienda, automoción, fracaso de horas extra y gestión de la CNMC, muestran el perfil de un mal Estado

No es precisamente una buena posición la que exhibe el país en un escenario considerado como el preámbulo de una crisis económica por riesgo de recesión de algunas de las economías con mayor peso
Juan José González
En el regreso al trabajo tras las vacaciones de verano, los ciudadanos se encuentran con un panorama negativo, deberes sin hacer que como la vacilación del Ejecutivo en funciones en sectores económicos claves amenazan no sólo el crecimiento de la economía sino también la estabilidad laboral. La inseguridad jurídica, la falta de transparencia y, en otros casos, la ausencia de decisiones -por ausencia de un Gobierno con toda la capacidad de actuación- marcan las últimas decisiones del Gobierno e influyen en el funcionamiento de la economía. Los agentes económicos se mantienen en el desconcierto después de varios meses de impasse del Ejecutivo, un tiempo en el que se acumulan varios cambios de rumbo que difícilmente pueden ser interpretados por los empresarios y los consumidores. Esperan decisiones los inversores internacionales mientras los nacionales viven pendientes de los mercados, de la guerra comercial y de otras variables que inciden en la actividad económica. Se impone la interinidad como criterio de actuación y se aplazan decisiones pendientes de las consideradas como de largo recorrido, de largo plazo, para cinco o diez años. Un organismo del Estado, polémico por sus vaivenes y criterios sui generis como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anuncia una normativa que deberá regular los peajes de la distribución en el gas y la electricidad.
Sin aviso previo, un organismo del Estado introduce en plena fase de interinidad gubernamental una norma que puede cambiar por completo algunos sectores económicos con capacidad para crear empleo y riqueza. Las decisiones en esta materia no son exclusivas de la polémica, sino que se vienen a sumar a los vaivenes del Gobierno sobre la normativa futura de carburantes que afectará al sector de la automoción. La inseguridad y el bamboleo mostrado en el caso del diésel ilustran la mala intervención del Estado, en esta ocasión por parte del Gobierno, en los asuntos públicos.

Mala imagen de un Estado la que proyectan algunos organismos con capacidad reguladora, caso de la CNMC, que a principios de julio decidía recortes millonarios en la retribución de eléctricas y gasistas y con el desconcierto en el sector empresarial, de los consumidores y, por supuesto de los inversores internacionales. Es probable que el largo período de interinidad que vive el poder Ejecutivo (y el Legislativo) tenga buena parte de culpa en la incertidumbre de los agentes económicos, de los vaivenes y altibajos en algunas decisiones con trascendencia económica y social y, en definitiva, de la deriva de pérdida de confianza de consumidores, empresarios e inversores.

Sobre el papel, con una aceptable trayectoria de datos económicos, la española es, sin embargo, una economía con una crisis de imagen evidente, provocada por decisiones que muestran un creciente intervencionismo del Estado a través de algunos de sus organismos -independientes del Gobierno- como la CNMC. Por si no fuera suficiente, los altibajos y la irregularidad de algunas decisiones económicas proyectan la peor imagen del Estado sobre los agentes económicos, la imagen que pueden observar los inversores.

Un primer balance de ejecución de la normativa sobre las horas extra, en el que el Ejecutivo tenía depositadas las mejores expectativas (nuevos contratos) en un aumento de la recaudación de la Seguridad Social, se ha saldado en este retorno al trabajo con 166 millones de horas extras menos realizadas, sobre todo si no se pagan ni registran en el cómputo legal con referencia en la Seguridad Social.

Deja el desgraciado registro un fatal balance social en términos de menor creación de empleo (unos 180.000 empleos a tiempo completo, según un sindicato) también de menor recursos en manos de los trabajadores (unos 2.300 millones de euros en salarios brutos) y el consiguiente aumento de ese agujero negro cada vez más amplio y profundo del déficit del sistema de la Seguridad Social en tanto que las horas registradas y no pagadas, al no cotizar, podrían haber reducido el déficit del sistema un 3,5%, es decir, un auténtico desastre que no debería dejar indiferente a nadie, desde las autoridades hasta las fuerzas políticas, sindicales, los empresarios y los propios trabajadores.

El incumplimiento en la práctica de la nueva normativa de horas extraordinarias sin pasar por el "registro obligatorio" que establece la ley, no podrá ser corregido, sin embargo, mediante el habitual precedimiento de multas y sanciones a los violadores de la normativa. Como tampoco es posible que un incremento en la inspección, seguimiento, vigilancia y control de las horas extras por parte de la autoridad inspectora (la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) termine por corregir una práctica que cuenta con una muy larga trayectoria histórica en la práctica laboral española. 

Quizá una legislación laboral más inteligente que estuviera concertada con el sector empresarial podría reducir a anécdota la lacra de las horas extras sin control que viene caracterizando al mercado laboral español. Aunque en ningún caso nada sería posible sin un aumento de la conciencia de responsabilidad empresarial y laboral de los empleadores.

En este sentido, un cambio de mentalidad empresarial y laboral supondría, de facto, la constatación de que el sistema de relaciones laborales en España comienza a ser serio. El pulso inversor, como el pulso de la misma economía, se mide por la seguridad jurídica, tanto o igual como por la misma seriedad que sea capaz de transmitir el país a través, entre otros, de sus gobernantes.

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