edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
23/04/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

Validez de las actividades de aviación dentro del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de CO2

DATADIAR
Los hechos se remontan al año 2003, en el cual la Unión Europea decidió crear un régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero como elemento central de la política europea en materia de lucha contra el cambio climático. Inicialmente, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE no abarcaba las emisiones de gases de efecto invernadero imputables al transporte aéreo. Posteriormente se aprobó la Directiva 2008/101 que establece que las actividades de aviación se integrarán en este régimen a partir del 1 de enero de 2012, por tanto, a partir de dicha fecha, todas las compañías aéreas (incluidas las de países terceros) deberán adquirir y entregar derechos de emisión por sus vuelos con origen o destino a aeropuertos europeos.

A ello se opusieron varias compañías aéreas y asociaciones de transportistas aéreos establecidas en los Estados Unidos y en Canadá, que impugnaron ante la High Court of Justice of England and Wales las medidas de transposición de la Directiva 2008/101 adoptadas por el Reino Unido. A su juicio, la Unión Europea vulnera una serie de principios del Derecho internacional consuetudinario y varios acuerdos internacionales al incluir el transporte aéreo internacional, en particular las actividades aéreas transatlánticas, en su régimen de comercio de derechos de emisión.

En este sentido, los demandantes alegan normas de Derecho internacional para cuestionar la validez de la Directiva 2008/101/CE, con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen de comercio comunitario de derechos de emisión,

Solicitaron al Tribunal de Justicia de la UE que se pronunciara con carácter prejudicial sobre la validez de la Directiva 2008/101, pues su sentencia podría revestir extraordinaria importancia no sólo para la futura configuración de la política europea en materia de cambio climático, sino también, en general, en la relación entre el Derecho de la Unión y el Derecho internacional. En particular, debía dilucidarse si los justiciables pueden invocar ante los tribunales determinados acuerdos internacionales y principios del Derecho internacional consuetudinario para impugnar un acto jurídico de la Unión Europea.

La conclusiones de la Abogado General, la Sra. Juliane Kokott fueron que de las disposiciones y principios del Derecho internacional mencionados, sólo el artículo 7 y el artículo 15, apartado 3, segunda frase, del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra, firmado en abril de 2007, pueden aplicarse en el marco de un litigio suscitado por personas físicas o jurídicas como criterios para examinar la validez de los actos adoptados por las instituciones de la Unión Europea y que el examen de las cuestiones planteadas no se encontraba ningún elemento que se opusiera a la validez de la Directiva 2003/87, en su versión modificada por la Directiva 2008/101.

A través de la sentencia en el asunto C-366/10, el Tribunal de Justicia confirma la validez de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad que incluye las actividades de aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión.

Compatibilidad del Derecho derivado de la Unión con los acuerdos internacionales y el Derecho internacional consuetudinario.

Por lo que se refiere al Convenio de Chicago, el Tribunal de Justicia declara que la Unión no está vinculada por este Convenio puesto que no es parte en el mismo ni ha asumido tampoco, a día de hoy, todas las competencias objeto de dicho Convenio.

En cuanto al Protocolo de Kyoto, el Tribunal de Justicia indica que las partes en este Protocolo pueden cumplir sus obligaciones del modo y con la celeridad que acuerden y que, en concreto, la obligación de procurar limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los combustibles del transporte aéreo trabajando por conducto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), no es incondicional ni suficientemente precisa para poder ser invocada.

A continuación, el Tribunal de Justicia examina la compatibilidad de la Directiva con los principios del Derecho consuetudinario internacional y con el Acuerdo de «Cielos Abiertos».

El Tribunal de Justicia pone de manifiesto que la Directiva no pretende aplicarse como tal a los aviones que se hallan sobrevolando la alta mar o el territorio de los Estados miembros de la Unión o incluso de los Estados terceros. Los operadores de tales aeronaves únicamente estarán sometidos al régimen de comercio de derechos de emisión si optan por explotar una línea aérea comercial con destino u origen en aeropuertos situados en la Unión.

En este contexto, la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión a los operadores de aeronaves no viola el principio de territorialidad ni el de soberanía de los Estados terceros, puesto que este régimen sólo les es aplicable cuando sus aeronaves se encuentran físicamente en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Unión y están sometidos, por tanto, a la plena jurisdicción de la Unión.

En cuanto al hecho de que el operador de una aeronave esté obligado a entregar derechos de emisión calculados con respecto a todo el vuelo, el Tribunal de Justicia recuerda que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tiene como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado. Por tanto, el legislador de la Unión puede optar, en principio, por autorizar el ejercicio en su territorio de una actividad comercial (en el caso de autos, el transporte aéreo) únicamente si los operadores respetan los criterios definidos por la Unión. Por otra parte, el hecho de que ciertos elementos que contribuyen a la contaminación del aire, del mar o del territorio de los Estados miembros tengan su origen en un suceso que se desarrolla en parte fuera de ese territorio no puede cuestionar, en relación con los principios del Derecho consuetudinario internacional que pueden ser invocados, la plena aplicabilidad del Derecho de la Unión en su territorio.

Finalmente, el Tribunal de Justicia responde a la alegación de que el régimen de comercio de derechos de emisión constituye un gravamen o una tasa sobre el combustible que vulnera el Acuerdo de «Cielos Abiertos». Pues bien, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva no infringe la obligación de exonerar al combustible de derechos, gravámenes y tasas. En efecto, contrariamente a lo que caracteriza a los gravámenes obligatorios sobre el consumo de combustible, en el régimen controvertido no existe relación directa e indisociable entre la cantidad de combustible que posee o consume un avión y la carga pecuniaria que corresponde al operador de tal avión en el marco del funcionamiento del régimen de comercio de derechos de emisión. Al tratarse de medidas basadas en el mercado, el coste concreto a cargo del operador no depende directamente del número de derechos de emisión que han de ser entregados, sino del número de derechos asignados inicialmente a dicho operador y de su precio en el mercado cuando resulta necesaria la adquisición de derechos adicionales para cubrir las emisiones. Por otra parte, cabe que un operador de aeronaves, pese a haber poseído o consumido combustible, no esté sometido a ninguna carga pecuniaria derivada de su participación en dicho régimen e incluso, que obtenga un beneficio cediendo a título oneroso sus derechos de emisión


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. B.O.C.M., nº 70, 22 de marzo de 2012.
El artículo 149.1.23 de la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva en la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. En ejercicio de dicha competencia se aprobaron la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que la desarrolla con respecto a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla con respecto a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Hasta el año 2003 en que, para la trasposición de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, se aprobó por el Estado la citada Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en la Comunidad de Madrid, el régimen jurídico de la protección contra la contaminación acústica lo conformaba el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. La posterior aprobación de la legislación básica estatal hace innecesaria la regulación contenida en el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, ya que esta normativa básica estatal conforma un marco jurídico completo cuya aplicación técnica cubre plenamente las necesidades relativas a la protección de la contaminación acústica en nuestro ámbito territorial. Por ello, en aras de la mayor simplificación administrativa, coherencia y seguridad jurídica, se deroga el Decreto autonómico de manera que el régimen jurídico aplicable en la materia sea el definido por la legislación básica estatal.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de blanqueo de capitales procedentes de delito contra la salud pública. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Entrada y registro. Derecho a la presunción de inocencia. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de noviembre de 2011
Se declara probado que uno de los acusados pertenecía a una organización dedicada a recaudar y remitir el dinero obtenido del tráfico de drogas en cantidad próxima a 700.000€. Derecho a la inviolabilidad del domicilio: artículo 18.1 CE. Entrada y registro: estando la investigación judicializada y el imputado objeto de seguimientos y vigilancias, se solicitó la entrada y registro de su domicilio sobre la base de los indicios existentes obtenidos de la previa investigación. Hallazgo de una balanza de precisión y una pistola que son indicativos de la actividad delictiva previa en la que se obtenían los capitales blanqueados. Derecho a la presunción de inocencia: artículo 24.2 CE. El control casacional permite comprobar y verificar si la Audiencia dispuso de actividad probatoria, practicada con las debidas garantías constitucionales y procesales, de modo que una vez acreditada la existencia de tal probanza. Su valoración es ya cuestión de exclusiva competencia del Tribunal sentenciador. La prueba indiciaria puede ser prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia. Indicios a tener en cuenta en supuestos de delitos de blanqueo de capitales: los indicios más determinantes han de consistir: a) el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias. c) La constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas. Caso de autos. Vulneración inexistente: sentencia condenatoria que encuentra soporte probatorio bastante en la declaración de coimputado corroborado por la declaración de los funcionarios policiales intervinientes, las anotaciones manuscritas halladas en su domicilio, la existencia de antecedentes por delitos contra la salud pública, el hallazgo de una balanza de precisión. Atenuante de dilaciones indebidas: se aprecia como atenuante simple y no muy cualificada en atención a la complejidad de la instrucción, la pluralidad de imputados, desconectados entre sí, y la incorporación tardía al proceso del recurrente. Delito de falsedad documental: documento de identidad falsificado en el que se coloca la fotografía del recurrente con unos datos que no se corresponden con los suyos personales. El acusado participó en la confección de los documentos personales de identificación, carnet de conducir, pasaporte y cédula de identidad y libro de familia, incorporando su foto, lo que supone un acto propio de ejecución del hecho. La falsificación de documentos de identidad afecta a intereses españoles, al no ser indiferente a España la identificación de las personas. No se trata de una falsificación que sólo interesa a las autoridades del país al que se refiere la identidad falsa sino a aquéllos en los cuales se emplea como instrumento de identificación. Individualización de la pena: error en la fijación de la pena. Conocimiento del origen ilícito: se estima el motivo y se absuelve al acusado recurrente de quien se declara probado que fue detenido transportando 97.000€ en efectivo a Portugal, por lo que iba a percibir 3.000€, sin que el Facttum refiera el conocimiento ilícito de esos fondos.


Mercantil

Sociedad anónima. Acuerdos sociales: Impugnación por vulneración del derecho al dividendo: abuso de poder por la mayoría. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de diciembre de 2011
En conexión con la causa lucrativa que constituye la causa de negocio societario, los acuerdos de la mayoría que no persiguen razonablemente el interés del conjunto de los accionistas desde la perspectiva contractual, ni los de la sociedad, desde la perspectiva institucional, y perjudican a los minoritarios, revelándose abusivos -tanto si se califica el ejercicio del voto como abuso de derecho, como si se entiende que constituye un abuso de poder- deben entenderse contrarios a los intereses de la sociedad, cuyo regular funcionamiento exige también el respeto razonable de los intereses de la minoría, de tal forma que, aunque el artículo 115.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, silencia el «abuso de derecho» y el «abuso de poder», ello no constituye un obstáculo insuperable para la anulación de los acuerdos sociales en tales supuestos, ya que, a tenor del artículo 7 del Código Civil, son contrarios a la ley.  Tratándose en concreto de acuerdos referidos a la aplicación del resultado, aunque nuestro ordenamiento no regula de forma expresa la impugnación de acuerdos por falta de reparto de beneficios, el hecho de privar  al socio minoritario sin causa acreditada alguna  se presenta a todas luces como una actuación abusiva, que no puede obtener el amparo de los Tribunales, pues se trata de actitud impeditiva afectada de notoria ilicitud, que justifica la impugnación promovida y estimada del acuerdo de aplicación del resultado, pues todo ello significaría consagrar un imperio despótico de la mayoría.

Vulneración del derecho al dividendo: abuso de poder por la mayoría. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de diciembre de 2011
El acuerdo de no repartir dividendos, cuando menos en abstracto y aparentemente, no vulnera la LSA desde el momento en el que la propia norma atribuye a la Junta General la facultad de decidir en tal sentido en el caso de que existan beneficios repartibles - «[l]a junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado» (artículo 213.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aplicable al caso enjuiciado y 273 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)-. Además, la aplicación de beneficios a reservas supone la capitalización de la sociedad, por lo que el acuerdo en tal sentido no se percibe como lesivo para los intereses de aquella, al menos desde la posición institucional.


Civil

Compraventa. Requerimiento resolutorio por parte del vendedor ante la falta de pago del precio en el plazo pactado. no produce los efectos resolutorios cuando ha sido el  vendedor el  que ha impedido la consumación del contrato. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de diciembre de 2011
Ha sido la parte vendedora la que incumplió sus obligaciones derivadas del contrato y no la compradora que, por el contrario, cumplió correctamente las suyas, por lo que no podía prosperar la pretensión de la demandada -formulada por vía reconvencional- de que se declare la resolución del contrato alegando tal incumplimiento de la compradora, cuya actuación venía además precedida y justificada por el previo incumplimiento de la parte vendedora -claro incumplimiento y de superior entidad a la firma de la escritura un día después del propuesto por la vendedora-, consistente en un retraso en la entrega de más de veinte meses, siendo sobradamente conocido que para hacer uso de la facultad que confiere el art. 1504 del C.C. deben concurrir los presupuestos de ejercicio de la facultad resolutoria del contrato exigidos por el art. 1124 del C.C., presupuestos que no concurrían en el vendedor incumplidor.

Se ha producido la resolución de la donación por incumplimiento de la finalidad que la inspiró con el subsiguiente efecto de la reversión. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de diciembre de 2011
La donación con cláusula de reversión, que contempla el artículo 641 del Código Civil, es una restricción a la donación, que consiste en que producido el evento reversional se da el mecanismo recuperatorio que determina automáticamente la readquisición por parte del donante, a no ser que la reversión sea a favor de un tercero, como ocurre en este caso; en el supuesto del debate, se ha producido la resolución de la donación por incumplimiento de la finalidad que la inspiró con el subsiguiente efecto de la reversión.


Laboral

Reclamación del INSS a la empresa del importe de la prestación de jubilación parcial por no efectuar una nueva contratación del trabajador relevista. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 29 de noviembre de 2011
En origen del litigo está en una jubilación parcial con contrato de relevo, en concreto en el cese anticipado del trabajador sustituido por causas disciplinarias. La lectura de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1131/2002 conduce a apreciar un aspecto básico y es el de que en el número 2 se contiene la referencia al despido improcedente del sustituido con la consecuencia de que la empresa viene obligada a ofrecer al relevista la ampliación de jornada o bien a contratar un nuevo trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada. En cuanto al número 1º, en el mismo se contempla la posibilidad de que el relevista cese y el precepto no especifica la causa, antes de que el sustituido alcance la edad de jubilación ordinaria o anticipada, es decir que el supuesto cese acaecido no resulta atípico en la Disposición invocada. El legislador ha establecido en ambos apartados dos soluciones en las que en todo caso se tiende a la conservación del cumplimiento de la jornada íntegra bien por el trabajador relevado bien por el relevista. La diferencia entre los dos supuestos estriba en que para el caso de despido improcedente, y para el caso de no readmisión y sin embargo manteniendo el puesto de trabajo, con ampliación de la jornada del relevista ya contratado o bien contratando a un segundo relevista. En el supuesto del apartado 1º, en el que tanto cabe un despido declarado procedente como un cese voluntario o un despido no impugnado, con el común resultado en todos ellos de la exclusión del relevado del ámbito de la empresa, «se produjera el cese» en la dicción legal, el mandato es terminante: «el empresario deberá sustituirlo por otro trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada». Los términos literales del precepto no dejan lugar a dudas acerca de cuál ha sido la voluntad del legislador, por lo que deberá entenderse que la sentencia recurrida no se atuvo a la buena doctrina.

No procede el descuento en la nómina del trabajador de la multa impuesta por irregularidades en los discos del tacógrafo y documentación correspondiente. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 30 de noviembre de 2011
Las sanciones impuestas al trabajador y por las que la empresa pretende el resarcimiento, no obedecían a conductas imputadas al trabajador en el marco de las normas de tráfico y seguridad vial, sino a incumplimientos detectados en relación con las obligaciones de la actividad del transporte de mercancías por carretera, regida por una normativa que tiene por finalidad regular el mercado en este sector, estableciendo el Marco Estatal de desarrollo del mismo. La exigencia del resarcimiento por daños habrá de precisar de la concurrencia de dolo o negligencia por parte del trabajador, mostrada en el desarrollo de su prestación de servicios y causante de las infracciones por las que la empresa acabó siendo sancionada. No basta, pues, con la mera imposición de tales sanciones, cuando, como en el caso, no puede deducirse de las denuncias, que las ocasionaron, la intervención directa del trabajador en el acaecimiento de las omisiones detectadas por la autoridad administrativa. Por el contrario, la empresa, no sólo no hizo partícipe al trabajador de los expedientes administrativos que se incoaron, sino que no desarrolló ni alegaciones al respecto en aquella vía, ni actividad probatoria necesaria en el proceso que ahora se nos somete a conocimiento, que permitiera deducir que fue el trabajador quien, con su conducta, impidió que los agentes de la Guardia Civil pudieran comprobar los discos; quien dejó de realizar el descanso mínimo necesario pese a las concretas instrucciones que hubiera debido darle la empresa y, asimismo, quien omitió cumplimentar los discos que sí se hallan en el camión.


Administrativo

Nulidad del precepto que remite al reglamento la regulación del procedimiento de evaluación ambiental de determinados proyectos. Tribunal Constitucional. Sentencia 16 de marzo de 2012
Las disposiciones correspondientes de la norma legal objeto de modificación (el Real Decreto Legislativo 1302/1986), que establecen de forma sucinta el marco de atribuciones aplicable en la materia, constituyen en definitiva un elemento instrumental y accesorio del conjunto del cuerpo normativo mencionado, por lo que su modificación no puede quedar vedada a un real decreto-ley, (Real Decreto-ley 9/2000), en el que concurre efectivamente, tal como aprecia el TC, el presupuesto habilitante requerido por el Art. 86.1 CE; De lo contrario se produciría el absurdo de que un real decreto-ley sí podría modificar la regulación legal sustantiva de una materia en atención a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, pero no podría modificar al mismo tiempo aquellas disposiciones accesorias e instrumentales como las que establecen el marco básico de atribuciones y potestades aplicables en la materia. La Sala concluye que no concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifiquen el apartado dos del artículo único del Real Decreto-ley 9/2000, que, en consecuencia, ha declara inconstitucional.

Nulidad de la DT 2ª de la Ley Canaria 6/1997 de coordinación de policías locales que establece una dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales. Tribunal Constitucional. Sentencia 13 de enero de 2012
Conforme a la doctrina constitucional se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición transitoria segunda de la Ley Canaria 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de policías locales, por cuanto en ella se establece, aún con carácter transitorio, una dispensa de la titulación necesaria para participar en procesos de promoción interna que es contraria a la ordenación que con carácter básico ha establecido el Estado en el ejercicio de su competencia exclusiva, ex Art. 149.1.18 CE, para la regulación de las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos. Por esta razón la disposición transitoria sometida a examen de constitucionalidad incurre en el exceso competencial puesto de manifiesto por el órgano judicial, toda vez que las partes intervinientes en este proceso constitucional no niegan que en tal norma se establece una dispensa de titulación que no se compadece con la norma estatal básica sino que afirman la competencia de la Comunidad Autónoma para establecer tal dispensa al am paro de su competencia en materia de seguridad pública que hemos descartado que pueda otorgar la cobertura constitucional pretendida.

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