edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
24/05/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

Validez de las disposiciones “reglamentarias estatales” en materia de juego

DATADIAR

La presente cuestión jurisprudencial, versa sobre la distribución de competencias en materia de juego, a partir de la sentencia del TC de 15 de marzo de 2012, que analiza los conflictos positivos de competencia acumulados interpuestos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo, que autoriza la explotación de una lotería instantánea o presorteada y por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o presorteada.

Destaca el TC con carácter previo, que las partes no discrepan sobre el encuadramiento competencial de las disposiciones controvertidas, que en forma unánime consideran que versan sobre la delimitación de las competencias estatales y autonómicas en materia de juego y apuestas.

La doctrina constitucional sobre esta materia dice que corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva sobre los casinos, juegos y apuestas, excepto las apuestas mutuas deportivo-benéficas y que la misma comprende la de organizar y autorizar la celebración de juegos en el territorio de la Comunidad Autónoma; pero no, evidentemente, la de cualquier juego en todo el territorio nacional, puesto que los Estatutos de Autonomía limitan al territorio de la Comunidad el ámbito en el que ha de desenvolver sus competencia".

El TC señala que en esa misma doctrina está sin embargo igualmente dicho que ni el silencio del Art. 149.1 CE respecto al género juego, ni el hecho de que los Estatutos de Autonomía califiquen de exclusiva la competencia autonómica en cuanto a juegos y apuestas, puede interpretarse como determinante de un total desapoderamiento del Estado en la materia, sin perjuicio de las competencias de algunas Comunidades Autónomas en materia de juego.

De hecho, el Tribunal Constitucional señala que en ambos Estatutos, justo después de afirmar la competencia exclusiva autonómica en materia de juegos, apuestas y casinos cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en el respectivo territorio, reconocen la existencia de modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal. No obstante, la sentencia advierte que dicha previsión no supedita ni condiciona la actuación estatal en esta materia, de modo que el Estado podrá, si lo estima conveniente, autorizar nuevos juegos o modificar los existentes de su competencia.

Según el TC, lo hasta ahora expuesto bastaría para desestimar la falta de competencia del Estado para aprobar el Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo, y la consiguiente vulneración de la competencia autonómica en materia de juego que la Junta de Andalucía ha denunciado con carácter principal, y lo hace de forma concluyente porque, como se ha observado, la competencia exclusiva autonómica comprende los supuestos de juegos que se desarrollen exclusivamente en Andalucía. Y este no es desde luego el caso del citado real decreto que justo comienza por precisar que la modalidad de lotería que establece es de ámbito nacional, lo que determina la competencia estatal sobre la misma.

Por su parte la Generalitat de Cataluña denuncia también que la coordinación CCAA-Estado, debería haberse hecho efectiva a través de la previsión de un mecanismo de compensación económica a la Generalitat, similar al previsto en el art. 6.4 LOFCA (actualmente art. 6.2 LOFCA) por la disminución de ingresos que el establecimiento de la lotería de ámbito nacional había de causarle inevitablemente, al competir en concurrencia con la lotería de ámbito autonómico ya existente desde 1987.

Al respecto, la sentencia nos recuerda que el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de "hacienda general", así como la potestad originaria para establecer tributos mediante ley, lo que, unido a que también corresponde al legislador orgánico la regulación del ejercicio de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas, determina que aquél sea competente para regular no sólo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas respecto de las del propio Estado.

En estas precisas coordenadas constitucionales se sitúa cabalmente el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias, que se ejercerá en coordinación con la hacienda del Estado con arreglo al principio de suficiencia de los recursos para el ejercicio de sus competencias propias.

Por tanto, el Tribunal, afirma que no hay duda, de que la autonomía financiera reconocida a las Comunidades Autónomas exige ciertamente la disposición de los medios financieros precisos para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, sus competencias propias y, al cabo, permitir el ejercicio de la autonomía política constitucionalmente reconocida en los artículos. 137 y 156 CE.

Ahora bien, como ya ha declarado el TC en repetidas ocasiones, este principio de suficiencia financiera, que las Comunidades Autónomas promotoras de los presentes conflictos reputan vulnerado por las disposiciones reglamentarias que combaten, no es sin embargo un valor absoluto, sino que tiene también lógicamente sus propios límites y, en primer lugar, el que deriva de la propia naturaleza de las cosas, de forma que "dicha suficiencia debe quedar enmarcada, como concepto relativo que es, en el marco de las posibilidades reales del sistema financiero del Estado en su conjunto"

Por ninguna otra razón su eventual vulneración ha de valorarse siempre "en atención al conjunto de los recursos de que puedan disponer y de las competencias que les han sido atribuidas, así como de los servicios que gestionan, y dentro siempre de las reales disponibilidades económicas de un sistema globalmente presidido por el principio de solidaridad entre todos los españoles, lo que a la postre significa que la suficiencia financiera es efectivamente "algo muy concreto y dependiente de muchas variables y no, por tanto, determinable en función de una singular fuente de ingresos, individualmente considerada, y su eventual reducción.

Para el TC, estas precisiones son suficientes para desestimar lo alegado por la autoridad catalana, puesto que la posible minoración de ingresos derivada de la competencia en concurrencia de la nueva modalidad de lotería que autorizan los reales decretos considerados en el presente caso, no es ningún criterio o factor adecuado para expresar las necesidades de financiación autonómica y, por tanto, capaz de arriesgar la lesión del principio de suficiencia financiera que se denuncia.

La sentencia declara que de un lado, que la Generalitat de Cataluña no ha demostrado en ningún momento que la nueva modalidad de lotería de ámbito estatal ponga en peligro la suficiencia de los recursos financieros precisos para ejercer sus competencias en materia de juego. Una demostración que resulta en rigor necesaria por cuanto, como también el constitucional ha advertido en otras ocasiones, "no existe un derecho de las Comunidades Autónomas constitucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación, sino un derecho a que la suma global de los recursos existentes de conformidad con el sistema aplicable en cada momento se reparta entre ellas respetando los principios de solidaridad y coordinación". Por añadidura, como expresamente ha reconocido la propia Generalitat de Cataluña, el Real Decreto 844/1999 que cuestiona ni siquiera ha llegado a tener aplicación práctica, por lo que, la citada norma no ha producido consecuencias financieras negativas.

Y, de otro lado, porque, una vez confirmada la competencia del Estado para autorizar juegos de ámbito estatal, el hecho de que la autorización por los reales decretos cuestionados de una modalidad de lotería pueda eventualmente reducir los ingresos autonómicos que derivan de la previa explotación por la Generalitat de Cataluña en su territorio autonómico de una modalidad de lotería similar, no permite cuestionar la legitimidad del ejercicio por el Estado de sus competencia (Art. 149.1.14 CE). De hecho, las únicas referencias al "juego" en el sistema de financiación autonómica son las que en materia de cesión de impuestos del Estado a las Comunidades Autónomas contienen.

Por lo mismo, y en contra ahora de lo pretendido por la Generalitat de Cataluña, la sentencia afirma que resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 6.2 LOFCA, toda vez que, como se desprende de su propio tenor literal, este precepto establece la necesidad de instrumentar medidas de compensación o coordinación en los supuestos en que el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos", lo que no considera el tribunal que suceda en este caso.

Por último, desestima igualmente la invasión competencial en materia de juego que la Generalitat de Cataluña reprocha al Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) la explotación de una lotería instantánea o presorteada de ámbito estatal.

La disposición adicional decimocuarta del Estatuto de Autonomía de Cataluña es desde luego bien concluyente al respecto al establecer que la deliberación y el informe previos que exige el Art. 141.2 del propio texto estatutario para los casos de autorización de nuevas modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal "no resultará de aplicación a la modificación de las modalidades de los juegos y apuestas atribuidos, para fines sociales, a las organizaciones de ámbito estatal, carácter social y sin fin de lucro, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable a dichas organizaciones". Y la ONCE obviamente lo es, según ya ha tenido ocasión de advertir el TC en otras ocasiones.

El Tribunal Constitucional concluye que no hay duda de que los Reales Decretos impugnados no menoscaban ni invaden la competencia autonómica en materia de juego.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. BOE., Núm. 108, 5 de mayo de 2012.
El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, obliga a que los poderes públicos establezcan mecanismos eficaces para protegerlo y conservarlo. Este fin solo puede alcanzarse procurando la compatibilidad de la actividad humana con la preservación del medio ambiente. Para ello, la legislación ambiental debe ser clara y otorgar seguridad jurídica. En una situación como la actual, en la que se están encarando profundas reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de nuestra legislación ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo, sin merma del principio de protección. La reforma que acomete el presente real decreto-ley se orienta a la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces, y lo que es más grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las Administraciones públicas. La simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales que se promueve, además de ser necesaria en sí misma, resulta un medio idóneo para acompañar a las reformas, que con carácter urgente, el Gobierno ha puesto en marcha.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito contra la ordenación del territorio. Delito de daños de bienes propios de utilidad social en concurso de normas. Delito de desobediencia. Derecho a la presunción de inocencia. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de febrero de 2012
Se declara probado que el acusado era propietario de una finca rústica de carácter eminentemente forestal y que ocupaba varias parcelas catastrales catalogadas como coto de caza. El citado acusado transformó su uso o aprovechamiento de forestal a agrícola de regadío, extralimitándose para ello en las diversas autorizaciones administrativas que obtenía para la tala y destoconado de eucaliptos, apertura de pozos y cultivos de secano. Además, construyó una nave agrícola y una balsa de agua, sin licencia ni permiso alguno. Calificación jurídica: los hechos fueron calificados como delito contra la ordenación del territorio (construcción de la nave y de una balsa de agua en la finca), y de daños en bienes de utilidad social (transformación de la finca forestal y de cultivos de secano en terrenos de regadío intensivo, lo que estaba expresamente prohibido por encontrarse la mayoría de la finca incluida en la Zona A, de máxima protección medio ambiental por su valor ecológico). Error en la apreciación de la prueba: se desestiman. Los informes técnicos invocados no evidencian el error fáctico que se denuncia. Quebrantamiento de forma: no se aprecia falta de claridad en el factum. El relato de hechos probados n contiene expresiones jurídicas, sólo accesibles a técnicos del derecho, que resulten predeterminantes del fallo. Se desestima. Diligencia de entrada en una finca: por agentes medioambientales. Carece de protección constitucional al no tratarse de domicilio.  La Ley de Montes 43/2003, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, en su artículo 6 dispone que los agentes forestales tienen encomendada las funciones de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal. Artículo 58.3: los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestales están facultados para entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en ellos. Incongruencia omisiva: fallo corto. Concurre cuando la resolución judicial omite todo pronunciamiento sobre alguna pretensión jurídica – que no fáctica – planteada en tiempo y forma por las partes, siempre que no pueda entenderse desestimada tácitamente. Promotor: los acusados actuaron como promotores de las construcciones ilegales. La Ley de Ordenación de la edificación de 1.999 considera que promotor lo puede ser cualquiera, incluso ocasionalmente. Promotor, en su extensión jurídico penal, no se trata de un vocablo técnico, sino que pertenece al lenguaje corriente, de manera que en el ámbito del artículo 319 será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, impulsa, propugna o financia, con recursos propios o ajenos, obras de edificación para sí o para su posterior enajenación. Construcción: debe considerarse como construcción la que se produce por la obra del hombre y con el empleo de medios mecánicos y técnicos apropiados, con una sustancial modificación, con vocación de permanencia, de la configuración original de la zona geográfica afectada. Diferenciación entre construcción y edificación. Delito de desobediencia. Artículo 556 CP: se declara probado que se ordenó al acusado la paralización de las actividades y obras de transformación de la finca, a pesar de lo cual no cesó en su empeño de realizar lo que fuese preciso para continuar con la explotación agrícola de la finca. Grave incumplimiento de una orden dictada por la autoridad administrativa


Mercantil

Prescripción de la acción social de responsabilidad. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de enero de 2012
Publicada la ley andaluza de cooperativas, es decir, la Ley 2/1999, cuyo art. 73 es el aplicado por la sentencia recurrida y el cuestionado por la parte recurrente como inconstitucional, se publicó poco después la todavía vigente ley estatal, la Ley 27/1999, de 16 de julio. Esta última ley estatal supuso un cambio significativo en orden a la posible concurrencia de legislación estatal y autonómica en materia de cooperativas. El art. 2 de la propia ley estatal dispone que esto será de aplicación «[a] las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal». Y a diferencia de las dos leyes estatales que la habían precedido, esta de 1999 no contiene ya una regulación específica de la responsabilidad de los miembros del consejo rector, sino que su art. 43 se limita a remitirse genéricamente a «lo dispuesto para los administradores de las sociedades anónimas». De todo lo anterior cabe concluir que tanto al interponerse la demanda como al dictarse la sentencia recurrida el art. 73.5 CA respetaba la legislación mercantil estatal, cumpliendo así lo que a su vez disponía el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que era la propia legislación estatal la que reconocía competencia a la Comunidad Autónoma en materia de responsabilidad de los miembros del consejo rector de las sociedades cooperativas andaluzas, incluido el plazo de prescripción de la acción social, que no debe olvidarse es la ejercitada por la propia cooperativa contra miembros de un órgano de la misma, ámbito interno que evita cualquier perjuicio a la tutela efectiva de eventuales derechos de terceros por relaciones jurídicas cuyos elementos o efectos no se limiten estrictamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que el art. 72.3 LCA in fine se remite, para la responsabilidad frente a terceros, a «la legislación estatal aplicable».

Cumplimiento tardío del deber de adaptación. Responsabilidad de los administradores. Tribunal Supremo. Sentencia 31 de enero de 2012
La DT tercera LSA, dispone en el número 1 que las mismas deberán adaptar sus estatutos a lo dispuesto en la Ley, si estuvieran en contradicción con sus preceptos, antes del 30 de junio de 1992 y, en el número 3, que «transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores sin haberse adoptado e inscrito las medidas en ellos previstas, los administradores y, en su caso, los liquidadores responderán personal y solidariamente entre sí y con la sociedad de las deudas sociales». Esta previsión no queda desvirtuada por lo que se dispone en el número 4, ya que en ella no se regula una causa de exclusión o de exoneración de la responsabilidad de la contraída según el número 3, sino el cierre del Registro Mercantil, a partir del 31 de diciembre de 1995, a documentos y títulos de sociedad anónima hasta tanto no se haya inscrito la adaptación, excepción hecha de los que enumera, entre ellos los relativos a su disolución. 


Civil

Contrato de aparcería. Mejoras sociales. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de febrero de 2012
De acuerdo con los arts. 51 y 116.1 de la LAR de 1980 las mejoras efectuadas en régimen de aparcería se presumen realizadas por el arrendatario, pero en el presente caso nos falla la premisa, a saber, no se puede dar por acreditado que las mejoras existan. Ante ello el Tribunal no puede analizar la calificación de las mejoras y, su carácter social, pues se debe partir de que no está probada su existencia y el recurso de casación no es cauce procesal hábil para la valoración de la prueba. Por tanto la parte recurrente plantea un motivo inadmisible en casación al hacer supuesto de la cuestión, que consiste en partir de un supuesto de hecho distinto del que ha declarado probado la sentencia de instancia, ya que la casación no es una tercera instancia que permita revisar la cuestión fáctica, sino que se concreta al control de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico.

La negativa del vendedor a elevar el contrato a escritura pública supone un incumplimiento contractual. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de febrero de 2012
La negativa del vendedor a elevar el contrato a escritura pública supone un incumplimiento contractual, lo que justifica el incumplimiento por el comprador del pago del resto del precio convenido -salvo que otra cosa se haya establecido- y, en consecuencia, la falta de obligación de pagar intereses por el precio no satisfecho, si bien, con carácter general, no constituye un incumplimiento de tal magnitud que justifique la resolución del contrato, salvo -lógicamente- el supuesto en que ambas partes hayan fijado como esencial esa obligación en el contrato, como ocurre en el caso presente en que los contratantes así lo quisieron al fijar dicho incumplimiento con carácter resolutorio en la cláusula séptima del contrato, en ejercicio de la libertad de pacto que se establece en el artículo 1255 del Código Civil.


Laboral

Compensación por deudas entre empresa y trabajador. No procedían los descuentos efectuados en la nómina del pagó erróneo en concepto de indemnización por traslado. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 25 de enero de 2012
El origen del litigio se encuentra en el descuento que viene haciendo la empresa mensualmente en la nómina del trabajador, en concepto de una indemnización por traslado que le fue abonada pero que no debió de haber percibido, a juicio de la empresa, puesto que el cambio de centro de trabajo no suponía cambio de residencia. El trabajador presentó demanda ante el Juzgado de lo Social, impugnando el descuento de que estaba siendo objeto por la empresa, que fue estimada. La empresa recurrió en suplicación, alegando en síntesis, que era correcta la compensación a la que estaba procediendo. La Sala del TSJ desestima el recurso, en lo que aquí interesa, porque considera que no ha quedado acreditado que el abono de la indemnización fuera indebido, que la empresa fuera acreedora del actor, ni que la deuda que la empresa afirma tener frente al demandante fuera exigible. El Tribunal Supremo confirma la sentencia de suplicación pues afirma que no es que no pueda operar la compensación en supuestos como el presente, sino que se impone para ello que concurran los requisitos exigidos por el art. 1196 del Código Civil -lo cual no sucede en el presente caso en que como queda dicho no concurre la necesaria incontrovertibilidad de la deuda- con lo cual ha de calificarse de improcedente la detracción directa y unilateral operada por la empresa. Quedan a salvo las acciones que a la empleadora puedan asistir ante los órganos de la jurisdicción social, en reclamación de la cantidad correspondiente a la indemnización que se alega percibida indebidamente por error, en proceso en que las partes puedan sostener con todas las garantías procesales sus posiciones y alegar las excepciones que estimen oportunas.

Requisitos de la contingencia protegida de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 25 de enero de 2012
La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina, que ya ha sido resuelta en varias sentencias de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, versa sobre la interpretación y aplicación de los artículos 135.bis y 135 ter de la Ley General de la Seguridad Social, dedicados respectivamente a la «situación protegida» de riesgo durante la lactancia natural y a la «prestación económica» prevista para subvenir a esta contingencia social en un supuesto concreto. La regulación contenida en los citados remite explícitamente al artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece entre las medidas preventivas de protección de la maternidad la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el período de lactancia, en determinadas condiciones que examinaremos a continuación. En concordancia con esta normativa se ha dado también nueva redacción a los artículos 45.1.d) y 48.5 del Estatuto de los Trabajadores, relativos a la suspensión de la relación laboral por estas causas o circunstancias familiares. La interpretación conjunta de los preceptos anteriores permite afirmar que, además del riesgo efectivo concurrente en el desempeño de un concreto puesto de trabajo, el riesgo durante la lactancia natural objeto de protección ha de ser, siguiendo el tenor literal del precepto, un «riesgo específico», esto es, un riesgo relevante para la salud de las personas protegidas (la madre y/o el bebé), que: a) se presenta solo o con mayor intensidad en la concreta actividad desempeñada por la trabajadora o en el concreto medio de trabajo en que tal actividad se desenvuelve, y b) que afecta también de manera particular a la situación de lactancia natural. La premisa general de esta prestación se puede resumir en los siguientes puntos: 1) la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia es una medida subsidiaria de segundo grado para cuando concurre un riesgo específico en el desempeño concreto de un puesto de trabajo; 2) en cuanto tal, sólo cabe adoptarla después de probar la existencia de tal riesgo específico y de valorar como insuficientes o como ineficaces otras medidas previas a la suspensión del contrato, que son, en primero lugar, la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo y, si tal adaptación no resulta posible o no resulta efectiva, el cambio de puesto de trabajo; 3) la valoración de la concurrencia o no de estos requisitos legales depende de múltiples circunstancias de tiempo, lugar y modo de la prestación laboral desempeñada; 4) la acreditación de un riesgo específico con relevancia para la salud de la madre y/o del lactante, que no se pueda prevenir o remediar más que mediante la suspensión del contrato de trabajo, corresponde en parte a la trabajadora y en parte a la empleadora a las que va a afectar tal importante vicisitud de la relación laboral; 5) en particular, corresponde a la empresa llevar a cabo gestiones efectivas encaminadas a la adecuación del puesto de trabajo o al traslado a puesto compatible, para lo que es preciso «conocer con detalle la naturaleza, extensión, características y tiempo de exposición» a los factores de riesgo señalados; y 6) en el presente caso, tal acreditación no se ha producido de acuerdo con los informes aportados (empresa, Inspección de Trabajo, Centro de Prevención de la Consejería de Empleo, unidad de prevención).


Administrativo

Inconstitucionalidad de la atribución al Estado de la competencia para autorizar los juegos que excedan los límites de una Comunidad Autónoma sin abarcar a la totalidad del territorio nacional. Tribunal Constitucional. Sentencia 15 de marzo de 2012
El TC afirma que no resultan evidentes las razones que justificarían la utilización de la supraterritorialidad como criterio determinante para la atribución de competencias al Estado. Cabe ciertamente pensar en otros mecanismos de cooperación, incluso entre Comunidades Autónomas, que pudieran dar solución a los eventuales problemas de efectos extraterritoriales en la materia del juego y apuestas, cuando su ámbito supere el autonómico y sea inferior al nacional, máxime al tratarse de una materia que admite el fraccionamiento en su ejercicio, sin que por tanto sea preciso atribuir su ejercicio a un único titular. A partir de lo que antecede, procede estimar la causa de inconstitucionalidad que los recurrentes imputan a la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en cuanto al inciso «exceda de los límites de una concreta Comunidad Autónoma», al vulnerar el orden constitucional de competencias, por atribuírselas al Estado cuan do el juego es de ámbito supra autonómico y, como aquí ocurre, inferior al nacional

Desestimación de recurso de revisión por error judicial. Decreto autonómico por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de julio de 2011
El Alto Tribunal desestima el recurso de revisión por error judicial afectante al Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares, toda vez que el recurrente bajo el calificativo de error judicial, pretende una discrepancia con la interpretación de las normas jurídicas aplicables efectuada por el órgano judicial, siendo que las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Superior de Justicia no pueden reputarse ilógicas, irrazonables o absurdas, sino que, por el contrario, constituyen claramente el resultado de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano. Por ello, no pueden ser revisadas en el procedimiento de revisión por error judicial, un proceso extraordinario en el que está vedado al Tribunal Supremo examinar nuevamente la prueba practicada en las actuaciones de instancia ni enjuiciar el acierto o desacierto del órgano jurisdiccional al dictar su resolución. Los festejos taurinos populares, en los que se juegan o corren reses según los usos tradicionales de la localidad, requieren para su celebración la contratación e intervención de un profesional taurino, así como la presentación de certificación acreditativa de que los servicios médicos e instalaciones para los mismos se ajustan a lo dispuesto en las normas aplicables.

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