edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
29/12/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

Validez de los preceptos de la ley estatal que establecen un régimen de equilibrio presupuestario en el sector público

DATADIAR

La Sentencia 157/2011, de 18 de octubre de 2011, el Tribunal Constitucional  pone de manifiesto una vez más como ya lo hizo en la STC 134/2011, que la reforma constitucional de 27 de septiembre de 2011 que entró en vigor ese mismo día ha dado una nueva redacción al Art. 135 CE con la que se ha llevado a cabo la “consagración constitucional” del principio de estabilidad presupuestaria. Y es ya de señalar que toda la argumentación del recurso va dirigida contra la construcción del principio de estabilidad presupuestaria” que definen los artículos 3.2, 6.2 y 7.1 y 3 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria vulneran el artículo 156 de la Constitución al suponer un ejercicio de la potestad legislativa del Estado no cubierto con título competencial suficiente.

Así, los hechos que dan lugar a la cuestión de inconstitucionalidad pretendida por el Consejo de Gobierno del Principado que considera vulneran los preceptos constitucionales citados.

El Abogado del Estado y la representación procesal del Senado rechazan que las normas impugnadas incurran en las infracciones constitucionales que se les achacan al haber sido dictadas en ejercicio de las competencias que al Estado atribuye el Art. 149.1.13 CE y complementariamente, para aspectos concretos, las reglas 11, 14 y 18 del mismo Art. 149.1 CE.

El Tribuna plantea la posible extinción de esta controversia por virtud de la derogación de la Ley 18/2001 por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley general de estabilidad presupuestaria, cuestión ésta a la que la citada STC 134/2011, ha dado en su fundamento jurídico 2 una respuesta negativa: “carece de sentido, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya” del ordenamiento, pero “constituyen una excepción a esta regla general aquellos supuestos en los que a través de un recurso de inconstitucionalidad lo que se traba en realidad es una controversia en el ámbito de las competencias respectivas del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

Y en este caso ocurre que la derogación que dicho Decreto Legislativo realiza de la Ley 18/2001 supone su sustitución por otra normativa que reproduce, aun con una redacción diferente y más amplia, las mismas cuestiones objeto de controversia. Por tanto, ha de alcanzarse la conclusión de que, pese a su modificación o derogación, el recurso de inconstitucionalidad promovido frente a la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, mantiene vivo su objeto.

La doctrina del “ius superveniens”

Para entrar en el fondo del asunto, el TC nos recuerda la doctrina del ius superveniens que reiteradamente ha venido resaltando, en lo que ahora importa, en el control de los posibles excesos competenciales, y sobre esta base, una vez que ya se has dejado constancia de la reforma constitucional que ha modificado el Art. 135 CE con la “consagración constitucional” exposición de motivos de la Reforma, del “principio de estabilidad presupuestaria”, resulta claro que es a este nuevo canon de constitucionalidad al que hay que atenerse a la ahora al dictar sentencia, pues es doctrina uniforme del citado Tribunal que en el recurso de inconstitucionalidad no se fiscaliza si el legislador se atuvo o no, en el momento de legislar, a los límites que sobre él pesaban, sino, más bien, si un producto normativo se atempera, en el momento del examen jurisdiccional, a tales límites y condiciones.’ Y el apartado 1 de la nueva redacción del Art. 135 CE establece que “todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”. Estamos, pues, ante un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos los poderes públicos y que por tanto, en su sentido principal, queda fuera de la disponibilidad de la competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas. Cuestión distinta es la de su desarrollo, pues aquel sentido principal admite diversas formulaciones, de modo que será ese desarrollo el que perfilará su contenido.

La nueva redacción del Art. 135 CE encomienda ya a una ley orgánica el desarrollo de los principios a que se refiere el precepto (apartado 3). Y esto es lo que ahora se destaca: la remisión a una Ley orgánica, obviamente estatal, corrobora la competencia del Estado en esta materia, que ya había declarado este Tribunal aplicando el Art. 149.1, 13 y 14, por un lado, y 11 y 18, por otro.

Estando, pues clara, la competencia estatal para dictar las normas controvertidas, la sentencia entra a valorar en el examen de cada precepto impugnado si las competencias estatales en juego limitan o no de modo indebido las competencias autonómicas, en particular su autonomía política y financiera (arts. 137 y 156 CE).
 
Comenzando por el Art. 3.2 de la Ley 18/2001, que es el que define la estabilidad presupuestaria, la sentencia nos señala que basta con remitirnos a la STC 134/2011, para  establecer las siguientes apreciaciones y conclusiones:

1º) La definición de ‘estabilidad presupuestaria’ se configura como una orientación de la política económica general que el Estado puede dictar ex Art. 149.1.13.”

2º)  La STC 62/2001, de 1 de marzo, reiterando anterior doctrina, ha considerado legítimo el establecimiento de límites presupuestarios en materias concretas.

3º) La legitimidad constitucional de que el Estado, ex 149.1.13 y 156.1 en conexión con el Art. 149.1.14 CE, establezca topes máximos en materias concretas a las Comunidades Autónomas en la elaboración de sus presupuestos se extiende, con igual fundamento, a la fijación de topes generales para dichos presupuestos, toda vez que la política presupuestaria es un instrumento de la política económica de especial relevancia, a cuyo través incumbe al Estado garantizar el equilibrio económico general.

Procede el TC por consecuencia a la desestimación de la impugnación del Art. 3.2 de la Ley 18/2001, tal como lo hizo en la ya citada STC 134/2011.


A la misma conclusión llega respecto de los otros tres preceptos impugnados, es decir, los artículos. 6.2, 7.1 y 7.3 de la Ley 18/2001, al estima que el escrito del recurso está concebido, como una impugnación de “la construcción del principio de estabilidad presupuestaria” que define el Art. 3.2 examinado y que es el objeto principal del razonamiento de dicho escrito, de modo que sólo por vía de conexión o consecuencia los ha incluido el Consejo de Gobierno del Principado en su recurso, sin articular motivación alguna respecto de estos tres preceptos.

La elaboración del plan económico-financiero de saneamiento, es en definitiva, una consecuencia vinculada al incumplimiento del objetivo de estabilidad.

No obstante la sentencia añade que para las situaciones excepcionales de déficit presupuestario exige una justificación y la formulación de un plan económico-financiero de saneamiento, dado que esto es consecuencia del principio de estabilidad presupuestaria, tal como se estableció en la STC 134/2011, que estableció que partiendo de la legitimidad del establecimiento por el Estado del principio de estabilidad presupuestaria, se atribuye igual legitimidad al criterio de que cuando dicho principio no se atienda en el momento de la aprobación del presupuesto o se constate su incumplimiento en la liquidación del mismo, el Estado imponga ex art. 149.1.13 CE la elaboración por las Comunidades Autónomas correspondientes de un plan económico-financiero de corrección del desequilibrio, pues de no hacerse así quedaría sin efecto el objetivo de estabilidad y, por consecuencia, la citada competencia del Estado, a cuyo través éste ha de garantizar el equilibrio de la política económica general


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. BOE., Núm. 304, 19 de diciembre de 2011).
Las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista (NGTS), aprobadas por Orden ITC/3126/2005, de 5 de octubre, por la que se aprueban las normas de gestión técnica del sistema gasista, son uno de los elementos normativos básicos para garantizar el funcionamiento del sistema gasista y la continuidad, calidad y seguridad del suministro de gas natural. La norma NGTS-09, denominada «Operación normal del sistema», contempla los requisitos de funcionamiento del sistema gasista dentro de los parámetros considerados como ordinarios, es decir, con las variables de control dentro de rangos normales, estableciendo la posibilidad de que el Gestor Técnico del Sistema (GTS), en colaboración con el resto de sujetos implicados, elabore anualmente un Plan de Actuación Invernal con objeto de garantizar el suministro ante el incremento de la demanda derivado de la estacionalidad del mercado doméstico/comercial y de las repentinas olas de frío, Plan que habrá de ser aprobado por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Conforme a lo anterior, el GTS presentó con fecha de 27 de septiembre de 2011 una propuesta para la operación invernal. De acuerdo con la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, esta resolución ha sido sometida a informe preceptivo de la Comisión Nacional de Energía, que fue emitido por su Consejo de Administración en la sesión del día 10 de noviembre de 2011 y para cuya elaboración se han tenido en cuenta las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia efectuado a través del Consejo Consultivo de Hidrocarburos.

 
JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de blanqueo de capitales. Derecho al secreto de las comunicaciones. Intervenciones telefónicas. Derecho a la presunción de inocencia. Prueba indiciaria en supuestos de blanqueo de capitales. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de julio de 2011
La presunción de inocencia puede ser válidamente desvirtuada mediante prueba indirecta o indiciaria, siempre que los indicios sean varios y están plenamente acreditados, y que la inferencia sea razonable y no arbitraria. Prueba indiciaria en supuestos de blanqueo de capitales: no es precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo. Los indicios más habituales en esta clase de infracciones son: a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; b) la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas; c) lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto; d) la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico; e) la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones; f) la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales; o g) la existencia de sociedades «pantalla» o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas. Caso de autos. Vulneración inexistente: prueba documental que evidencia las operaciones realizadas por la recurrente, a pesar de que carecía de ingresos de lícita procedencia suficientemente acreditados que justifiquen su capacidad económica para llevar a cabo esas operaciones. Íntima relación, familiar y sentimental, con el partícipe en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. Delito de blanqueo imprudente. Se desestima: adquisición por la recurrente de una vivienda y percepción en sus cuentas bancarias de diversas cantidades de dinero de oscuro origen y que no corresponden a actividad laboral o mercantil alguna. La pareja sentimental de la recurrente consta que había sido condenado por delito contra la salud pública. Revisión de sentencias absolutorias: sin modificación de los hechos declarados probados, en orden a transformar el sentido absolutorio de un pronunciamiento alcanzado en la instancia mediante el juicio de inferencia construido sobre la prueba de indicios disponible por otra conclusión de sentido contrario que pudiera conducir a la condena de los acusados, sólo es posible llevarla a cabo cuando esa inferencia se refiera a aspectos internos de la infracción, elementos subjetivos tales como la intención de los sujetos participantes en los hechos enjuiciados, puesto que, al tratarse de una elaboración meramente intelectual de los Jueces de la instancia, su fundamento lógico y conclusiones son susceptibles de una nueva valoración racional discrepante de la formulada por aquellos. Pero las cantidades de dinero cambiadas a divisas extranjeras en apenas un año y medio, 62 millones de euros, la utilización para ello de una oficina de cambio abierta por los mismos acusados, la utilización empresas interpuestas, y el incremento no justificado del patrimonio de los acusados, no justificados en actividades lícitas y declaradas, permite inferir razonablemente la comisión de actos de blanqueo de capitales de origen delictivo.


Mercantil

El Consorcio de Compensación de Seguros está exento del cumplimiento de la carga de consignar para recurrir. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de septiembre de 2011
La Sala considera que el artículo 12 LAJEIP es una norma que exime al Consorcio de Compensación de Seguros del cumplimento del requisito de la consignación para recurrir, entre otras razones porque dicho artículo exime de la constitución de garantías a las entidades a que se refiere, entre las que se hace mención expresa a las entidades públicas empresariales, naturaleza que tiene el Consorcio de Compensación de Seguros, y esta previsión específica es bastante para que esta clase de entidades se beneficien de la exención contemplada en la norma sin necesidad de que se designen individualmente cada una de las entidades públicas empresariales que en los distintos ámbitos de actividad están exentas de constituir depósitos y cauciones. En consecuencia, la interpretación literal, sistemática y finalista de la norma lleva a la conclusión de que la voluntad del legislador fue excluir a las entidades que menciona la norma de la carga procesal de consignar para recurrir. Su efectividad no puede limitarse a los supuestos en los que el Consorcio de Compensación de Seguros actúa como fondo de garantía porque los términos del artículo 12 LAJEIP no amparan esa interpretación y la circunstancia de que el Consorcio de Compensación de Seguros esté sometido a las normas de Derecho privado cuando actúa como aseguradora no implica que -en el ámbito procesal- no puedan tener virtualidad las disposiciones específicas de actuación del Estado en los procesos de toda índole.

Inexistencia de riesgo de confusión: el consumidor medio puede distinguir perfectamente ambas marcas. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de julio de 2011
La marca registrada está compuesta por una denominación sencilla y única y la marca solicitada por un conjunto de términos. No es lícito aislar en la marca aspirante el término «ZARA» porque está incluido en ese conjunto, en el cual no es dominante; que la marca solicitante dispone de la ya mencionada evocación de la ciudad de Zaragoza y constituye una simplificación del nombre social de la titular. De estos hechos se deduce deduce que el consumidor medio puede distinguir perfectamente ambas marcas. Aunque tenga razón la recurrente en la notoriedad de la marca registrada y la inclusión de este término en el distintivo que combate, el Tribunal de instancia ha ponderado razonablemente los diversos elementos gráficos y denominativos que integran las diversas marcas en conflicto y ha expresado en forma motivada, razonable y que no puede calificarse de manifiestamente errónea, una valoración sobre el riesgo de confusión entre ellas que no puede ser revisado en esta sede casacional.


Civil

Arrendamiento de vivienda. Extinción de contrato de arrendamiento por pérdida técnica y económica de la vivienda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.2 LAU 1964. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de julio de 2011
Los requisitos o presupuestos necesarios para que la acción de resolución por ruina de la finca arrendada resulte viable al amparo de la causa lo del artículo 118.2 de la LAU 1964, son los siguientes: a) Que exista una resolución administrativa que declare que la finca urbana de que se trate se halla en estado de ruina, sin que preciso sea que además sea inminente ni que afecte a toda ella, bastando la incipiente y la parcial. b) Que la declaración se haya hecho por la autoridad municipal competente, esto es, por el Alcalde, ya intervenga por su propia autoridad, ya en unión de los componentes del Pleno de la Corporación o de la Comisión Permanente. c) Que tal acuerdo sea fruto o consecuencia de un expediente contradictorio, en el que hayan sido citados todos los inquilinos y arrendatarios afectados. d) Que la resolución municipal goce de firmeza. En este caso, en las resoluciones administrativas aportadas no se declara la ruina del edificio sino la necesidad de abordar una serie de obras que presupuesta. El cuantum no se acerca al cincuenta por ciento del valor dado a la finca por la propia actora -120.000 € -, siendo este presupuesto detallado y presumiblemente más objetivo que el aportado por la parte interesada. La parquedad del informe que acompaña a la demanda, consideraciones de la prueba pericial de la demandada y los presupuestos desestimar la petición secundaria de la demanda por cuanto no concurren los requisitos legales del artículo 118.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos invocado.

El coste de servicios y de suministros se consideran cantidades asimiladas a la renta, y su impago es causa de resolución comprendida en el artículo 114.1ª del TRLAU 1964. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de julio de 2011
El coste de los servicios y suministros, en arrendamientos de vivienda existentes en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, ha de considerarse como cantidades asimiladas a la renta, y su impago es causa de resolución comprendida en el artículo 114-1ª del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. El artículo 114.1 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 establece como causa de resolución del contrato de arrendamiento urbano, lo sea de vivienda o de local de negocio, no sólo la falta de pago de la renta, sino también la falta de pago de las cantidades asimiladas a ella, cuyo abono debe asumir el arrendatario por mandato legal; no fija, sin embargo, qué debe entenderse por cantidades asimiladas a la renta, motivo por el cual, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo, el concepto de «cantidades asimiladas a la renta» debe ser integrado en atención a los criterios que se fijen en cada momento en la legislación aplicable.


Laboral

Interpretación del Convenio de Telemárketing. No tiene razón de ser que la empresa exija justificar los tiempos de desplazamiento la asistencia a consultas médicas. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 14 de julio de 2011
Se plantea la interpretación del artículo 29.2 del Convenio Colectivo del sector de Telemárketing (actualmente del sector de Contact Center), relativo al permiso retribuido para la asistencia a consultas médicas. La «justificación oportuna» que contempla el precepto, hace referencia a la necesidad de la consulta médica en si misma, y de ahí, que legítimamente se exija por la empresa como justificante el informe de asistencia a consulta o el informe de asistencia a urgencias, según los casos. Lo que no tiene razón de ser, y supone una limitación del derecho, es la exigencia de justificar, con carácter general, los tiempos de desplazamiento como pretende la empresa. Es más, al exigirse la justificación de los tiempos de desplazamiento, se va más allá de lo establecido en el precepto convencional y en el acuerdo conciliatorio, con una interpretación extensiva que no se encontraba prevista en la voluntad de las partes firmantes del acuerdo.

El sistema de ascensos es discriminatorio para la mujer. El Corte Inglés. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 18 de julio de 2011
En el origen de este litigio la autoridad laboral declara que las constataciones y afirmaciones de hechos contenidas en las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y en la comunicación de oficio de la autoridad laboral suponen una infracción consistente en discriminación indirecta por razón de sexo en el sistema de promoción profesional de la empresa demandada. El tribunal considera que no puede estimarse que el sistema de promoción profesional objeto del análisis sea neutro porque, aunque tenga apariencia de tal, produce resultados discriminatorios sin justificación objetiva. La cuestión no está en examinar el ascenso a categoría ordinaria, como la de profesional, sino el pase a la categoría de coordinador y a la de mando. Es en el ascenso a estas categorías donde se produce una desproporción adversa para las mujeres, porque esos puestos son ocupados, principalmente, por los hombres en porcentajes muy superiores a los cubiertos por mujeres, dado el número de personas de uno y otro sexo que emplea la empresa. Estos resultados se ven favorecidos por el sistema de selección: el ascenso a técnicos y mandos es por libre designación y el pase a coordinador es el resultado de la evaluación continuada del superior inmediato. Así mismo, facilita estos resultados desproporcionados el secretismo y la falta de publicidad con la que los ascensos se llevan a cabo, sin que las plazas se oferten, ni sean conocidas por los sindicatos o por los trabajadores cuya asistencia a los cursos de formación depende del poder discrecional de la empresa. La justificación que ofrece la empresa de ese resultado, anómalamente, desproporcionado en perjuicio de las mujeres no es bastante para fundar objetivamente su proceder. Argumenta la recurrente que para ser mando es requisito necesario trabajar a jornada completa y tener la jornada partida y el horario flexible, así como trabajar los domingos, cual autorizan el Convenio Colectivo y el Acuerdo de empresa sobre turnos y horarios laborales, lo que impide el ascenso de las mujeres porque, mayoritariamente, tienen contrato a tiempo parcial. El argumento no es de recibo porque, como apuntó el Tribunal Constitucional, el hecho de que la actuación del empresario tenga amparo legal o convencional no le autoriza a producir resultados inconstitucionales.


Administrativo

Reclamación de responsabilidad patrimonial por accidente de tráfico. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de abril de 2011
El Tribunal Supremo concluye en la existencia de un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño Así, en el caso de autos el recurrente circulando a velocidad inadecuada por una autovía en correcto estado y con buena visibilidad, patinó su motocicleta chocando contra la valla de la mediana ?bionda- así denominada por estar formada por una plancha metálica con forma de doble onda; segando su pierna izquierda del recurrente. Se entiende que el corte de la pierna izquierda no se habría producido si, en lugar de una bionda, la valla de la mediana hubiera sido de otro tipo. La caída y el impacto con una valla de otro tipo le habrían podido ocasionar seguramente otras lesiones. Así las cosas, aunque la causa del accidente fue la velocidad inadecuada, la causa de la concreta y específica lesión fue la existencia de una bionda: mientras que la velocidad inadecuada es imputable al recurrente, la existencia de la bionda lo es a la Administración

Permiso de funcionamiento de sala de bingo. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de enero de 2011
El Tribunal Supremo declara la resolución impugnada contraria a derecho al declarar ajustada a derecho la resolución del Viceconsejero de Gobernación, en la que, a pesar de carecer la Administración de atribuciones para tener por válido y vigente un contrato de arrendamiento de local de negocio que, conforme se ha declarado por la Jurisdicción Civil en sentencia firme, había quedado sin efecto se declara que, en virtud de ese contrato de arrendamiento, el recurrente ostentaba la disponibilidad legal y de hecho de dicho local, mientras que por la misma razón no es nula la resoluc ión del Delegado de Gobernación de Cádiz por la que se concedió el permiso de funcionamiento de la Sala de Bingo por un periodo de quince años, porque ésta era titular del referido contrato de arrendamiento sobre el local destinado a la Sala de Bingo, de manera que tenía la disponibilidad legal y de hecho del indicado local destinado a tal fin.

Noticias Relacionadas

Director
Juan José González ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
c/ Real, 3. 40400 El Espinar (Segovia)
Teléfono: 92 118 33 20
© 2020 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...