edición: 3078 , Viernes, 30 octubre 2020
22/09/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

Vestimenta en el trabajo, fuente de conflictos

DATADIAR

La obligación de llevar una cierta “vestimenta” en el trabajo es en ocasiones fuente de conflictos. Confluyen aquí cuestiones tan dispares como la seguridad, la imagen, el poder de dirección empresarial o la libertad y dignidad del trabajador, pudiendo surgir incluso temas de discriminación o conductas “sexistas”. Lo cierto es que exceptuando los aspectos que afectan a la seguridad en el trabajo, nuestras leyes nada dicen al respecto.

La Constitución consagra el derecho de la persona a su propia imagen pero aquí surge otro conflicto y es el derecho de la empresa a mantener también una cierta “imagen corporativa”, especialmente cuando la actividad se ejerce de cara al público. Por ello declaró procedente el despido de un trabajador por su reiteración en acudir al trabajo con una vestimenta totalmente inadecuada para el desempeño de un puesto de comercial (camiseta deportiva, número de dorsal, pantalones vaqueros y zapatillas de deportes).

Existen, por tanto, determinadas actividades laborales que requieren una mínima corrección o pulcritud en la indumentaria, conforme a unas reglas de trato social comúnmente admitidas, que imponen obvias limitaciones al trabajador en su libertad de vestir. Pero estas facultades directivas no pueden ejercerse de forma arbitraria, sin justificación aparente, puesto que vulnerarían la libertad, la dignidad y la intimidad del individuo.

Los supuestos más extremos son los casos en los que la imposición de una determinada vestimenta puede considerarse discriminatoria, como ha sucedido recientemente en relación con una clínica de Cádiz. La empresa imponía en sus centros sanitarios “una uniformidad” a las enfermeras que prestaban servicios de cara al público, consistente en falda, delantal, medias y cofia, sin posibilidad de sustitución u opción por el pijama hospitalario que sí llevaban los hombres de la misma categoría en esas dependencias así como las demás enfermeras en otras secciones. Surgieron inmediatamente voces que la calificaron de “sexista”, puesto que dicha prenda en nada facilitaba la actividad laboral desempeñada; es más, la dificultaba.

Los sindicatos consideraron tal práctica como discriminatoria estimando que con tal imposición las mujeres eran utilizadas, exclusivamente por su sexo, como meros objetos de contemplación, dando así al paciente una imagen desvirtuada de su profesionalidad.

Recurrida la práctica de la empresa ante los tribunales, en un primer momento el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó que las reglas adoptadas por la empresa no eran atentatorias de los derechos fundamentales o dignidad de las trabajadoras, puesto que medidas singulares sobre la vestimenta a utilizar durante el trabajo son habituales en ciertos sectores, como hostelería, transportes, comercio, sanidad, etc. La circunstancia de que el uso social haya admitido la utilización indistinta por parte de la mujer de falda o pantalón, no suponía, a juicio de este tribunal que en un servicio laboral concreto no pudiera imponerse un determinado uniforme, máxime cuando tal exigencia respondía a un trabajo de un determinado nivel en la empresa, que había de efectuarse cara al público

Sin embargo, posteriormente el Tribunal Supremo, en Sentencia de 19 de abril de 2011, ha considerado justo lo contrario, que la orden de la empresa sí suponía una discriminación por razón de sexo. Estimó al respecto que aunque tal iniciativa se enmarca dentro de las facultades del poder de dirección del empresario, como es la orden de uniformidad de los empleados de los distintos centros hospitalarios, el problema se plantea cuando esa orden de uniformidad contiene una dimensión diferente en el caso de que se trate de mujeres o de hombres. Se hace preciso entonces determinar si la medida “desigual” resulta equilibrada, ponderada y necesaria.

Para realizar esta valoración, la Sala tomó en consideración no sólo los aspectos jurídicos sino también los usos sociales y las máximas de la experiencia. Con arreglo a éstas, el tribunal estimó que  la uniformidad femenina que exigía la empresa tenía un cierto componente “tradicional o antiguo”, que se vinculaba con una serie de valores próximos a una posición no equilibrada de la mujer en relación con la de los hombres.

Así, afirmaba en su sentencia que el hecho de resultar obligatorio para las trabajadoras llevar esa vestimenta y no permitírseles que vistiesen la indumentaria generalizada del pijama sanitario, que sí utilizaban los hombres y otras mujeres de su misma categoría pero en otras dependencias, suponía una actitud empresarial que no resultaba objetivamente justificada y por ello discriminatoria, pues de esa forma, lo que se evidenciaba y pretendía con esa política empresarial, con ese componente de vestuario tradicional, era proyectar al exterior una determinada imagen de diferencias entre hombres y mujeres que no se correspondían con una visión actual que el usuario pudiera percibir de los servicios sanitarios. Por todo ello el alto tribunal declaró tal práctica empresarial como contraria al principio de no discriminación por razón de sexo.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Resolución de 31 de agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina el régimen transitorio de la utilización de los contratos para la formación en los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, en desarrollo de lo establecido en el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. B.O.E. n.º 212 de 3 de septiembre de 2011.
El Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, regula el contrato para la formación y el aprendizaje que sustituye al contrato para la formación. No obstante lo anterior, el contrato para la formación es la modalidad de contratación prevista en la normativa que regula los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, programas que si bien fueron derogados por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, permanecerán en vigor, en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de esta norma, hasta que se aprueben la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo, previstos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para el ejercicio 2012, circunstancia que hasta el momento de entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, no se ha producido. Teniendo en cuenta lo expuesto, la citada normativa reguladora es la que las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, han considerado para efectuar las convocatorias y la aprobación de proyectos de aquellos programas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, y por tanto determina las subvenciones a conceder así como los requisitos de las personas desempleadas participantes, por lo que procede el mantenimiento de la aplicación del contrato para la formación en estos supuestos.


JURISPRUDENCIA

Penal

Engaño consistente en la manipulación de la mecánica operativa de juego de bingo. Delito de estafa. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de mayo de 2011
Los acusados se pusieron de acuerdo para obtener lucro ilícito trucando una partida de juego de bingo que habría de desarrollarse en el local que explotaba uno de ellos. Tras cerrar al público el salón jugaron una partida en la que fueron escogiendo y excluyendo las bolas del bombo hasta configurar la combinación ganadora de uno de los cartones y con ello obtener el premio de un “bingo interconectado” cuyo bote y premio ascendía a 75.000 euros. Así uno de los acusados resultó ganador de la partida manipulada, si bien que la entidad gestora alertada por el operador tecnológico de interconexión de las Salas de bingo sobre diversas anomalías en el desarrollo de la partida, tales como falta de identificación del personal mínimo que debía estar en la Sala y en el intervalo de tiempo de extracción de las bolas; por lo cual se procedió a consignar el importe del premio en determinada Notaría, a fin de que se hiciera entrega a quien resultara ser el ganador previa autorización de la Delegación del Gobierno de la Junta de Espectáculos Públicos. Cantidad que finalmente cobró el acusado ganador, y ello tras haber interpuesto denuncia ante un juzgado de instrucción y obtener la correspondiente autorización judicial al efecto. La introducción de datos alterados en el programa de funcionamiento de una máquina, posibilitando que ésta actúe mecánicamente en función de la información manipulada que se la suministra, constituye un artificio que debe considerarse engaño típico. Se niega la existencia de engaño por el hecho de la manipulación y trucaje del sorteo y, de haber existido fraude punible este se habría producido en grado de tentativa, porque el desplazamiento patrimonial consistente en la entrega del premio no tuvo lugar de inmediato sino tras acordarlo el juzgado de instrucción actuante. Se desestima porque hubo engaño bastante típico en la manipulación de la extracción de las bolas del sorteo, que así dirigido dio un resultado distinto del que debía producirse según la normal programación de la partida. El recurrente actuó con ánimo de lucro y perjudicó tanto a la entidad que gestionaba el juego como para los jugadores que lo hacían en otras salas y que también optaban al premio de la misma partida o las que se pudieran desarrollar con posterioridad. Y el cobro final del premio por parte del recurrente descarta el grado imperfecto de ejecución.


Mercantil

Régimen de prescripción de la acción para exigir responsabilidad al transitario por daños causados durante la fase marítima del transporte. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de mayo de 2011
La prestación consistente en acondicionar y sujetar debidamente los voluminosos y pesados objetos dentro de cada contenedor, pese a no haber sido ejecutada por el porteador efectivo, sino, en tierra, antes de cargar las mercancías a bordo del buque y por un tercero subcontratado por la recurrente, no fue independiente, sino accesoria de la del transporte. De ahí que, al ser uno mismo el sujeto contractualmente obligado -la transitaria-, la responsabilidad nacida de una deficiente realización de aquella haya de ser la establecida para el incumplimiento de las obligaciones principales asumidas: la del transportista marítimo -sometida a un particular régimen de caducidad-.

Suministro de combustibles con pacto de exclusiva. Acuerdos entre empresas. Intrascendencia de la calificación como venta o agencia, al haber declarado existente un acuerdo vertical. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de junio de 2011
Estima el TS que aunque el Tribunal de apelación no hubiera mencionado expresamente el artículo 12 del Reglamento 1984/83, a la vista de sus razonamientos, que dio por supuesto que era aplicable al caso su apartado 2 - que establecía que, «no obstante los dispuesto en la letra c) del apartado 1, cuando el acuerdo se refiera a una estación de servicio que el proveedor haya arrendado al revendedor o cuyo usufructo le haya concedido de hecho o de derecho, se le podrán imponer al revendedor las obligaciones de compra exclusiva y las prohibiciones de competencia contempladas en el presente título, durante todo el periodo durante el cual explote efectivamente la estación de servicio«-. El acuerdo litigioso, reunía las condiciones para acogerse a la exención por categorías prevista en el Reglamento 1984/83, pero no para hacerlo a las exigidas por el 2790/99, pues no consta el cumplimiento de la exigida en su artículo 3 y es evidente la ausencia de la prevista en su artículo 5, letra a), tal como es interpretado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de abril de 1999  - según la cual «  el artículo 5, letra a), del Reglamento (CE) nº 2790/1999  [...] exige que el proveedor sea propietario tanto de la estación de servicio que arrienda al revendedor como del terreno sobre el que aquella está construida o que, en el caso de no ser propietario, los arriende a terceros no vinculados con el revendedor» - . En definitiva, el acuerdo litigioso quedó sometido al régimen transitorio sancionado en el artículo 12 del Reglamento (CE) 2790/1999 y, por restarle el uno de enero de dos mil dos un plazo de vigencia de más de cinco años, no puede beneficiarse de la aplicación del repetido Reglamento 2790/1999.


Civil

La falta de ejercicio del derecho potestativo de actualizar la renta por parte del arrendador durante las nueve anualidades anteriores,  no le impide que, cumplido el transcurso de diez años pueda exigir la totalidad del incremento. Tribunal Supremo. Sentencia 12 de mayo de 2011
La actualización de la renta establecida a favor del arrendador y a cargo del arrendatario por la Disposición Transitoria 2ª D. 11, de la Ley de Arrendamientos Urbanos había de consumarse en un plazo de cinco o diez años, según circunstancias previstas en la norma, lo que suponía un beneficio para el arrendatario, que podía gozar de una actualización gradual a partir del primer vencimiento del contrato posterior a la entrada en vigor de la Ley de 1994  , y un derecho potestativo para el arrendador que estaba facultado para incrementar cada año desde esa fecha un 10% más en la renta a percibir hasta llegar al 100% de incremento al décimo año. La falta de ejercicio de ese derecho potestativo por parte del arrendador durante las nueve anualidades anteriores, durante las que no exigió incremento alguno, no le impide que, cumplida la previsión legal el transcurso de diez años- pueda exigir la totalidad del incremento correspondiente. El arrendatario conoció -o debió conocer (artículo 6.1 Código Civil  )- que la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 concedía al arrendador el derecho a incrementar la renta en determinada cuantía y a hacerlo desde el cumplimiento de la primera anualidad del contrato tras la entrada en vigor de la Ley, por lo que desde ese momento debía realizar las previsiones económicas oportunas para poder adaptarse a esta nueva situación, sin que la actuación del arrendador solicitando la actualización íntegra transcurrido el plazo de diez años suponga en forma alguna la aplicación retroactiva de la norma y, sí por el contrario, un beneficio para el arrendatario que, durante los nueve años anteriores, no sufrió el incremento que legalmente podía haberle aplicado el arrendador.

No se considera donación en el caso de la persona integrada en una organización religiosa, que entregaba sus retribuciones y eran cubiertas sus necesidades. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de mayo de 2011
No hay tal donación, como se ha dicho, ni obligación de alimentos, que nunca se contrató, ni puede deducirse de la relación de tantos años. Es un sistema de vida, que no tiene, como dice la sentencia recurrida, «por causa y origen otra cuestión distinta al hecho de la pertenencia de dicha actora a una organización religiosa». Por lo cual, no hay infracción del artículo 153 CC al no aceptarse que al haber mantenido la situación de hecho descrita, se acredite la obligación de alimentos; lo único acreditado es la aceptación por ambas partes de régimen de vida personal, religiosa y económica organizada por una asociación religiosa. La relación entre la actora y la organización religiosa se califica de donación modal, por el hecho de la actora, entregaba las retribuciones y recibía alojamiento, comida y vestido. Pero de ello no se deduce un modo o carga y, más todavía, según lo expuesto anteriormente, no hubo donación, ni por tanto carga o modo. No hay donación que revocar, ni derecho de alimentos legales ni convencionales, ya que nunca se pactaron, ni se puede deducir de un régimen de vida aceptado por la propia demandante. Los hechos, en los que apoya «la calificación como indebida de la negación de alimentos», siendo ciertos, no abonan ni la calificación de una donación, ni la existencia de una obligación de alimentos, cuya negación pudiera ser causa de revocación.


Laboral

No procede el pago de salarios de tramitación por despido declarado improcedente cuando el trabajador se halla en situación de excedencia. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 3 de mayo de 2011
Se plantea ante el Tribunal la interpretación ajustada a Derecho del tema de los salarios de tramitación, en supuestos en los que el despido sea declarado improcedente de un trabajador que se hallaba en el momento de solicitar el reingreso en situación de excedencia voluntaria. Respecto a esta materia, el Tribunal reitera que la indemnización que supone la condena al pago de los salarios de tramitación satisface la privación de salario durante la tramitación de la causa, circunstancia que no concurre cuando el trabajador se hallaba en situación de excedencia, pues en excedencia voluntaria, n se lleva a cabo ninguna prestación efectiva de servicios, ni se ocupa ningún puesto de trabajo en la compañía demandada, ni se recibe de ésta remuneración de clase alguna.

La retribución o salario no es un dato personal ni íntimo susceptible de reserva para salvaguardar el respeto a la intimidad. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 3 de mayo de 2011
La empresa debe facilitar, a los delegados sindicales de la Sección Sindical de U.G.T. de la Federación de Servicios Públicos de Madrid en la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, la información solicitada, en concreto los datos nominales y valores de cálculo del Anexo XV de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 del convenio colectivo de aplicación, así como el listado nominal de todos los trabajadores de ICM, donde figure categoría profesional, nivel económico, antigüedad de la empresa, área de asignación, puesto de estructura y pluses. Argumenta el Tribunal que la retribución o salario no es un dato personal ni íntimo susceptible de reserva para salvaguardar el respeto a la intimidad. Como ya dijo en su sentencia de 19 de febrero de 2009, se trata de un elemento esencial del  contrato de trabajo, de naturaleza contractual, laboral y profesional, no siendo necesario recabar el consentimiento previo del trabajador individual para que los representantes sindicales puedan acceder, en su caso, a dicho dato.


Administrativo

Responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas en el curso de un accidente de circulación sufrido en acto de servicio. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de abril de 2011.
Se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas en el curso de un accidente de circulación sufrido en acto de servicio, toda vez que cuando los hechos ocurren en acto de servicio sin que se haya acreditado un anormal funcionamiento de la Administración producto de un defectuoso funcionamiento de elementos utilizados en la realización de los hechos, los daños derivados de dicho acto resultan carentes del requisito de antijuricidad exigido por la ley para que proceda el reconocimiento de responsabilidad de la Administración. En el supuesto de funcionamiento anormal, el servidor público asume voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber jurídico de soportar, por lo que el daño no resulta antijurídico y la Administración no viene obligada a indemnizarle en concepto de responsabilidad patrimonial, sino exclusivamente con las prestaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación estatutaria.

Deslinde entre términos municipales. Inexistencia de incongruencia. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de marzo de 2011.
Para poder apreciar en una resolución judicial una incongruencia, es necesario que exista una inadecuación entre el fallo o parte dispositiva y el «petitum» o términos en que la parte actora planteó su pretensión; de tal manera, que la congruencia de las sentencias se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, no concediéndoles más de lo pedido, ni menos de lo admitido por el demandado, ni otorgando cosa distinta de lo pedido, ya que sólo se producirá incongruencia cuando las resoluciones judiciales alteren de modo decisivo lo s términos en los que se desarrolle la contienda, sustrayéndolas el verdadero debate contradictorio y produciéndose un fallo o parte dispositiva no adecuado o no ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes. En el caso de autos, la sentencia resolvió todas las cuestiones planteadas en el recurso, por lo que no incurrió en los vicios de incongruencia y falta de motivación, analizando el informe del Instituto Geográfico Nacional que asumió como propio al afirmar que las imprecisiones que se alegaron por la parte actora a aquel informe no se justificaron ya que el informe topográfico que se acompaña con la demanda no da ningún valor al cuaderno de campo, y, esto es así, según se desprende del informe emitido por el Jefe de Servicio de Gestión Forestal respecto del deslinde entre los términos municipales debatidos.

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