edición: 2827 , Jueves, 17 octubre 2019
26/11/2018

Vía libre a Google, Apple o Amazon para que compitan con la banca

ICNR
El Gobierno pone en marcha la segunda edición de la directiva sobre medios de pago, una norma que debió estar aprobada el pasado enero y que implica numerosos cambios en el statu quo del sector financiero.
Según el ministerio de Economía, el objetivo de esta norma es "crear un marco integrado de servicios de pago a nivel europeo y hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en los servicios de pagos, en particular los realizados con tarjeta, internet y móviles, para garantizar la seguridad de las transacciones", dice una nota del departamento.

La nueva norma es taxativa para garantizar la confianza del cliente: “En caso de una operación de pago no autorizada, el proveedor deberá devolver inmediatamente el importe de dicha operación al ordenante”. Si bien, cuando existan indicios de que el cliente ha operado de forma fraudulenta, el proveedor podrá realizar una miniinvestigación.

La actual Ley de Servicios de Pago explicita que el cliente soportará, hasta un máximo de 150 euros, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o sustraído. Este umbral se reduce a 50 euros con la legislación aprobada el viernes pasado.

Los proveedores de pago tendrán la obligación, además, de dar respuesta a las reclamaciones de los clientes en un plazo máximo de 15 días. Es más, en los pagos con tarjeta el usuario deberá autorizar siempre el cargo del importe exacto que debe bloquearse, no como ocurre ahora en las gasolineras de autoservicio, los contratos de alquiler de vehículos o las reservas hoteleras. Se busca proteger más al consumidor cuando este desconoce el importe exacto de la operación en el momento en el que el cliente autoriza el pago.

Los comercios recurren ahora a intermediarios como proveedores de pagos electrónicos. Estos, a su vez, se ponen en contacto con la compañía de la tarjeta, como Visa o Mastercard, que finalmente carga el cobro a una cuenta corriente. 
Con la norma aprobada el consumidor podrá simplemente autorizar al comercio para que ejecute pagos en su nombre a través de su cuenta bancaria. Es decir, el comercio y el banco se comunicarán directamente cuenta a cuenta. Los bancos no podrán ni impedir esta nueva interacción ni cobrar por ella.

Los nuevos interlocutores directos de las entidades financieras serán de dos tipos: los que dan servicios de pago y los que ofrecen información de cuentas. Los primeros, que proporcionan “servicios de iniciación de pagos”, podrán ser desde empresas de telecomunicaciones hasta gigantes de internet como Google, Apple, Facebook o Amazon. También las fintech tienen el campo expedito para dar servicios específicos con menos comisiones para los comercios.

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