edición: 2493 , Jueves, 21 junio 2018
21/11/2017

Venezuela inicia una subrepticia reestructuración de deuda mientras se debate si suspendió pagos

Los fondos oportunistas organizan a los acreedores y los asesores del Gobierno toman posiciones
Carlos Schwartz
El proceso de reestructuración de deuda puesto en marcha por Caracas amenaza con ser uno de los más complejos en la historia de las crisis de pago soberanas. Venezuela no presenta una suspensión de pagos nítida porque al menos PDVSA ha pagado, mal y tarde, una emisión de bonos vencida, pero la ha pagado. Mientras tanto las agencias de calificación de riesgos afirman que el mundo está ante una suspensión de pagos debido al retraso en cumplir con los vencimientos por parte del país y de su bomba de dinero, la petrolera estatal. Mientras que todo esto es acomodable en el entorno de una parte de los acreedores que siguen esperando que el Gobierno de Nicolás Maduro se ponga las pilas y pague, aunque como en el caso de PDVSA sea mal y tarde, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) ha establecido la existencia de un “evento de crédito”. Esto implica que los que denuncien el impago y tengan derivados sobre esa deuda (CDS) pueden reclamar el pago de los seguros. Ocurre sin embargo que el valor de los derivados en manos de los inversores es bajo en relación con la deuda: unos 250 millones de dólares sobre la deuda de PDVSA y unos 1.200 millones sobre el resto de deuda soberana sobre un volumen total del orden de los 150.000 millones de dólares. Un problema añadido es que si los bonistas con deuda sin pagar denuncian el impago y solicitan cobrar de forma acelerada, algo que desde luego no lograrían, puede desencadenar de forma indirecta el impago de otra deuda incluso en contra de la voluntad de los acreedores con derecho sobre ella.
Un grupo nutrido de acreedores manifiesta abiertamente el temor a que el proceso se desarrolle de esa forma, pero la realidad es que los que acudieron a Caracas el lunes de la semana pasada para asistir a una reunión de acreedores convocada por el propio Gobierno y con el vicepresidente Tareck Al Aissami como anfitrión se marcharon con las manos vacías, o casi. Según algunos de los asistentes el Gobierno tuvo la cortesía de obsequiarles con una bolsa de chocolates.

Mientras tanto esta crisis de deuda a la bolivariana no ha dado hasta ahora margen para que se entable una negociación en la cual los acreedores, como los bonistas, acepten un recorte de la deuda a cambio de deuda nueva con mejores visos de ser pagada en un plazo a determinar.

Uno de los motivos es desde luego que el Gobierno de Donald Trump ha prohibido a los bancos y a los ciudadanos estadounidenses en general establecer cualquier tipo de negociación con el gobierno de Maduro por su característica antidemocrática. Esto hace que una parte sustancial de los acreedores estén imposibilitados de aceptar nueva deuda o negociarla. La puerta falsa para superar estas restricciones sería que el Gobierno lograra que la Asamblea Nacional en manos de la oposición aceptara el proceso de reestructuración y la emisión de nueva deuda.

Pero la oposición no está dispuesta a dar luz verde a este opción a menos que arranque al Gobierno un compromiso de retirada de Maduro. Es decir que lo que sería una renegociación clásica de deuda exterior no está aun a la vista. De acuerdo con fuentes de medios financieros locales algunos empresarios iberoamericanos se han acercado a las ascuas de esta fogata tras haber adquirido a precio de saldo volúmenes considerables de deuda. Uno de ellos es el magnate mexicano David Martínez, propietario del fondo de inversión Fintech.

El potentado originario de Monterrey, residente en Estados Unidos, es propietario del 100% del capital de Telecom Argentina tras adquirir en marzo de este año a los banqueros locales Werthein la parte del capital que no controlaba. Martinez tiene intereses considerables en el sector de los medios de comunicación que se vertebrarán ahora con la operadora de telecomunicaciones que se divide el mercado con Telefónica.

Martínez, con vinculaciones con el Gobierno de Caracas, ha ofrecido sus servicios para ayudar en este trance al gobierno de Maduro. Mientras, otro multimillonario, este argentino, que tiene un más que fluido vínculo con PDVSA, y procede en su origen de las filas del peronismo también ha tomado posiciones en deuda venezolana de acuerdo con fuentes próximas a diversos fondos de inversión. Antes este empresario fue uno de los mayores titulares de bonos de deuda argentina pagados por el Gobierno Macri a los acreedores rebeldes denominados 'holdouts' a su nominal y no con el descuento de la reestructuración organizada en su momento por el extinto Néstor Kirchner. Esta situación no deja de ser curiosa en la medida que mientras tanto el Gobierno no acaba de designar sus asesores e interlocutores.

De acuerdo con fuentes de medios financieros el Gobierno de Maduro ha contratado abogados con los cuales ya tiene una relación establecida. Ocurre que los despachos estadounidenses deben solicitar una autorización de la Oficina de Control de Activos Exteriores (OFAC por sus siglas en inglés) que es una agencia del Tesoro estadounidense encargada de vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense contra otros estados.

El importante despacho Arnold y Porter tiene un contrato con el Gobierno de Venezuela, al igual que la petrolera estatal tiene uno con la anglo americana Hogan Lovells. De acuerdo con un despacho que asesora a PDVSA el Gobierno ha designado a un abogado con nacionalidad británica, David Syed, como parte del equipo asesor. De acuerdo con algunos medios de prensa Syed abandonó el fin de semana su antiguo despacho, Orrick que no estaba dispuesto a trabajar para Venezuela y se unió, con su cliente de la mano, a Denton, otra firma global de abogados habitual en estos procedimientos.

Todo el proceso se muestra cuando menos envuelto en la incertidumbre. Por su parte los fondos que se especializan en tomar posiciones en deuda impagada están intentando organizar grupos de bonistas acreedores lo que indica que las en últimas dos semanas los fondos de alto riesgo se han lanzado sobre la deuda venezolana a la espera de la suspensión de pagos. De momento Greylock Capital de Estados Unidos está encabezando uno de los intentos. Es decir que mientras nadie asume que la suspensión de pagos está instalada, todos los interesados, incluido el Gobierno, actúan como si lo estuviera.

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