edición: 2785 , Martes, 20 agosto 2019
19/05/2011
España se apunta al endurecimiento fiscal de grandes patrimonios y Sicavs

Varios Gobiernos europeos preparan un nuevo orden para los paraísos fiscales

Prisas de última hora en busca de fórmulas que terminen con los escondites financieros
Juan José González

Se unen en la desgracia, y tienen sus motivos. Los socios europeos de la UE comparten numerosos problemas, y la crisis se esta encargando de sacar a la luz los más evidentes. Todos sienten y padecen los males de las cuentas públicas, que deben cuadrar cada año, una labor compleja, más propia de ingenieros que de economistas. Los socios se mueven, despacio, pero se mueven. Acaban de tomar la iniciativa, este mismo fin de semana en el Ecofin, de delegar en la Autoridad Bursátil Europea la responsabilidad de ‘meter en cintura’ a las impopulares ‘posiciones cortas’ que tantos quebraderos de cabeza han brindado en los últimos tiempos. Ahora le toca el turno al movimiento de capitales, en concreto, a su fiscalidad. Se trata de un asunto escurridizo, como el aceite en las manos. La primera batalla de esta guerra contra el dinero en paradero desconocido, consiste en poner a los Gobiernos de acuerdo en comenzar a disparar; la segunda batalla será lograr una posición de fuerza en los paraísos fiscales, y la tercera, conseguir que la tributación de los grandes patrimonios, invertidos en Sicavs y otros, aporten mayor contribución a las arcas de unos Estados que no saben cómo salir del agujero.

En España, el problema alcanza cifras más que preocupantes, así que la iniciativa de la Comisión Europea viene como anillo al dedo. La Comisión Española de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene entre una de sus líneas de actuación, seguir las rutas de inversión en paraísos fiscales, un trabajo farragoso y en ocasiones imposible, pero que logra averiguar numerosas vías de fuga de capitales, es decir, que el difícil trabajo acaba recogiendo sus frutos en forma de éxitos y de actas que luego deben pasar –y pasan- por caja.

La Comisión trabaja con la total seguridad de que alrededor de 40.000 millones de euros pueden haber salido para los paraísos fiscales en los últimos tiempos, en un período de una docena de años, y con los papeles en regla, es decir, hacia paraísos fiscales legales, publicados en el BOE. Por otra parte, los técnicos del ministerio de Economía y Hacienda siguen buscando la forma de que 250.000 millones de euros en paradero desconocido, o fraude fiscal, afloren al sistema. Y por último, los 25.000 millones de euros invertidos en las 3.347 Sicavs registradas en la CNMV, cuya tributación se mantiene en el 1%, siguen en el punto de mira del Ejecutivo.

La larga enumeración de conceptos y cantidades responde al intento de fijar y describir los tres bloques principales que forman uno de los encargos más importantes que jamás haya recibido un equipo de técnicos en el ministerio de Economía y Hacienda. El objetivo es triple. Por un lado, el Ejecutivo quiere sacar partido de esa ingente masa de dinero invisible que vive a la sombra de la legislación en las islas más exóticas –y algunas británicas que no lo son tanto-.

De esta partida, las autoridades españolas aspiran, al menos, a recaudar unos 1.000 millones de euros al año, al igual que lo hace el fisco británico que, mediante convenio con Suiza recibe del país helvético una cantidad en concepto de gravámenes de capital que recauda éste en nombre de Su Graciosa Majestad, una forma original de regularizar el dinero de los ingleses invertido en Suiza. En el caso español, un acuerdo de este tipo, que sólo sería posible si se llegara a aprobar desde la Unión Europea, significaría un gran alivio para el presupuesto anual. Y por otra parte, el departamento de Hacienda necesita sacar de la clandestinidad los 250.000 millones de euros que viven ajenos a las más elementales normas tributarias.

El movimiento que pretende introducir un nuevo orden en los paraísos fiscales, el secreto bancario, al tiempo que perseguir los delitos fiscales, esta encontrando en la Comisión Europea un amplio número de seguidores que seguramente antes de que finalice el año alcanzarán un consenso que se plasme en nuevas normas. Porque, en general, todos los países miembros tienen el mismo problema: necesidad de cuadrar las cuentas públicas. Una necesidad que, curiosamente, tendría capacidad para recortar algunos derechos y libertades en materia de movimientos de capitales, de identidad de patrimonios y, por supuesto, libertad operativa bancaria.

Los lobbies bancarios con despacho en Bruselas tienen trabajo. El encargo de sus clientes –mayoritariamente bancos, sociedades financieras, fondos, intermediarios y varias fortunas- es muy claro: deben hacer lo posible para retrasar cualquier iniciativa que active cualquier propuesta de alterar el estado de la situación fiscal. Una situación que en este caso se encargarán de mover los suizos, quienes en los últimos tiempos estarían perdiendo inversiones alemanas.

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